A pesar de las reiteradas intimaciones de la justicia porteña, los vecinos del complejo habitacional de Villa Soldati todavía esperan que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de la Vivienda (IVC) realicen las obras de infraestructura necesarias para solucionar las fallas estructurales que presentan los edificios del barrio. Ascensores sin funcionar, tanques de agua con pérdidas que se filtran dentro de los departamentos, falta de gas natural, agua potable, y hasta escaleras y barandas inestables, como la que en septiembre de 2015 se desprendió y provocó la muerte de un joven de 17 años al caer de un sexto piso, están entre los principales reclamos de los vecinos.
El estado de abandono de los edificios es el mayor problema del complejo. Desde 2001, el barrio se encuentra en “emergencia edilicia y ambiental”. Así lo dictaminó la Legislatura porteña mediante la Ley 623, a efectos de que se lleven a cabo las obras de recuperación correspondientes y se garantice su habitabilidad. En el marco de esta norma, los vecinos realizaron en 2010 un primer amparo en el que solicitaron, entre otras cosas, la refacción de ascensores, escaleras y balcones. Si bien se han tenido distintas instancias judiciales, el Gobierno porteño hace caso omiso al respecto, ya que las obras no fueron concluidas.
Desde el IVC aseguran que “existe un plan integral” que incluye “infraestructura de cloacas, provisión de agua, nuevas calles que atraviesan el barrio, una renovación total del espacio público y nuevos ascensores”. Esta propuesta desde hace casi seis meses se encuentra en “etapa de estudio”, y por el momento no se sabe concretamente cuándo se llevará a cabo, de acuerdo a lo que informaron los representantes del instituto en diálogo con ÉTER Digital.
María Eugenia Andicochea, impulsora del amparo de 2010, y vecina de Villa Soldati, contó: “En el primer amparo mandé a hacer cuatro ascensores de los cuales hicieron sólo dos y encima recauchutados. Hay un tanque que desborda y filtra una tonelada de agua dentro de los ascensores que ellos mismos hicieron. La Justicia no hace control de las obras, y por eso lo que hicieron no sirve. Gastan una millonada de plata en cosas que no tienen sentido y no son capaces de poner un techo, ni de terminar lo que empezaron”.
Aquel amparo fue el aviso de lo que iba a suceder cinco años después. “A la muerte de Cristian Crespo en 2015, se le suma que es un barrio donde hay vandalismo, inseguridad, falta de luz. Los problemas son muchos y la gente está furiosa”, agregó Andicochea.
El complejo, ubicado en el perímetro delimitado por las avenidas Lacarra y Roca, y las calles Rodrigo de Triana y Mariano Acosta, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, fue construido en un predio de 19 hectáreas en 1979, y consta de 3.201 viviendas. Allí viven hoy más de 20 mil personas que se ven afectadas por la ausencia de políticas públicas que les garanticen su seguridad y una mejor calidad de vida.
Este año el Ministerio Público de la Defensa porteño impulsó una nueva medida cautelar y consiguió un fallo favorable del juez Francisco Ferrer en un amparo colectivo que insta al Gobierno a presentar un plan de trabajo y financiamiento para cumplir con la ley. La respuesta del IVC fue mediante un expediente en el que aseguran que “tienen licitaciones en curso”. Sin embargo, los vecinos afirman que no se cumplió con el plazo establecido, que el deterioro ambiental permanece vigente y que las vidas continúan en peligro.
“Hay más de una intimación al gobierno, hubo muchas. El gobierno las apela a todas. En vez de allanarse a la sentencia y cumplirla, lo que hace es presentar chicanas procesales todo el tiempo para evitar cumplir la condena. Una condena que ya tienen y que está firme. Hubo muchas intimaciones a cumplir”, aseguró una de las abogadas del amparo.
Por otro lado, el IVC, como entidad responsable de los departamentos, es quien debería organizar los consorcios o hacerse cargo de las expensas. Algo que en la mayoría de los edificios no pasa. Para desligarse de esto y de todo tipo de responsabilidad, en abril de este año anunciaron la escrituración de más de 250 viviendas del complejo, en el marco del programa “Mi propiedad”. Un programa que, según la web institucional, tiene como objetivo “regularizar la tenencia formal de los habitantes de conjuntos urbanos sociales” para “otorgar una escritura” a quienes demuestren ser propietarios de la vivienda que habitan.
Al respecto, Andicochea explicó: “Las escrituras las tendrían que haber hecho en el año ’79, cuando se creó el complejo. Lo hacen ahora para sacarse de encima un problema, pero no se lo van a sacar, porque hay una ley que dice que el IVC tiene que hacerse cargo de esto. Es un problema de emergencia”.
Y agregó: “Cuando muere Cristian, (el jefe de gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta sale por televisión diciendo que habían hecho ascensores nuevos, que habían hecho obras, que ellos hacen hacen y hacen. Y es todo mentira, él cae por apoyarse en una baranda rota. Y en el medio del dolor escuchar a este hombre decir esas cosas, te genera una indignación tremenda”.
A pesar de lo conmocionado que se mostró en los medios el jefe de Gobierno porteño a pocas horas de aquel accidente, pasan los años, cambian los jueces, y el conglomerado de monoblocks de Villa Soldati continúa con un deterioro estructural que arrastra hace décadas. Los vecinos, mientras, conviven diariamente con una situación de peligro constante, donde cada momento puede derivar en un accidente fatal, y donde la incertidumbre protagoniza la rutina de cada uno de ellos.
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