MI CARA NO ES DELITO


La Plaza de los dos Congresos se convirtió en la plaza de las dos carpas. En el marco del cuarto aniversario del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, organizaciones de derechos humanos, trabajadores y víctimas se reunieron bajo una misma consigna: “Cada derecho se conquista en la calle”.

Por Emiliano Biani y Sebastián Weber

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Una obra de teatro llamada “Los pibes de la esquina”, basada en el caso de violencia de Sebastián Bordón, interpretada por jóvenes de la Juventud Peronista de Morón, fue la que dio el inició a la charla en la carpa que se levantó al lado de la Avenida Rivadavia. Allí, un cartel indicaba sobre qué se hablaba: “Los trabajadores y el derecho a la protesta”. Al costado de la Avenida Hipólito Yrigoyen, la segunda carpa, donde se podía leer la leyenda: “Las organizaciones populares ante la criminalización de la protesta”. Colgada de las paredes blancas, una bandera colorida pedía por la libertad de Milagro Sala, detenida el 16 de enero de este año.
Desde hace cuatro años se realizan encuentros el ocho de mayo, luego de que se aprobara la Ley 26.811 que estableció esta fecha como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional por “la masacre de Budge”. En 1987, ese día, suboficiales de la bonaerense asesinaron a tres jóvenes de entre 19 y 26 años, convirtiéndose en uno de los casos de gatillo fácil más resonantes de la historia argentina. Esta ley fue impulsada, entre otros, por el diputado del Frente Para la Victoria Leonardo Grosso, quien estuvo presente en el evento y manifestó la importancia de la campaña: “Este año es distinto por el contexto político y por las medidas que está adoptando el nuevo gobierno”.
En lo que va de su mandato la gestión macrista tomó decisiones respecto a las formas de movilización. En febrero de este año, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aprobó un protocolo “anti piquetes” para garantizar la circulación de los transeúntes frente a una protesta. “Si no se van en cinco minutos, actúa la policía”, había dicho la flamante ministra. Muchas organizaciones salieron al cruce y argumentaron que esta medida criminalizaba la protesta, uno de los lemas de la concentración frente al Congreso.

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Esta disposición ministerial proponía que la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo, desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada. Pepe Mateos, el fotógrafo de la llamada “masacre de Avellaneda” donde murieron Darío Kosteki y Maximiliano Santillán, señaló la gravedad de esa medida: “¿Qué hubiese pasado si hubiera sido aplicado ese día? Es importante mostrar la imagen y la verdad para crear consciencia y memoria”. En su momento, este punto también fue cuestionado por El Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
“Hoy se hace más pertinente que nunca el tema de la violencia institucional, cuando hay un gobierno que comenzó su gestión con dos hechos relevantes: la detención de Sala y la implementación del protocolo represivo”, dijo Melina Ons, socióloga de la organización Seamos Libres, frente a las personas que se iban acumulando. Ons habló sobre el derecho a la protesta y declaró que “es la única herramienta para hacerse visible cuando existen derechos vulnerados”.
En los alrededores de la plaza había tiendas y mesas que ofrecían información acerca de los casos y datos sobre la violencia ejercida desde el Estado. Y también puestos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en los que se ofrecían cueros, lanas, remeras, comida. Gabriela Olguín, referente de los trabajadores de la vía pública, también tuvo su lugar en unas de las charlas y remarcó la importancia de este día para ellos: “Nosotros somos lo más palpable de los que se quedan afuera, porque estamos en la calle. Y a cada lugar que vamos, tenemos un conflicto de violencia institucional. Por eso, aunque nuestra lucha sea marginal, está es una excusa para que la organización surja”.
Adentro del edificio donde sesionan diputados y senadores, se daba un taller para familiares y víctimas de la violencia. Afuera, apartados de donde se concentraba la mayoría de la gente, un grupo de raperos cantaba e improvisaba para que cesen los casos de gatillo fácil. En una de las banderas que hacía las veces de tienda, bajo la que cantaban, estaba escrito: “Mi cara, mi ropa y mi barrio, no son un delito”.

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