Mariana Gómez fue violentada y detenida por besar a su mujer. La discriminación y lesbofobia fue visible tanto en la policía como en funcionarios del Poder Judicial. En 2021 la absolvieron de los falsos cargos.
Casi cuatro años después absolvieron a Mariana Gómez que había sido detenida el 2 de octubre de 2017 en Constitución por besar a su esposa y condenada por resistencia a la autoridad. La policía de la Ciudad la discriminó por lesbiana, la agredió y la trató de “Che pibe”.
Mariana y su esposa, Rocío Girat, se despedían con besos y abrazos en el domo del subte C antes de que cada una continúe el rumbo hacía su trabajo. Un empleado de Metrovías les marcó que no podían fumar en ese sector mientras que otros pasajeros también lo hacían, solo a ellas les llamó la atención. Más tarde, el policía Jonatan Maximiliano Rojo le dijo a Mariana: “Che, pibe, apaga el cigarrillo”. Ella, le contestó que terminaba de fumar y se iba, pero el oficial la frenó con el brazo y apoyando la mano en su pecho le ordenó: “Quedate acá que vas a ser detenido. Tu amiga se puede ir”.
Rojas llamó a una policía mujer que inmovilizó a Mariana mientras él la esposaba. Gritos de Rocío que pedía que no la lastimen, la voz entrecortada de Mariana que suplicaba: “no puedo respirar, me ahogo” mientras una rodilla del oficial Rojas apretaba su espalda y los flashes de los celulares de pasajeros fueron parte del episodio que empezó al mediodía y duró tres horas.
La policía descreyó que Mariana y Rocío eran un matrimonio. Les pidieron la libreta de casamiento que, en general, es un documento que no se lleva en la mochila, pero las jóvenes la tenían. Esa tarde Mariana fue trasladada a la estación policial de la Línea E en Boedo donde la obligaron a desnudarse en el calabozo. Recién a las 21 horas fue liberada.
El pasado 7 de abril de este año la Sala II de la Cámara de Casación Penal integrada por los jueces Horacio Leonardo Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin, revocó un fallo de primera instancia que había sido dictado por la jueza Marta Yungano en junio de 2019. El fallo condenaba a Mariana a un año de prisión en suspenso. Los jueces absolvieron los cargos refiriéndose a los hechos como un acto de discriminación.
La jueza Marta Yungano que presidió aquel 28 de junio de 2019 el Tribunal Oral N.º 26, condenó a Mariana por resistencia a la autoridad y por lesiones leves agravadas por tratarse de personal policial. Casualmente, esa fecha conmemora el día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. El dictamen de la jueza opacó el simbolismo del día y demostró que integrantes del Poder Judicial no aplican la perspectiva de género en sus sentencias.
La abogada Sandra Lencina, integrante de Abofem Argentina (Asociación de Abogadas Feministas) cuyo compromiso social es promover un enfoque del derecho con perspectiva de género, sostuvo que la jueza Marta Yungano reprodujo la misma discriminación contra Mariana que el empleado de Metrovías y el policía Rojas. La sentencia tomó como verdad absoluta los dichos del oficial porque no se admite cuestionar a la autoridad y dejó de lado las declaraciones de los testigos que no avalaban los dichos de Rojas.
Argentina tiene compromisos internacionales al formar parte del tratado de Derechos Humanos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En 2009 se sancionó la Ley N.º 26.485 de protección integral para las mujeres y en 2019, la Ley Micaela (N.º 27499) que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Sin embargo, la abogada Lencina menciona que existen antecedentes de la Corte Suprema negándose a capacitarse en la materia y agregó: “Yungano es la imagen viva del patriarcado enquistado en la Justicia argentina, que violenta derechos y garantías fundamentales de las mujeres”.
Una lesbiana visible tiene mayores dificultades para conseguir un trabajo formal y desde el fallo de Marta Yungano, la situación empeoró para Mariana por tener antecedentes penales. A partir de la absolución, decidió que va a continuar con la denuncia por violencia institucional contra los policías que la discriminaron y atacaron, y también evalúa accionar contra los funcionarios del Poder Judicial por una falsa denuncia penal que padeció casi cuatro años.
La abogada Lencina agregó sobre los hechos que las fuerzas de seguridad intentaron enmascarar una situación de abuso de autoridad y discriminación inventando una supuesta resistencia de Mariana. “Ni siquiera debería haber sido imputada. Es un claro caso de discriminación y lesbofobia”. Con la sentencia de Casación cayó el falso argumento de la policía porque nadie está obligado a acatar una orden ilegítima de la autoridad.
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