RÍO TERCERO: 25 AÑOS DE ESPERA


El 3 de noviembre es el aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar de Armamentos de Río Tercero y todavía hay más de 9 mil personas a la espera de una indemnización por daños morales y psicológicos. 

Por Micaela Graziano

A las 8.55 de la mañana del 3 de noviembre de 1995, Emilio Ostera, supervisor de la Fábrica Militar de Armamentos de la ciudad cordobesa de Río Tercero, alertó a los gritos sobre un incendio en la planta de carga de la fábrica. Cuando intentaba apagarlo, se produjo la primera explosión. La onda expansiva lo arrojó a 80 metros de donde se encontraba, según surge del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Córdoba. Ese día siete personas murieron y más de trescientas resultaron heridas. 25 años después aún hay nueve mil personas que esperan indemnizaciones del Estado Nacional por daños morales y psicológicos.

El día de las explosiones, Leticia Abadalo tenía 40 años. Mercedes Nuñez tenía 34. María José Ferreyra, 19. Todas estaban en sus casas. Mercedes y María José estaban embarazadas de ocho meses.

La demanda se planteó por daños morales y por daños psíquicos. “El daño moral es la afección espiritual que sufre una persona. Es un daño que no tiene visibilidad, que tiene que ver con los sentimientos de la persona, que a partir de un suceso traumático ve afectada la normalidad de su existencia”, explica Mario Ponce, el abogado que lleva la causa desde el año 95 y agrega que, entonces, se hizo una pericia psicológica determinando la existencia de una incapacidad psíquica sobreviniente en un número importante de personas.

Mercedes estaba en su casa junto a su padre y sus dos hijos cuando los vidrios explotaron. Desesperada, empezó a correr junto con su familia, alejándose de la fábrica. “Correr el campo arado en medio de las esquirlas y embarazada no fue fácil. Eso es lo que me llevó a hacer el reclamo. Nadie quería hacerse cargo de lo nuestro”, cuenta y recuerda que mucha gente intentaba cruzar a pie el río, para resguardarse. Cuando las explosiones pasaron, Mercedes estuvo durante más de un mes entre la casa de sus suegros y el hospital, donde fue internada varias veces para controlar su embarazo. Dice que decidió involucrarse en la lucha por las indemnizaciones por bronca: “Bronca por ver tanta muerte, tanta gente herida. Todo el mundo se lavó las manos. Cada vez que viene otra elección, viene otro gobierno que dice que va a pagar”.

Ponce llegó a Río Tercero el 6 de noviembre, tres días después de las explosiones, enviado por ATE. Se rumoreaba que iban a culpabilizar por los hechos a los empleados de la fábrica y llegó para brindarles asesoramiento. Se dio cuenta de que no se habían contemplado los daños morales y psicológicos y que muchas personas, por fuera del gremio, se acercaban a consultarle cómo podían actuar para defender sus derechos. Comenzaron a organizarse y en 1997 fundaron la Comisión de Damnificados de Río Tercero, que funciona hasta hoy y se ocupa de centralizar todos los trámites para lograr el cobro de las indemnizaciones. “No hubo una cobertura ni una atención por parte del Estado. Incluso, en lugares públicos se les decía que no necesitaban ningún tipo de asistencia psicológica, que el miedo y esa perturbación psíquica iba a desaparecer en poco tiempo”, comenta.

“Por cuenta nuestra nos evacuamos, no hubo nadie que nos salvara. Cada uno salió con su familia, era todo un desastre. El que iba a buscar a los niños al colegio no los encontraba”, recuerda Leticia, que ese día estaba en su casa junto a sus padres. Su sobrina, iba a la escuela a la tarde por lo que al momento de la explosión estaba en su casa. Ella, su hermana y su cuñado los pasaron a buscar para evacuarse. Subieron a sus dos perros al auto y salieron los seis para el lado de Tancacha, una localidad ubicada a 16 kilómetros de Río Tercero. Habían pensado en ir a Embalse, donde finalmente se evacuaron durante tres días, pero tenían miedo de que explotara la central nuclear que se encuentra en esa ciudad. “Si pasaba algo en la central, Embalse, Tancacha era lo mismo, porque abarca 280 kilómetros si llega a explotar”, reflexiona.

“Siempre se olvida que hubo dos explosiones, el 3 y el 24 de noviembre. El 3 de noviembre fue más grave desde el punto de vista de los daños materiales. Pero desde el punto de vista psicológico y moral, fue más grave e hizo más daño la del 24”, sostiene Ponce y agrega que entre ambas fechas se llevó adelante toda una campaña para tranquilizar a los vecinos y se les aseguró que había sido un accidente, que no iba a volver a repetirse.

Cuando el 24 explotó de nuevo la fábrica, producto de la negligencia de quienes recolectaron los explosivos de la primera explosión, Leticia decidió no evacuar. Su mamá, quien inició el reclamo que ahora ella continúa como heredera, después de que su madre falleciera en 2003, quedó con graves secuelas psicológicas. “Le agarró una depresión muy fuerte. La tuve internada ocho días en una clínica, con suero y curas de sueño”, cuenta. Recuerda que, durante tres meses, tuvo preparado un bolso con ropa en la puerta de su casa por si tenía que salir corriendo otra vez. “Toda la gente quedó mal. Hasta ahora pasan los bomberos y todos salimos a ver lo que está pasando”, dice Leticia y cuenta que cobrar el dinero sería una satisfacción: “Por toda la gente mayor, por mi madre que murió esperando un resarcimiento, por todo lo que se sufrió”.

