En nuestro país, toda actividad en la que se utilice la sexualidad a cambio de dinero no está registrada como trabajo formal. En el debate polarizado por su regulación resalta una ley ejemplar que brinda derechos y combate la explotación.
Por Vera Ferrari (@unaveraporahi)
La asignatura pendiente del feminismo
A cuatro meses del próximo Encuentro Nacional de Mujeres que tendrá lugar en La Plata, el debate sobre el trabajo sexual y la explotación de los cuerpos sigue generando división. Regulacionistas y abolicionistas todavía no han encontrado un punto en común entre quienes buscan proteger a las personas que deciden ejercer la prostitución y quienes combatir las redes de trata y explotación, respectivamente.
Las que defienden el regulacionismo sostienen que el problema de fondo es el moralismo machista. “Ser puta es un trabajo como cualquier otro. Al feminismo de clase media no le importa que el jefe humille a una piba en la oficina, pero si coje (en referencia a la mujer) por plata dice que es denigrarse”, apuntó Valeria, mujer trans y trabajadora sexual del barrio porteño de Constitución.
En contrapunto, la filósofa feminista Diana Maffía explicó que el debate sobre la prostitución merece una discusión más profunda. “No es una cuestión de moral, sino de cómo entendemos la explotación de los cuerpos y la idea de que pueden ser mercancía. Si el consentimiento puede comprarse, entonces no constituye una elección real”, argumentó Maffía.
Qué legislación rige sobre la prostitución en Argentina
Actualmente, no está criminalizada, mientras no haya trata ni explotación de personas y se ejerza voluntariamente. Sin embargo, Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, sostiene que “tampoco puede considerarse un trabajo ya que no está inscripto como tal”.
Según el Código Penal, la persona que explote económicamente a terceros puede ser reprimida con prisión de cuatro a seis años, aunque medie el consentimiento de la víctima. Así se busca combatir la trata y eliminar la figura del proxeneta, sin penalizar a las prostitutas. Esto diferencia a quienes desean difundir sus servicios sexuales por voluntad propia y aquellos que lucran con la actividad de terceros.
El problema detrás de esta diferenciación es cómo distinguir entre trabajadores sexuales que lo consideran un oficio y explotadores. La Justicia sostiene que si se ejerce en un ámbito privado no es ilegal, pero si se publica como anuncio constituye un delito.
Militantes por la regulación del trabajo sexual y el Estado
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), organización que agrupa a mujeres que reivindican la prostitución como un empleo, pide separar lo que llaman “trabajo sexual” de la trata de personas a través de un registro de habilitaciones y carnet profesional. El borrador de la ley está en proceso de discusión y revisión con otras organizaciones a raíz de la enorme polémica en Argentina al considerar a la prostitución como un trabajo.
Los principales puntos del proyecto son la prohibición de la explotación del trabajo sexual ajeno y la creación de una Comisión Nacional que fiscalice y controle la actividad autónoma o en cooperativas; y la aplicación de aportes previsionales y sociales.
Desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se considera que “la oferta sexual se da en un marco de explotación y/o trata, y que detrás de los anuncios hay una organización, hay un reclutamiento, traslado, violencia física y psicológica”, según apuntan sus informes.
La titular de AMMAR, Georgina Orellano, alegó que “generalmente las chicas que coordinan los turnos y el mantenimiento de los departamentos son falsamente consideradas las proxenetas, pero no lo son”. Según ella, “esto pasa porque el Estado no escucha a las trabajadoras y las quiere convencer de que son víctimas”.
En apoyo, Maria Riot, actriz porno y militante de AMMAR, argumentó que “el problema no es el trabajo sexual, sino las condiciones dadas a las trabajadoras y por esa razón es importante militar por los derechos laborales y brindarle posibilidades reales a quienes ejerciendo el trabajo sexual tuvieron malas experiencias”.
El caso neozelandés
La Ley de Reforma de la Prostitución (LRP) despenalizó el trabajo sexual en 2003, yendo de un enfoque punitivo que perjudicaba a quienes lo ejercían, a uno basado en los derechos que promueven el bienestar, la salud y la seguridad de las trabajadoras. La despenalización significa que la industria del sexo en Nueva Zelanda está controlada por el mismo marco legislativo que regula a todas las demás industrias.
Bajo esta ley, los derechos de las personas que ejercen la prostitución están garantizados a través de la legislación laboral, como cualquier otro trabajo. Además, los controles de salud sexual no son obligatorios, están organizados por la trabajadora individual y son confidenciales.
Los operadores de prostíbulos que dirigen a una o más trabajadoras deben tener un certificado emitido y archivado confidencialmente por un juzgado. De esta manera, las personas nuevas en el trabajo sexual ya no son vulnerables a ser engañadas por eufemismos promovidos por terceros, tales como masajista o acompañante.
La legislación permite a las trabajadoras retirar el consentimiento para proporcionar servicios sexuales en cualquier momento, con sanciones para cualquiera que induzca u obligue a hacerlo.
No hay evidencia significativa de crimen organizado, y el Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda afirma que no hay evidencia de trata, según informaron a la prensa de ese país.
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