Entrevista a Gustavo Alejandro López, actual director regional del Patronato de Liberados Bonaerense.
Funcionario público y militante de los derechos humanos, con un fuerte interés en las temáticas con perspectiva de género y salud mental. Así se presenta Gustavo Alejandro López, actual director regional del Patronato de Liberados Bonaerense, quien con anterioridad ha desempeñado durante dieciséis años tareas dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en pos de promover los derechos humanos dentro del ámbito carcelario y fuera de él.
En la Secretaría de DDHH, creada por Jorge Taiana, se encargaba de tomar las urgencias y denuncias de las personas privadas de su libertad. En un comienzo la Institución no iba al territorio, a las Unidades Penitenciarias, sino que tomaban las denuncias mediante líneas 0-800. “Esto cambió”, afirma Gustavo, “cuando Remo Carlotto estuvo al frente de la Secretaría, porque ésta se abrió al Territorio”. Incluso, agrega, cambió la perspectiva del trabajo: “La Secretaría comenzó a vincularse con Organizaciones Sociales y a comenzar a recorrer todas las Unidades Penitenciarias”.
“Hacíamos visitas a las unidades, entonces no sólo tomábamos la denuncia dentro del ámbito carcelario, sino también algunos teníamos la libertad de hasta empezar a involucrarnos con el ámbito carcelario y presentar proyectos”, amplía el también abogado de la Universidad de Buenos Aires.
Manifiesta también que su propia perspectiva con respecto a su profesión cambió: “Siempre fui una persona a la que le preocupó mucho y le interesó el ámbito carcelario, las condiciones de vida. Entonces empecé a hacer algunas investigaciones. Empecé a investigar las personas con problemas de salud mental, que por momentos tenían medidas de seguridad más largas que la pena, porque nunca le llegan a dictarla”.
Además, comparte que se interesó por las mujeres privadas de la libertad y sus hijos. Entonces, realizó un informe sobre ellas desde una perspectiva de género. “Empecé a intervenir en las huelgas de hambre que había, como mediador o negociador a veces. Me involucré diferente”, recuerda.
Al profundizar sobre las huelgas de hambre, comenta que eran ocasionadas por la sobrepoblación carcelaria desarrollada por “la falta de libertades que deberían dictar los jueces en torno a los beneficios” de la llamada Ley de Ejecución: libertad asistida, salidas transitorias y la libertad condicional.
“La pena es progresiva. Vos vas cambiando de régimen y, además, podés tener libertades antes del cumplimiento de la pena por los conceptos y la conducta”, explica. Es de relevancia comprender que la densidad poblacional carcelaria está en crecimiento exponencial, y sobrepasa en un 45% las capacidades del servicio penitenciario, por eso es tan importante que se cumplimenten los beneficios de la Ley 24.660.
“Generalmente los informes del servicio eran restrictivos y los jueces se sentían vinculados por esos informes, entonces el cuestionamiento era que un juez no puede renunciar a resolver a favor de una persona. No puede aceptar como obligatorio un informe del poder ejecutivo”, agrega Gustavo. Además del hacinamiento, las huelgas también se producían por las condiciones de detención: pabellones sucios, escasez de alimentos y acceso a los derechos de salud y educación.
Gustavo recuerda con emociones encontradas una huelga en la que intervino en el año 2007, donde 14 mil personas privadas de su libertad alzaron sus voces para reclamar por mejores condiciones de vida. Comenta que él participó con mayor fervor en la huelga de las cárceles de mujeres de la localidad de Los Hornos, la número 8 y la número 33.
Las mujeres siguieron incluso cuando el resto de las penitenciarias habían levantado el reclamo y les pedían que ellas también lo hagan. Pero se resistieron y continuaron con el reclamo.
Lo que pasaba es que en Los Hornos las condiciones variaban, cuenta Gustavo. Ellas tenían un reclamo con perspectiva de género, porque “contemplaban otro panorama”. “Reclamaban por ginecólogos ya que era un derecho básico para la población, teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de mujeres embarazadas y madres que conviven allí dentro con sus hijos menores de cinco años. Es por eso por lo que los reclamos también incluían la atención del cuidado y acceso a la salud de los menores de edad, como así también los arrestos domiciliarios para las madres con hijos y causas menores”, explica.
Entonces lo que reclamaban era una reforma de la Ley de Ejecución y esto ocasionó un gran conflicto interno, lo que produjo que la huelga general se extienda en estas unidades penitenciarias por 28 días más.
Gustavo relata el anecdótico evento comentando que iban algunos abogados y ellas los echaban porque les iban a pedir que levanten la huelga. Las mujeres estaban cansadas de que vayan y les digan todos lo mismo, eso es lo que le dijeron a Gustavo con vehemencia cuando fue a hacerse cargo de la situación. “Entonces les dije: ‘Yo no las jodo a ustedes y ustedes no me joden a mí. Yo me voy y ustedes búsquense a quien quieran’. Me levanto para irme, pero las mujeres me detienen. Me acuerdo de que eran cinco pibas de cinco pabellones diferentes. ‘Pará, pará, pará, vamos a conversar del tema’, me dijeron”, recuerda.
“La huelga de hambre, en las cárceles, siempre funciona como método de queja al indirecto problema de la sobrepoblación”, explica Gustavo López, exsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Al terminar la huelga, les preguntó por qué lo aceptaron. “Porque fuiste el único que nos tumbereaste. Cuando dijiste que te ibas vimos que tenías actitud para defender el reclamo”, comparte recreando lo que le dijeron.
Cuenta con orgullo que logró coordinar una mesa con el jefe del Servicio Penitenciario de ese entonces, Fernando Díaz, sus asesores, algunos abogados y estas mujeres protagonistas, donde se lograron acordar pautas y un acuerdo que obtuvo como resultado el levantamiento de la huelga.
Fue a raíz de este acontecimiento que se establecieron canales de comunicación más dialoguistas entre los cargos directivos y las mujeres privadas de su libertad. Uno de los logros fue la modificación del sistema de salud dentro del contexto de encierro.
Con posterioridad se modificó la Ley de Ejecución Penal, dando como beneficio el arresto domiciliario a personas mayores de 70 años, mujeres embarazadas, madres con hijos menores de cinco años y personas con discapacidad.
En este momento resulta relevante ilustrar qué significa que la población carcelaria crezca exponencialmente, porque es una condición que se naturaliza socialmente, pero implica un deterioro dentro del servicio penitenciario y actualmente se ve con mayor impronta.
Si hay mayor número de personas privadas de su libertad, los profesionales tienen mayor cantidad de personas que atender, los y las psicólogas terminan sobrepasadas, así como también los y las trabajadoras sociales.
También se refleja en conflictos habitacionales, porque en celdas donde había dos plazas comienzan a haber cuatro; la calidad de la comida empieza a empeorar, o la comida a escasear, como fue el caso de la huelga de hambre del 2019, porque la gestión anterior no pagó a los proveedores encargados de los alimentos, y en contexto de hacinamiento los recursos escasean. Es decir, la huelga de hambre siempre funciona como método de queja al indirecto problema de la sobrepoblación.
“Hasta el día de hoy sigue la sobrepoblación en las cárceles. Hasta el día en que los procesos económicos no generen mayor inclusión social, difícilmente baje la tasa de prisionización”, concluye Gustavo, actual director regional de Patronato Liberados Bonaerense.
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