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El drama de ser trans en la Ruta 8: balazos, proxenetas y abuso policial


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Mientras todos duermen, mujeres trans y travestis salen a las esquinas de esta ruta nacional a ejercer la prostitución, la única salida que les ofrece este sistema para poder subsistir. Esto no les será nada barato. La transfobia reinante del lugar las amenazará.


“Paren de matarnos, cobrarnos coimas y hacer negocios con nosotras ¿Cuáles son las vidas que importan?”, enfatizó una trabajadora sexual trans mientras cortaba, acompañada por una multitud, el cruce de la Ruta Nacional n°8 y Avenida Márquez el pasado 21 de octubre del año pasado. Su colega Brenda, una migrante paraguaya de su misma identidad de género, había sido prendida fuego allí por su proxeneta. En el lugar de los hechos todavía estaban sus zapatillas calcinadas y sus prendas manchadas de sangre.

Esa protesta demostró que las prostitutas trans y travestis son el blanco perfecto para los crímenes de odio. Cuando se apagan las luces de las parrillas, casas de repuestos y fábricas ubicadas a lo largo del corredor de la Ruta 8 que hay entre Del Viso y José León Suárez, la transfobia hace su aparición y no dejará tranquila a ninguna trans que ejerza la prostitución allí. Cuenta con el apoyo del Estado, su policía y los proxenetas.

“No sabía si me iban a secuestrar”

Hace siete años, Ivana Maciel trabajaba como bachera, pero por su condición sexual fue despedida. “No encontraba trabajo. Me decían que era muy ’afeminado’. No me quedó opción que agarrar la calle”, recuerda. 

Desde ese entonces, se la puede encontrar en los alrededores de la estación General Lemos del Ferrocarril Urquiza, en el cruce de las rutas 8 y 202. Gracias al trabajo sexual, pudo costear su transición a la persona que es hoy en día. Sin embargo, tuvo que pagar un precio: “Una vez me pusieron un arma en la cabeza, también me amenazaron con un cuchillo en la garganta y hasta llegaron a tirarme de un auto andando”

Su caso no es aislado. A sus amigas, las cuales también ejercen la prostitución en San Miguel, han sido ahorcadas, arrastradas por la calle o les han disparado. Ante la consulta para este medio de cuáles son los riesgos que corre, enfatizó: “Me pueden matar o violar”.

Agustina Quaranta, directora del medio digital Urbana Trans y trabajadora sexual trans en Europa, vivió situaciones extremas cuando trabajaba en esa zona cercana a Campo de Mayo: “Una vez, me tuve que tirar de un auto porque me iban a robar. Me subió un cliente y había alguien atrás. Empecé a gritar y tuve que salir por la ventana. Una amiga me socorrió. No sabía si me iban a secuestrar”.

Las agresiones a las trans se extienden a las otras “zonas rojas” de la Ruta 8 y pueden llegar a transfemicidios. Entre la ruta 26 y la calle Mar del Plata (Del Viso), una mujer trans de 34 años fue atacada a balazos el pasado 8 de junio del 2021 cuando un cliente se negó a pagarle por sus servicios. El año pasado, Mónica fue levantada en el cruce de Ruta 8 con la avenida Márquez y fue asesinada con un corte en el cuello. Sus compañeras se enteraron un mes después de su muerte.

Balazos mal curados

Los crímenes de odio al colectivo trans y travesti en la Ruta 8 vienen desarrollándose desde hace tiempo. La agrupación “Putos Peronistas” lanzó un comunicado en enero del 2012 sobre la precariedad en las que se encontraban trabajadoras sexuales travestis y trans de San Martín. Cuando esta organización junto al Movimiento LGBT sanmartinense se acercaron a entregarles preservativos y folletería de prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), se encontraron con una travesti que “mostró sus heridas y tenía decenas de balazos mal curados en sus piernas”. 

“En los pies y en las manos, en ese preciso momento, había sangre fresca, de lastimaduras que recientemente se había hecho”, agrega el comunicado que supone que esas heridas fueron producto de que se habría tirado de un auto en movimiento al ver que su cliente ejercía violencia contra ella. 

El comunicado argumentó que las heridas de las trans y travestis pueden surgir “cuando no les quieren pagar por sus servicios o, simplemente, cuando son metidas en los autos por pura maldad y transfobia”. Además, aclaraba que “son muchos los casos en que grupos de jóvenes les arrojan piedras por diversión o también son frecuentes las caídas suyas propias, ya que el alcohol y las drogas les hacen perder el equilibrio”.

