El año pasado se reactivó el debate sobre el mal llamado “piropo” o acoso callejero a raíz de una situación de acoso que vivió la joven Aixa Rizzo por parte de operarios de EDENOR. A partir del hecho, tres proyectos de ley fueron presentados para penalizar esta práctica cotidiana y naturalizada del machismo, con el objetivo de atacar una de las distintas formas de violencia de género que existen en nuestra sociedad.
Por Juan Ignacio Tumini
El acoso callejero constituye la forma de violencia de género más visible. Silbidos, señas, exhibición de genitales y acorralamiento son algunas de las formas que adquiere esta agresión sufrida a diario por las mujeres en la vía pública. Es justamente esta cotidianeidad la que ha generado que dicha práctica sea tomada como algo natural o hasta incluso como una actitud halagadora hacia ellas bajo la forma del “piropo”.
“El hecho de que las mujeres tengamos que vivir un acoso constante cuando caminamos por la calle responde a los roles que tenemos asignados ambos sexos en esta sociedad. Para el hombre, la calle, la vía pública; y para las mujeres, el hogar. Cuando la mujer irrumpe en el espacio público se produce una reconfiguración en la forma de relacionarnos”, explica Raquel Vivanco, coordinadora nacional del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa). Es en ese entonces donde surge el acoso callejero, como una forma más en la cual se manifiesta la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. “Que para tener que evitarlo, las medidas tengan que partir de las propias mujeres habla de una ausencia, muy grave, del Estado”, concluyó.
Un episodio de violencia sufrido por Aixa Rizzo fue el puntapié para que este tema vuelva a ganar lugar en la agenda política. Al salir de su casa el año pasado, operarios de EDENOR, que se encontraban trabajando en una obra en frente de la casa de la joven, la acosaron con silbidos y gritos. “Y a esta, ¿a dónde la llevamos?”, escuchó Aixa mientras aceleraba el paso, ya que varios de esos trabajadores empezaron a seguirla, intimidándola, diciéndole si no quería ir con ellos y acorralándola cada vez más. Al llegar a la esquina, la joven sacó un gas pimienta para defenderse, roció a sus acosadores y volvió a refugiarse en su casa.
Esa fue la base sobre la cual se apoyaron los distintos legisladores para elaborar proyectos que buscan penalizar esta práctica. Los mandatarios porteños Gabriela Alegre y Pablo Ferreyra, del Frente para la Victoria, y la diputada nacional Victoria Dónda, del movimiento Libres del Sur, presentaron en la Legislatura porteña y en el Congreso Nacional, respectivamente, proyectos que buscan castigar y prevenir el acoso callejero. “El Estado tiene el deber de contribuir a la sensibilización y concientización sobre una práctica que genera en sus víctimas miedo, humillación y ofensa”, explica la legisladora Alegre, cuyo proyecto, a diferencia de los otros dos, plantea la necesidad que la Policía Metropolitana elabore un protocolo de actuación para evitar que en las comisarías se desestimen las denuncias hechas por víctimas de acoso callejero. Alegre subrayó también que ya existe una figura en el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posibilita sancionar esta práctica, que es la de “hostigamiento, maltrato e intimidación”, tipificada en el artículo 52, por lo que la propuesta consiste en agravar la pena establecida con dos a diez días de trabajo de utilidad pública, multa de 400 a 2000 pesos o dos a 10 días de arresto, cuando la conducta tenga connotación sexual explícita.
Acorde a un estudio realizado por la Universidad Abierta Interamericana (UAI) para su programa de Opinión Pública, a un 72,4% de las mujeres, desconocidos les gritaron o silbaron en el último tiempo (se toma como máximo un plazo de tres meses), de las cuales 76,2% manifestó no haber reaccionado, principalmente por miedo. Estos datos evidencian lo extendido del problema y develan una realidad profundamente desigual para las mujeres, que no cuentan con herramientas para evitar este tipo de situaciones.
Por su parte, el proyecto de Victoria Dónda propone incluir el artículo 129 bis al Código Penal estableciendo multas que van desde los $100 a $7.000 para aquellas personas que incurran en el acoso callejero, que según el proyecto presentado en la Cámara de Diputados es “toda conducta u acción, física o verbal, con connotación sexual y no deseada, realizada por una o más personas en contra de toda mujer o persona que se autoperciba como mujer, llevada adelante en lugares o espacios públicos, o de acceso público, que de manera directa o indirecta afecten y/o perturben su vida, dignidad, libertad, integridad física y/o psicológica y/o el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación y/o un ambiente ofensivo en los espacios públicos, siempre y cuando no configure un delito más severamente penado”.
El dinero recaudado se donaría al Consejo de la Mujer, órgano estatal encargado de la aplicación de la ley, y se utilizaría para realizar distintas campañas de concientización. A su vez, el proyecto propone la inclusión en la currícula escolar de materias que busquen tratar el tema y la difusión en lugares públicos y no públicos del artículo que fija las multas. Esto da cuenta no sólo del carácter punitivo de la ley para quienes incurran en esta agresión, sino también del fuerte signo de prevención que tiene la misma, apuntando a informar y concientizar a la sociedad desde los más básicos niveles de formación. Finalmente, en el proyecto se establece que desde el 12 al 18 de abril de cada año se realice la “Semana Nacional contra el Acoso Sexual Callejero”, siguiendo con la idea de promover el debate en los distintos ámbitos de la sociedad civil. “La erradicación del acoso callejero no depende de una legislación sino de un profundo cambio cultural, donde deje de ser naturalizada la violencia hacia las mujeres que constituye esta práctica y la humillación y violencia que trae aparejada, pero desde nuestro espacio consideramos que la tipificación de esta conducta es un punto de partida en este sentido”, subrayo Dónda.
Por último, el proyecto del legislador Pablo Ferreyra va en el mismo sentido, tanto punitivo como concientizador, de atacar el acoso callejero, y establece una serie de conductas en las cuales puede expresarse el acoso callejero como miradas lascivas, silbidos, besos, bocinazos, jadeos, gestos obscenos, comentarios sexuales, fotografías y grabaciones no consentidas a partes íntimas, persecución y arrinconamiento, entre otras, a la vez que estipula la instalación en las estaciones de subte y premetro de “cartelería y publicidad en donde se señale que las conductas de acoso sexual se encuentran prohibidas y serán objeto de denuncia y sanción”.
Si bien los proyectos fueron presentados el año pasado y no han prosperado, en la Ciudad de Buenos Aires se ha consensuado un proyecto entre los presentados anteriormente en la Legislatura, que actualmente se debate en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. De aprobarse, Capital Federal contaría con una legislación de avanzada, siendo Argentina el segundo país de la región en sancionar esta práctica después de Perú.
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