Organizaciones que luchan contra la violencia institucional denuncian un mecanismo sistemático en los juzgados que les prohíbe a los familiares de las víctimas de gatillo fácil querellar.
Por Emiliano Biani y Sebastián Weber
Brian Romero se recuperaba de su adicción a la pasta base. Concurría a una iglesia del barrio Fátima -donde vivía- para poder salir de todos los problemas que le traían las drogas. “Él ya estaba curado, trabajaba en maestranza en Villa del Parque, pero si tomaba un vaso de cerveza, seguro se drogaba”, recuerda Luisa, su abuela. La mañana del seis de marzo, su nieto volvía a su casa en Villa Soldati. Desde un boliche fue a Los Piletones, donde vendían lo que buscaba; pero como no pudo comprar se puso a los gritos. Y la Gendarmería lo empezó a perseguir. Cruzó la autopista Dellepiane y cuando se encontraba a dos cuadras de su casa recibió un disparo por la espalda de Luis Segundo, oficial de la fuerza que debía custodiar el barrio. Luisa acudió a su auxilio, llamó a su hermano y lo cargaron en la camioneta. Para cuando llegaron al Hospital Piñero, Brian ya estaba muerto.
El juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 24 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la causa, le impidió a la abuela de la víctima ser parte de la querella en el juicio. Según ella, el juez argumentó que Brian le disparó al gendarme y este actuó en defensa propia. Con ese razonamiento, consideró que permitir la participación de la familia como querellante sería lo mismo que admitir la participación del oficial de gendarmería como su propia defensa. Luisa dice que no la afectan en la querella por temor a que pueda presentar pruebas que confirmarían que su nieto estuvo en el boliche: “Hay cámaras que muestran que estaba ahí y chicas que dicen que fueron con él”, cuenta Luisa, que está siendo patrocinada por la Coordinadora Contra la Represión Policial (CORREPI). María del Carmen Verdú, abogada de esta organización, profundiza en la gravedad del hecho de no poder querellar en este caso judicial: “Al no poder participar de la causa, no se puede intervenir, ni ver el expediente. Por lo tanto, no permite ejercer ningún tipo de impulso de la causa. En el 90 por ciento de los casos en los que llegamos a juicio contra la violencia del Estado es a partir del impulso que le da la familia a la causa, no por el Poder Judicial”.
En los últimos 6 meses -según CORREPI- esta situación se repite cada vez en más en los juzgados, pero con distintos argumentos. La familia, en todos los casos, no puede presentarse como particular damnificado. El 9 de mayo un oficial de la Policía Federal mató a Damián Orué (16) en el partido de Quilmes. El juzgado de ese partido del sur bonaerense, se expidió en junio y decidió que Esteban, el padre del joven, y Adolfina Acosta Varela, la madre, no podían formar parte de la querella debido a que “podría resultar perjudicial para el trámite del expediente”.
Verdú dice que “siempre han ocurrido estos casos, pero lo notable es la frecuencia con que está ocurriendo y la simultaneidad”. Y agrega que evidentemente hay una orden política de “arriba” porque necesitan “legitimar a la Policía”.
El 24 de septiembre del año pasado, los legistas de CORREPI y agrupaciones de familiares se movilizaron frente a la Cámara de Apelaciones de Morón para pedir justicia por Mauro Rodríguez (23), asesinado en la localidad de Libertad en agosto de 2014, y Pablo Alcorta (17), a quien le dispararon el 18 de mayo de 2013 y terminó muerto en diciembre de ese mismo año. Los dos fueron asesinados por miembros de la Federal y las familias no pudieron acceder a la querella para que se haga justicia. El argumento que pusieron los fiscales y los jueces fue que los efectivos actuaron en “defensa propia”.
Rodrigo Pomares, director del programa de Seguridad Democrática del Centro Provincial para la Memoria (CPM), brinda su opinión sobre la gravedad de este accionar: “Lo que pasa es clasista. La mayoría de los casos de gatillo fácil ocurre con gente de bajos recursos, que vive en barrios precarios. Y esta gente no puede acceder a tener un patrocinio legal para llevar adelante la causa, no puede pagar un abogado privado. Y los jueces niegan la oportunidad de presentarse como particular damnificado”.
Si bien desde el CPM no tienen datos estadísticos sobre casos en los que ocurre, la actividad que preside Pomares está orientada a “generar diagnósticos que permitan impulsar reformas democráticas en el sistema judicial y en las políticas de seguridad”, como lo describe en la página web de la Comisión. Él dice que cuando ocurren este tipo de situaciones, hay una mala interpretación de la ley: “Los jueces con sus decisiones direccionan la investigación, porque si no la familia podría acceder al expediente, participar, apelar resoluciones, sugerir testigos y continuar actividades que el fiscal desistió”.
Micaela Corzo es militante y abogada de la coordinadora. A su hermano Rodrigo lo mató un inspector de la Bonaerense en agosto de 2003, y lo condenaron a 16 años de prisión. Un día después de su pérdida, dos chicos le fueron a robar a la casa. Cuando ella fue a hacer la denuncia, el fiscal pidió quedarse solo en la oficina con Micaela y le explicó cómo era la situación. “A veces la Policía se manda una, y yo tengo que mirar para otro lado”, le dijo. “Todo el Estado está implicado. Los policías ejecutan, los jueces y fiscales legitiman y el poder legislativo no lo regula”, dice ella y argumenta que hay una modalidad de investigar primero a la víctima y ver qué hizo para llegar a esa situación: “El sospechoso para ellos siempre es el muerto. Al considerar que el daño está hecho para otro lado, apuntan a dar vuelta los hechos. Y sí tienen que condenar a alguien, buscan los argumentos para reducir la condena”.
La abuela de Brian Romero sigue esperando una respuesta para poder presentarse como querellante de la causa. Recién después del 8 de agosto de este año, cuando se realizará una audiencia ante la Cámara de Apelaciones, se va a enterar qué es lo que va a suceder. Desde el otro lado del teléfono, con la voz quebrada, dice que desde que ocurrió el hecho tiene bronquitis y anda mal: “Siento que pasa lo mismo que con un perro, que uno se lo encuentra tirado ahí en la vereda y no sabe lo que le pasó. Lo vas a enterrar y ya está. Uno se pregunta qué habrá pasado con el animal. Bueno yo quiero saber lo mismo”.
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