Los guardianes de la transfobia

La transfobia cuenta con la mejor aliada para criminalizar y estigmatizar a las trabajadoras sexuales trans: la Policía Bonaerense. “Los oficiales se burlan de nosotras y no nos toman en serio. Nos pueden estar matando en la esquina y no hacen nada. Cuando hacemos las denuncias nos hacen esperar”, comenta Ivana ante la consulta de cómo intervienen las fuerzas de seguridad en la zona roja de San Miguel.

Maciel agrega que los agentes policiales “son los primeros en aparecer cuando necesitan plata”. El modus operandi de las fuerzas de seguridad consiste en pedir coimas a las trabajadoras sexuales y a sus clientes. Aunque se las den, las van a hostigar. “Nos intimidan, amenazan y golpean. Cuando sucede alguna situación de violencia contra nosotras, son parte o miran para otro lado”, dice el comunicado de El Teje de San Martín que circuló para convocar a la concentración contra el intento de transfemicidio de Brenda.

En una entrevista para La Izquierda Diario, Keli, quien ejerce la prostitución en Del Viso, relató que el 22 de agosto del 2022, al volver a su casa junto a su amiga, fue alcanzada por un patrullero y la oficial que estaba en el móvil la insultó a esta última diciéndole que “era un tipo”.

“Yo les dije que paren, pero entonces la policía se puso a pegarle a la compañera, le sacó la peluca, le rompió el teléfono y la detuvieron. Después la llevaron para la revisión médica, volvieron a la comisaría, la ‘verduguearon’ y luego la maltrataron”, cuenta.

“Si no pagaba, me iba a matar” 

Ivana Maciel está contenta porque, desde hace unos años, no sufre el acoso de los proxenetas. Ella puede trabajar de manera independiente y no debe entregarle a nadie parte de sus ganancias. Sin embargo, años atrás, tuvo que pagarle todas las noches a “una capataz” que pasaba con su auto a pedirle dinero, como así también debió soportar a “maricas que querían dinero para la merca y cerveza”.

Ella sostiene que la zona roja sanmiguelina está libre de proxenetismo, pero sus compañeras de Del Viso y José León Suarez no tuvieron la misma suerte. En el caso de la localidad pilarense, trabajadoras sexuales denunciaron a Marco Ismael “El Gitano” Villafañe explotación económica. El “fiolo” las obligaba a pagarle a cambio de una supuesta protección, pero en los hechos las perseguía y violentaba. 

Villafañe fue denunciado por haber golpeado, violado y mutilado a trabajadoras sexuales. “Exigía que le siguiera pagando. Si no pagaba, me iba a matar. Siempre tenía un revólver calibre 38 o una faca de campo”, relató para La Nación una de sus víctimas. “El Gitano” regentó mujeres y disidencias entre el 2018 y el 2022, año en que fue sentenciado a ocho años y medio de prisión por su actividad.

En la zona roja de Avenida Márquez y Ruta 8, los proxenetas actúan con total impunidad. Fue un proxeneta quien prendió fuego a Brenda, la migrante trans paraguaya comentada al principio de esta nota. Paola Acevedo, coordinadora y referente de la organización El Teje de San Martín, comentó para la Agencia Presentes que él ya había intentado “cortar a compañeras” y que, previo al crimen de Brenda, le había pegado “a una compañera trans, Marimar, para sacarla de su esquina”

Vidas que no importan

Ante la consulta para este medio sobre cuáles son los factores sociales del transodio y travesticidios, la doctora en Comunicación, Claudia Vásquez Haro, apunta a “las prácticas reproducidas por un sistema patriarcal y heteronormativo donde persiste la idea de que las vidas de las travestis no valen nada”. Para ella, el Estado y una parte de la población son los responsables de esta situación.

Por un lado, la falta de políticas públicas dejó a las travestis y trans en condiciones de extrema vulnerabilidad y, por el otro, “un gran sector de la sociedad civil” que, avalando estos discursos de orden, “no ha problematizado la situación de exclusión que vivimos por culpa de los discursos que normalizan que el destino de una travesti o trans sea la prostitución”.

