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LA DISPUTA ENTRE LA MEMORIA Y LOS BARRIOS PRIVADOS


Punta Querandí es un lugar arqueológico. Familias de guaraníes, quechuas, criollos y qom lo bautizaron con ese nombre en honor a los antiguos originarios que poblaron la zona norte del Gran Buenos Aires hace más de 2000 años. Para ellos, es un espacio recreativo, arqueológico y educativo. En el lugar no hay construcciones de casas. Hay un quincho donde se aprende y se enseñan sus idiomas, sus músicas, se brindan talleres culturales y se hacen trabajos comunitarios. Los talleres son abiertos y gratuitos. Todos los domingos llevan a cabo sus prácticas: cocina de barro, alfarería, cerámica y cestería. Durante la semana las principales actividades se reparten en la construcción de un vivero y el armado de instrumentos musicales autóctonos como maracas y takuapú.

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El sitio recreativo es para ellos un símbolo de resistencia. Hace años que intentan cuidar el lugar para que no caiga en manos del negocio inmobiliario. Punta Querandí es un espacio de 4 kilómetros por 50 de ancho, rodeado por once barrios náuticos. “Lo que quiere la empresa inmobiliaria Eidico (Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común), es quedarse con nuestra tierra para seguir construyendo barrios privados”, asegura Valentín Palma Callamullo, miembro del Movimiento en Defensa de la Pacha.

El conflicto se originó en 2009 cuando Eidico destruyó los 3 kilómetros del camino de la vía muerta que unía Punta Querandí con Maschwitz y Benavidez, la calle que cerraron bordea el Arroyo Garín. “La empresa ha destruido buena parte de este espacio, loteando y haciendo caminos privados para armar el barrio San Benito”, describe Callamullo.
Hoy el acceso al sitio sagrado es dificultoso a causa de esta medida. Actualmente, los vecinos están incomunicados a raíz del hundimiento del puente del Arroyo Garín. Para llegar se ayudan de una soga de lado a lado del Arroyo Garín y un bote que les facilita cruzar. “Lamentamos el hundimiento del puente, más allá de que afecta nuestra libre circulación, también impide el acceso de muchas escuelas que hoy no se pueden acercar a este lugar sagrado con los chicos, como lo hacían antes, ante el peligro que significa cruzar el arroyo”, manifiesta Callamullo.
En septiembre del año pasado, las organizaciones que luchan desde 2009 por la preservación del lugar lograron un fallo que puso en suspenso a Eidico. Según la Fundación Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y la Fundación Ecosur-Ecología, Cultura y Educación: “El predio objeto de litigio debe ser protegido y preservado por su especial riqueza arqueológica y cultural para evitar la pérdida de patrimonio histórico por sus especies de fauna y flora”. Además, considera que los grandes emprendimientos inmobiliarios instalados sobre el Delta y los humedales continentales de Tigre y Escobar, han avanzado sobre su ecosistema único y rico en biodiversidad y bienes arqueológicos, generando un impacto ambiental negativo. Si bien la empresa desarrolladora presentó los planos de mensura aprobados por la Dirección de Catastro Provincial de la Provincia de Buenos Aires, por lo que el plazo para la escrituración a partir de allí sería de 90 días, se consideró necesario corroborar tales extremos antes de remitir el expediente a la Escribanía General de Gobierno de la Nación para su tratamiento.
El fallo además tomó en cuenta la problemática del acceso al lugar. Todavía no está claro cómo se reemplaza este ingreso, ya que el barrio privado San Benito no cedió la calle perimetral y se cayó un puente sobre el arroyo Garín que nunca se volvió a reparar. “La libre circulación de la población es un derecho constitucional que el Estado debe garantizar conforme surge del art. 14 de la Constitución Nacional”, expresa el miembro del Movimiento en Defensa de la Pacha. Viviana, quien se encarga de la asesoría en la venta de lotes de San Benito, afirma que el cierre de la calle fue aprobado por el Municipio de Tigre y que ellos actuaron de buena ley.
La empresa inmobiliaria aún no pudo escriturar. Si bien sigue teniendo en su poder el boleto de compra-venta, la Justicia considera que no están dadas las condiciones para escriturar, avalando la decisión que tomó la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) en 2010 a partir del reclamo de organizaciones y pueblos originarios.

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La sentencia destaca que no constituye un incumplimiento contractual verificar la posible existencia de bienes que constituirían objeto de protección y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico de acuerdo a la Ley 25.743, circunstancia que justifica recabar toda la información necesaria para adoptar la decisión acorde a la normativa legal vigente.
Al barrio San Benito se accede por Panamericana y cuenta con 280 lotes de entre 900 m2 y 1300 m2. Sus terrenos con vistas al río y la laguna están valuados entre 130 y 220 mil dólares. “Nosotros no tenemos ningún conflicto con Punta Querandí. El Municipio de Tigre nos avala y es quien nos permitió armar los barrios en buena ley beneficiando a los vecinos ante tanta inseguridad”, asevera Viviana.

El reclamo es parte de un conflicto que según el miembro del Movimiento en Defensa de la Pacha, no sólo amenaza a las comunidades sino también al medioambiente: “Cuando levantan la tierra, destruyen los humedales que filtran el agua cuando llueve mucho. Las inundaciones se relacionan con estas obras”. De un lado están los barrios privados con sus casas lujosas y sus puertos privados, del otro la población que se inunda.

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La situación es de incertidumbre. Las amenazas por parte de la empresa inmobiliaria se volvieron cotidianas a partir de que las comunidades no aceptaron negociar ni ceder las tierras. Para Callamullo, Eidico está en complicidad con las autoridades de la provincia: “Dicen que cuidan los espacios, pero los destruyen”.

El reclamo continúa. “No vamos a dar lugar a un negociado. No vamos a permitir el avance de estos desarrolladores inmobiliarios que quieren destruir el patrimonio cultural y sagrado que es Punta Querandí”, finaliza Callamullo.

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