El 24, a María José, le cayó un mortero a pocos metros de distancia y un vecino la tuvo que sacar de su casa para salvarla. Se subió a un auto y se fue a Los Potreros, un pueblo ubicado a pocos kilómetros de ahí. Cuando llegó, junto con muchas otras personas que habían huido, se metió en un local para resguardarse. “Era tanto el miedo de morirse que la gente no tuvo problema de recibirnos y darnos asilo para que nosotros nos tranquilizáramos y estuviéramos a salvo”, dice y recuerda que se quedó ahí hasta la madrugada siguiente, cuando empezó con contracciones y los bomberos tuvieron que llevarla hasta el hospital de Río Tercero donde tuvo a su hija, Ana Laura, que en noviembre cumple 25 años, un mes antes de lo previsto.

Más de 10 mil personas iniciaron el reclamo en 1995. Con los años, muchos fallecieron y otros se mudaron y perdieron contacto con la comisión. Hoy hay 9 mil personas con juicios iniciados, que tienen posibilidad de ser indemnizadas. Desde el inicio, Mario Ponce planteó la necesidad de que las causas no se dispersaran, como suele ocurrir con los reclamos colectivos, para llegar a buen puerto. “Existía en determinados momentos y en determinados gobiernos la disposición para eliminar el juicio y hacernos imposible la tarea. El poder, cuando te quiere destruir, tiene todas las herramientas. Nosotros hemos cortado rutas, hemos marchado por todo el país. Siempre hemos sustentado el trabajo jurídico con la movilización”, sostiene.

En 2015 gracias a las manifestaciones lograron que se tratara y sancionara en el Congreso Nacional una ley indemnizatoria. Solo faltaba que se reglamente, para continuar con los trámites. “El gobierno anterior no la quiso reglamentar, hubo que interponerle una acción de amparo. Recién logramos eso en 2018”, recuerda Ponce. Hoy, los certificados que acreditan el trámite y que fueron presentados a lo largo del 2019, se encuentran en el Ministerio de Defensa esperando a ser controlados para pasar, primero a la SIGEN y después al Ministerio de Economía, para finalmente ser cobrados. De acuerdo con el abogado cada persona debería cobrar, como mínimo, unos 200 mil pesos.

“Yo sé que no me va a alcanzar, pero pienso en tener un pedacito de tierra y hacerme una casita para dejar de pagar alquiler, quiero invertir para tener un techo y que sea mío”, dice María José y agrega que lo quiere para que su hijo, que tiene nueve años, pueda tener un lugar donde vivir en el futuro. Mercedes la quiere para arreglar su casa, la misma en la que pasó las explosiones y que a pesar de haber sido arreglada después de que una bomba cayera en la cocina, todavía necesita algunas reparaciones. También espera que sus hijos reciban el dinero para poder invertirlo en algún emprendimiento.  Leticia todavía no tiene decidido qué va a hacer con la plata y Ponce, el abogado, espera el cobro porque se comprometió a ceder parte de sus honorarios para crear un fondo solidario y abrir una empresa social que pueda generar fuentes de trabajo en Río Tercero.

Todas las semanas, la comisión se reúne. Desde que empezó la pandemia lo hacen a través de Zoom y en vivos de Facebook donde dialogan con el ministro de defensa, Agustín Rossi. “Rossi fue uno de los diputados que impulsó la sanción de la Ley. Yo he tenido comunicación con el Ministerio de Defensa y me ha asegurado que en estos próximos días van a dar a aprobar los certificados para que se liberen los pagos”, asegura Ponce.

Después de las explosiones muchas personas abandonaron Río Tercero. Es el caso de María José, que hoy vive en Merlo, San Luís: “Acá [en Merlo] no hay fábrica, no hay nada, pero vos escuchás un avión, unos ruidos raros, y uno ya queda traumado. Es revivirlo cada 3 de noviembre y pensar todo lo que pasó, porque a uno no se le borra”, afirma. 

Menem irá a juicio

Después de 25 años de las explosiones de Río Tercero, el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, fijó fecha para el juicio oral, donde el expresidente Carlos Menem será el único imputado. Las audiencias públicas comenzarán el 24 de febrero de 2021.

En el año 2014 cuatro militares, directivos de la Fábrica de Armamentos, fueron condenados por las explosiones. Menem, representado entonces y hasta hoy por Rodolfo Daer, fue excluido de la causa por la justicia cordobesa por falta de mérito. La decisión fue apelada en 2018, revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal y devuelta al Juzgado Federal de Río Cuarto donde el juez, Carlos Ochoa, volvió a procesar y elevar a juicio al expresidente.

Es la continuación de la causa iniciada por Ana Gritti, esposa de Hoder Dalmaso, una de las siete víctimas mortales de las explosiones y única querellante penal del caso. En la causa se determinó que las explosiones habían sido intencionales y programadas para ocultar un faltante de armas producto de operaciones de contrabando, presuntamente hacia Ecuador y Croacia. Gritti falleció en 2011 y sus dos hijas continúan hasta hoy con la causa, representadas por Ricardo Monner Sanz, Aukha Barbero y Horacio Viqueira.

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