DE LA MUERTE AL NOTICIERO

En julio del año pasado, un chico de 17 años murió quemado mientras se incendiaba su celda. La puja entre los organismos de derechos humanos y los medios amarillistas por contar la historia.

En la provincia de Buenos Aires son más de 600 los menores de edad que están en conflicto con la ley penal y tienen diferentes tipos de restricciones a su libertad. Más de la mitad de ellos, unos 350, están alojados en centros cerrados, donde viven. Y a veces mueren.
Ese fue el caso de Lucas Simone, un adolescente de 17 años que falleció víctima de las quemaduras que sufrió en el Instituto de Menores Manuel Rocca, de Floresta. El Estado se hizo presente para encerrarlo, a él, que era huérfano, adicto a la pasta base y vivía en la calle, pero no pudo evitar que, junto con sus compañeros de celda, aprovechara un corte de luz para usar un encendedor –prohibido- para prender fuego los colchones –que deberían haber sido ignífugos- con el objetivo de intentar un escape. No había iluminación de emergencia ni un generador de energía ni matafuegos ni un médico. Una ambulancia del SAME trasladó a Lucas y a otro pibe al hospital Vélez Sársfield. Lucas no sobrevivió.
¿Qué hacen los medios de comunicación con este tipo de casos? ¿Son responsables y tratan a los menores como los sujetos con derechos vulnerados que son? ¿O caen en el amarillismo acusatorio de tildarlos de chorros, en el punitivismo de “la puerta giratoria”? “La verdad es que hay de todo. Cada vez hay más periodistas de medios grandes que trabajan incorporando la perspectiva de derechos. Pero muchas veces las notas están bien, y el título y la bajada, que los ponen los editores, son un desastre”.

La que ensaya esa respuesta es Soledad Vamba, una periodista que trabaja en el área de comunicación de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), el organismo de control de la violencia institucional que funciona en Buenos Aires, presidido por el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. “En el caso de los portales o los medios locales suele haber menos reparos. O copian y pegan o ponen lo que vende sin importarles demasiado –sigue Vamba-. Pero eso también tiene que ver con las condiciones laborales de los periodistas, que quizás están en la redacción 15 horas de corrido y necesitan urgente cerrar las noticias”.

El trabajo de la CPM incluye un Comité Contra la Tortura, que se encarga de inspeccionar los espacios de encierro y elevar informes, y un área de comunicación que difunde algunos de los casos a través de gacetillas y de su propia agencia de noticias, Andar. “Con los menores de edad, son más los hechos que preservamos que los que damos a conocer. En general preferimos difundirlos cuando se está llegando a una instancia judicial avanzada”, dice la comunicadora, que tiene 33 años y está en la CPM desde 2009.
Alcanza con hacer un relevamiento simple para comprobarlo: los casos difundidos por la comisión llegan a los medios gráficos con un tratamiento más responsable. En los medios locales o en las puntocom urgentes, se conforman con replicar sin mayores alteraciones la gacetilla que difunde el organismo. En los dominantes, como Clarín y La Nación, suelen aparecer periodistas que profundizan, investigan y toman más testimonios para contar un hecho y, a veces, desnudar una realidad. No hay que engañarse: son solo honrosas excepciones. La violencia institucional no es tapa de ningún matutino. Pero sí aparece en otros espacios alternativos, como La Pulseada y Cosecha Roja.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, es el organismo del Estado que tiene bajo su órbita a los institutos de encierro de menores, ya sea en el ámbito de la Nación o de la Provincia. Entrar a uno de esos espacios o conseguir estadísticas oficiales es una tarea muy difícil para los periodistas independientes. “Inclusive a nosotros, que somos un órgano de control oficial y que nos los tienen que facilitar por ley, nos cuesta llegar a los datos”, asegura Vamba.
De ese mismo hermetismo da cuenta la abogada Carolina Rodríguez, que trabaja como auxiliar en la Procuración Penitenciaria, inspeccionado penales y otros espacios de encierro. “En muchas ocasiones no nos permiten ingresar a las unidades para ver en qué condiciones se encuentran los detenidos. Y también es poco frecuente que los jueces, que son en realidad garantes de los derechos de esos detenidos, se acerquen a los espacios a ver cómo están”, cuenta Rodríguez.
“La prensa no realiza la cobertura que corresponde”, agrega la abogada. Para ella, la violencia institucional se da por sentada. “Para los medios los presos merecen ser tratados de esa manera. Nunca se realizan investigaciones a fondo de lo que ocurre actualmente en los centros de detención”, observa. Sin embargo, a la hora de relevar las condiciones de alojamiento en las cárceles federales de mayores, por ejemplo, las notas periodísticas son objetivas y aportan datos certeros. “Yo puedo certificar que eso es así y se percibe a simple vista”, agrega.
“Los derechos vulnerados en estos casos son -en primer lugar- el derecho a la vida, el derecho a la salud y a la higiene”, recuerda Rodriguez. El artículo 8 de la Constitución Nacional establece que las cárceles de la Nación deberán ser sanas y limpias, y para seguridad y no castigo de los detenidos en ellas. La muerte de Lucas y el tratamiento que hizo la prensa de su caso a partir de la denuncia de la CPM puso sobre el tapete estas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, fueron escasas las notas publicadas y sólo algunas realizaron una cobertura adecuada, con un marco normativo y relevamiento de fuentes diversas. Clarín y La Nación, que entonces se ocupaban de denunciar al oficialismo, realizaron la más completa.