Es el único barrio de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene espacio verde. El proyecto presentado por un grupo vecinal plantea la expropiación de cuatro predios abandonados.
La Dirección General de Antropología Urbana presentó el jueves 22 de junio un anteproyecto para que los vecinos de Villa Santa Rita participen del diseño de la plaza que nunca tuvieron y que finalmente se construirá en la Avenida Álvarez Jonte 3222. Los residentes del barrio coinciden en que el parque tiene que contar con “un área de juegos para niños, bancos con respaldo para la gente mayor, árboles frondosos” y, por supuesto, “verde real”.
El barrio de la Comuna 11 es el único de la Ciudad de Buenos Aires que no cuenta con una plaza o espacio verde para el esparcimiento. Luego de 44 años de reclamos, asambleas y presión vecinal, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley para la creación de un parque y, en simultáneo, el grupo barrial “Una Plaza para Villa Santa Rita” volvió a presentar otra propuesta que pide la expropiación de cuatro terrenos baldíos de la zona para transformarlos en áreas verdes.
Guillermina Bruschi, vecina del barrio, contó acerca de cómo iniciaron el reclamo que hoy se está haciendo escuchar: “El pedido en sí comenzó hace décadas. Fueron generaciones de vecinos pidiendo una plaza. La primera vez fue en el terreno donde estaba la fábrica de cigarrillos Particulares que quedaba en el otro límite del barrio, en las calles Condarco y Alejandro Magariños Cervantes”.
Durante los 80, aquel lote abarcaba la manzana entera y estaba a la venta. Sobre ese mismo terreno se realizó el primer reclamo que hicieron los vecinos de Santa Rita pero no prosperó. La tierra que mencionó Bruschi se vendió y allí construyeron unas torres. “Esa fue la única posibilidad, para el barrio, de tener una plaza que ocupara toda la manzana”, lamentó.
Guillermina Bruschi, vecina del barrio, contó acerca de cómo iniciaron el reclamo que hoy se está haciendo escuchar: “El pedido en sí comenzó hace décadas. Fueron generaciones de vecinos pidiendo una plaza. La primera vez fue en el terreno donde estaba la fábrica de cigarrillos Particulares que quedaba en el otro límite del barrio, en las calles Condarco y Alejandro Magariños Cervantes”.
Durante los 80, aquel lote abarcaba la manzana entera y estaba a la venta. Sobre ese mismo terreno se realizó el primer reclamo que hicieron los vecinos de Santa Rita pero no prosperó. La tierra que mencionó Bruschi se vendió y allí construyeron unas torres. “Esa fue la única posibilidad, para el barrio, de tener una plaza que ocupara toda la manzana”, lamentó.
En 2010 comenzó otro reclamo sobre el lote que está a la venta en la Avenida Álvarez Jonte. Los vecinos del pasaje Guillermo Enrique Granville detuvieron la construcción de un edificio ya que las excavaciones perjudicaban a las viviendas linderas. Esa calle cortada a la que también se la conoce como “La puñalada” es una de las más antiguas del barrio.
Los vecinos se movilizaron. Lograron que se detenga la obra y consiguieron la Ley 4.026 de Pasajes (2011). Exigieron entonces una plaza en esa parcela, pero el reclamo fue perdiendo fuerza al igual que los vecinos.
Diez años más tarde, Carolina Maccione, miembro de la Junta Comunal 11, presentó un proyecto para que ese mismo lote se convierta en una plaza. Esto sirvió como un nuevo impulso para el reclamo vecinal. Además, a fines de ese año, hubo un pedido de la agrupación “Vecinos Unidos”, el cual buscaba que el proyecto se trate en la Legislatura, y por ese motivo, distintos vecinos del barrio se agruparon en lo que hoy es “Una Plaza para Villa Santa Rita”.
“En medio de ese contexto hubo algunos intentos de proyectos. Hasta una escuela presentó alguien en la Legislatura… De a poco, en plena pandemia, el reclamo tomó más fuerza”, recuerda Burschi. Finalmente, el jueves 23 de marzo, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votó de manera unánime, con 55 votos afirmativos, por la “expropiación del inmueble sito en Avenida Álvarez Jonte N° 3.222/3.224/3.232, con destino a la creación de un espacio verde de uso público, acceso libre y gratuito”, según dice el Expediente 3213-J-2022, de autoría del Jefe de Gobierno.
Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y titular del Observatorio del Derecho de la Ciudad, se refirió a los proyectos anteriores que fueron omitidos: “Los proyectos previos no se trataron porque el Gobierno de Cambiemos tenía una filosofía de que el Estado no debía expropiar la propiedad privada. Pero, en el caso del terreno de Ávarez Jonte, a la Ciudad no le quedó otra alternativa que hacerlo”.
Según el también especialista en derechos humanos y urbanismo es “la primera vez en la historia de este Gobierno que se realiza una expropiación para destinarla a una plaza”. Los espacios verdes son áreas de gran importancia para las zonas urbanas ya que funcionan como lugares de esparcimiento, bienestar y recreación para sus habitantes. También tienen un papel fundamental como reguladores del equilibrio ambiental.
Según cifras oficiales del último registro del Gobierno de la Ciudad realizado en el año pasado, en 2019 se relevaron 3.647 espacios verdes que ocupan una superficie total de 2.063 hectáreas, lo que representa 6,7 metros cuadrados de espacio verde por cada habitante. Sin embargo, los registros por comuna exponen que el Gobierno porteño toma como espacios verdes desde “plazoletas, plazas y parques hasta veredones y canteros”.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha tenido una política coherente en el impulso de la creación de espacios verdes. Vemos que hay un gran marketing verde cuando incrementan los espacios de una plaza, pero no reconocen la cantidad de terrenos que esta misma gestión ha vendido y privatizado o zonas que deberían ser parques y funcionar como un paseo, o negocios como bares o patios de comida”, sostuvo el abogado.
“El Plan Urbano Ambiental es la ley madre de la planificación de la ciudad. Su finalidad es el derecho, la democratización y la mejora de la calidad de vida para la ciudadanía”, detalló Baldiviezo. Sin embargo, agregó: “No se respeta la ley, por eso ahora nos encontramos en una crisis ambiental, urbanística y habitacional”.
La Ley 2.930, que contiene la actualización del Plan Urbano Ambiental, normativa de la que habla el especialista, incorpora en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible algunos ejes vinculados a la integración socio urbana, la equidad de género, el cambio climático, la digitalización y la implementación de políticas que encuadren sus efectos. Al respecto de esto, resulta clave considerar la sostenibilidad y la calidad ambiental para garantizar el bienestar de todos los vecinos, privilegiando la movilidad peatonal y el uso de transporte público.
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