DESESPERANZA DE VIDA TRANS EN ARGENTINA

La esperanza de vida de la comunidad trans en Argentina llega sólo hasta los 41 años. Sus principales causas de muerte son los homicidios transfóbicos, el abuso policial y el mal uso de la silicona industrial.

Por Sol Lereah (@SolLereah) y Cristian Calavia (@cristiancalavia)

Según el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud en 2014, la esperanza de vida de los argentinos aumentó tres años entre 1990 y 2012. Ésa misma estadística dejó en evidencia que las travestis, transexuales y transgéneros del país sólo alcanzan en promedio los 41 años de edad. En consecuencia, mientras que el promedio de la población en Latinoamérica llega a los 75, la comunidad trans en Argentina vive menos que los habitantes de Sierra Leona, país africano al sur del Sahara que fue asolado por una epidemia de ébola el año pasado y cuya población alcanza en promedio los 46 años de vida.
Entre las principales causas de mortalidad del colectivo trans argentino se encuentran los homicidios transfóbicos, el abuso policial y el mal uso de la silicona industrial. Todas estas problemáticas forman parte de un mismo rompecabezas político, social y cultural que se ve reflejado en la discriminación cotidiana, la mala atención en los hospitales y la falta de oportunidades laborales.
Ariana Cano es asesora jurídica en el INADI, tiene 45 años y forma parte de la comunidad trans argentina. Entre las muchas circunstancias que ha tenido que atravesar en su vida, recuerda cuando se sintió en la obligación de hablar con el personal del Hospital Fernández, en Palermo, porque las recepcionistas llamaban a los pacientes por el nombre que figuraba en su DNI. Muchas travestis que no se identificaban con el género de su documento preferían irse sin ser atendidas, poniendo en riesgo su salud antes que responder al llamado. Vivir y dejar morir, circunstancias cotidianas en las que la discriminación arraigada en la cultura juega un papel determinante.
Según la primera encuesta sobre población trans realizada por el INDEC en 2012, el 85,3 % de las trans femeninas ejerce o ejerció la prostitución. De esa misma estadística se desprende que de 209 transexuales consultadas, 151 buscan otra fuente de ingreso. Esta situación las lleva a no contar con los recursos suficientes a la hora de satisfacer necesidades básicas y prostituirse se vuelve casi la única vía para subsistir. Marcelo Márquez, presidente de la organización por los derechos humanos de personas trans, lesbianas, gays, bisexuales e intersex, Varela Diversa, dijo que cuando empezaron a plantear el problema de las trans en Florencio Varela se dieron cuenta que se trataba de sus propias vecinas. “La chica que sale y se para en la ruta 2 desde las siete de la tarde hasta las siete de la mañana es una compañera que capaz vive a dos cuadras de mi casa y que la guita con la que se prostituyó la noche anterior la usa para mantener a un pariente”, destacó al respecto. También hizo hincapié en cómo se acentúan estas diferencias fuera de Capital Federal. “Florencio Varela está a 24 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires pero el abismo es impresionante en términos de desconocimiento, reconocimiento y de derecho”, planteó y explicó que el gran desafío en toda la zona del conurbano bonaerense es que gays y lesbianas no quieren visibilizarse. “Como activista de la diversidad sexual creo que para los territorios donde la discriminación es tan fuerte que llega al asesinato de las travestis, el mejor activismo es la visibilización”, declaró.
Uno de los primeros acontecimientos de violencia transfóbica en Florencio Varela que tomó conocimiento público fue el de una trans que trabajaba detrás de la estación de trenes. Una madrugada, un hombre quiso abusar de ella y en el forcejeo le clavó un destornillador en el estómago. Unos cartoneros la llevaron al hospital provincial local y las enfermeras y los médicos se empezaron a burlar de la situación. La chica estuvo desde la una de la madrugada hasta las seis sin ser atendida, se enojó y se fue. Al día siguiente, su estado era muy grave y tuvieron que trasladarla a un hospital en Berazategui para que la operaran y que no muriera por las heridas.

Otro caso de abuso policial contra la comunidad trans que se volvió emblemático fue el de Mocha Celis, una travesti tucumana que trabajaba en el barrio porteño de Flores y que un día se enfrentó con un sargento de la comisaría 50ª. “Él estaba ensañado con ella”, dijo a la prensa su compañera Lohana Berkins, y agregó: “Nosotros nos escondimos debajo de un auto porque queríamos ver qué es lo que el tipo le decía y cómo se defendía ella. Esa vez no la llevó detenida, pero antes de irse le gritó que era un puto de mierda y que iba a terminar con tres tiros”. Días después, la Mocha desapareció y su cuerpo fue encontrado en el Hospital Penna. La autopsia reveló que había sido asesinada de tres tiros, pero no se pudo establecer quién la ejecutó debido a que la causa nunca prosperó. Hoy el primer secundario trans de Argentina lleva su nombre porque Mocha no sabía leer ni escribir.

A tres años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, el pasado 29 de mayo el Poder Ejecutivo reglamentó, a través del decreto 903/2015, el acceso integral a la salud de las personas trans. De esta manera, se pondrá en práctica el artículo 11 de dicha ley, que contempla el derecho de todas las personas trans a solicitar el acceso a intervenciones quirúrgicas totales y/o parciales y tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida. El principal objetivo de la reglamentación es reducir la cantidad de personas trans que se someten a intervenciones precarias por falta de recursos económicos y que ponen en riesgo su vida. A través de las redes sociales, la legisladora porteña María Rachid declaró que “con éste decreto ya no hay excusas, las provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deben cumplir con la Ley de Identidad de Género votada por todos los sectores políticos en el Congreso”. A su vez, también destacó que “el decreto constituye un paso fundamental, uno de los pocos pendientes para el completo reconocimiento de todos los derechos en la legislación argentina”.

Por otro lado, Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis Transexuales Argentinas (ATTA) y Secretaria General de la FALGBT, agregó: “La ley de Identidad de Género nos devolvió el derecho a ser ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Sin embargo, aún estaba pendiente la reglamentación de la Atención Integral de la Salud para el colectivo trans, a fin de garantizar este derecho en todo el país. Con el Decreto 903 damos un paso más hacia la igualdad real y ahora nos toca seguir trabajando para que los derechos conquistados tengan plena vigencia en todo el país”.
El próximo proyecto de ley relacionado a la salud de la comunidad trans, impulsado por María Rachid en conjunto con el legislador Daniel Amoroso, es por el diagnóstico, tratamiento, asistencia y rehabilitación de las personas afectadas por los implantes mamarios Poly Implant Prothese (PIP). Estas prótesis están prohibidas en casi todo el mundo y son utilizadas en Argentina en ámbitos médicos precarios a los que apelan personas trans de bajos recursos que buscan adecuar su cuerpo a su identidad de género.