Ante la violencia y discriminación hacia las travestis, la presidenta de Otrans Argentina demanda no solo el cumplimiento pleno de las políticas de inclusión laboral travesti y trans, sino también que el Estado reconozca “el genocidio travesti y trans que, a través de los códigos de faltas han perseguido, torturado y matado a travestis y trans”. También exige políticas de reparación para que “Estado se haga responsable de lo que ha cometido” y que no se vuelvan a repetir los daños que han permitido que las vidas de los miembros de su comunidad sean precarias. 

Resistir

La vulneración de derechos, la discriminación y la violencia hacia las mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros) que ejercen la prostitución en la Ruta 8 ha permitido a estas últimas generar espacios de resistencia en defensa de sus vidas. Ante la persecución policial, el acoso de los proxenetas y la falta de leyes que beneficien a las disidencias sexuales, ellas son conscientes que se tienen la una con la otra.

“Cuando una compañera sufre transfobia, actuamos rápidamente y nos juntamos entre todas. La llevamos al hospital y juntamos dinero. Si a alguna compañera le pasa algo feo, tratamos de ser unidas”, comenta Ivana.

Si alguna sufre al extremo las consecuencias de este sistema que las invisibiliza todos los días, salen a las calles. A los días siguientes del intento de transfemicidio de Brenda, las trans de Avenida Márquez y Ruta 8 salieron a protestar con sus carteles que decían “Estamos en peligro” y “El Estado es responsable”. 

En el marco de un próximo gobierno de ultraderecha, las trabajadoras sexuales trans y travestis tienen el desafío de redoblar su organización contra los crímenes de odio y hacer notar, hoy más que nunca, que sus vidas sí valen.

La odisea de ser trans en los 90: la historia de una sobreviviente

A fines de 1999, Agustina Quaranta, periodista y trabajadora sexual en Europa, era una adolescente sin hogar. Sus padres la habían echado de su casa en San Fernando por una sola razón, salir del closet y comenzar su transición hacia quien es hoy en día. Para poder subsistir, el fin de milenio le ofreció una sola cosa: prostituirse. 

De Moreno a San Miguel, de Capital Federal a Francisco Solano, Agustina recorrió todas las zonas rojas de ese entonces y conoció la cara nocturna de la transfobia. “En la avenida Gaona me tuve que tirar de un auto en movimiento porque el cliente me había sacado un arma. Fue una cosa espantosa. Toda raspada, tuve que caminar más de 30 cuadras hasta llegar al lugar donde estaban mis amigas para que pudieran socorrerme”, recuerda la actual directora del medio digital Urbana Trans. 

El transodio que sufría no sólo provenía de los clientes, sino también de la Policía. El  artículo n°68 del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires estipulaba hasta 30 días de prisión a “la prostituta o el homosexual que se ofreciere públicamente, dando ocasión de escándalo o molestando o produjese escándalo en la casa que habitase”. 

Con los patrulleros rondando siempre, Agustina debía acceder a los chantajes de los guardianes de la ley para no perder su libertad: “Debíamos soportar las coimas de la Policía, las cuales a veces eran económicas o favores sexuales. Abusaban de nuestro cuerpo. Tenías que hacer un servicio sexual para que no te llevarán presa. Eras violada y no te quedaba otra”. 

Para transitar esos tragos amargos de la discriminación y violencia, se apoyó en tres amigas: Dalma, Bety y Daiana. Todas ellas vivían en un cuarto que era tan pequeño que la mayoría dormía en el suelo. El piso de esa habitación era tan áspero como la guardia del hospital que se negaba a atenderlas cuando una era violentada y tan fría como las celdas de las comisarías a las cuales llevaban comida para sus amigas detenidas “por vestirse como mujeres”.

La transfobia aparecía también de día. Ninguna podía salir sola a la calle. “Cuando salíamos a la calle,  teníamos mucha agresión social. Nos gritaban de todo: ‘Puto’, ‘trava’, ‘maricón’. Nos peleábamos con grupos de chicos y chicas que nos agredían por ser trans. Era tan fuerte la violencia social en lo cotidiano”, menciona Quaranta

Las adolescentes trans Bety, Daiana, Dalma y Agustina tuvieron que dejar, en palabras de Quaranta, de  “jugar a maquillarnos y hacernos dos colitas para ir a bailar a la discoteca” para “afrontar que una compañera podía terminar en un hospital o caer presa y debíamos hacernos cargo de eso”. No quedaba otra que “crecer”. Con nostalgia, la periodista afirma que tuvieron que unirse y ser solidarias entre ellas porque la sociedad solo las quería “pisotear”.


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