El paradigma de drogas está cambiando: frente a las políticas prohibicionistas y la estigmatización, profesionales, organizaciones y usuarios de sustancias militan por una nueva normativa sobre drogas con perspectiva de derechos humanos y salud pública.
Desde su sanción en 1989, la Ley 23.737 de drogas niega las realidades de consumo de sustancias, criminaliza a los usuarios y no ofrece alternativas a la prohibición y abstención. En ese contexto, las estrategias de reducción de daños impulsadas por asociaciones y movimientos autogestivos suplen la ausencia del Estado ante la falta de políticas con perspectiva de salud pública y derechos humanos.
Las propuestas actuales son variadas e intentan adaptarse a las necesidades, preferencias y territorios en los que se mueven las personas que consumen drogas. Desde Toxibot, un bot de WhatsApp que se agenda como contacto y con el que se puede interactuar desde el celular, hasta intervenciones en fiestas con testeos de sustancias; todas son creadas por usuarios para usuarios con “el fin de informar, cuidar la salud, generar conciencia y desestigmatizar”, según explica Pablo Ferreyra, ex legislador porteño y co-creador de la herramienta virtual.
‘Toxi’ tiene información sobre las principales drogas que se usan en Argentina aportada por las Asociaciones de Reducción de Daño (ARDA) y ConSumo Cuidado, sus efectos, consejos de posología y cantidades recomendadas, interacciones entre sí y peligrosidad asociada, entre otros datos relevantes. Además, incluye una agenda de nocturnidad, playlists curadas por djs invitados y ofrece una tabla que permite medir el nivel de hidratación en base al color de la orina.
Ferreyra cuenta que el comando más utilizado es “InfoDrogas” y la búsqueda de pastillas que usa la base de datos del conocido foro Argenpills donde ya hay más de 40 mil usuarios que comparten contenido y reseñan las muestras de éxtasis. Los primeros relevamientos arrojaban que son entre 70 y 80 consultas diarias y, actualmente, promedian las 120; aunque también tuvieron picos de 700 personas por las fiestas de fin de año.
En un escenario de ausencia de investigaciones y estadísticas sobre el tema, éste bot se vuelve una necesaria herramienta para contabilizar y generar datos. “Al no haber testeos legales, si diez usuarios coinciden en que una pastilla les pegó mal, otros consumidores tienen esa data para decidir qué hacer. Si hubiera una política de drogas a nivel estatal, se podría difundir masivamente si hay una partida que está en alerta o adulterada”, dice el creador de ‘Toxibot’.
Por otra parte, desde principios de los 2000 que los promotores con sus stands están presentes en la escena nocturna, principalmente en fiestas electrónicas. La apuesta vuelve nuevamente a la autogestión. Cada vez son más las organizaciones como ARDA o PAF! (Proyecto de Atención en Fiestas) que trabajan para producir y participar de eventos culturales. Allí, brindan información y orientan sobre consumos, reparten agua, fruta y materiales de prevención, acompañan al público y articulan con otros actores como los artistas, las productoras, el personal de seguridad y el equipo médico presente.
Aunque, la propuesta que más llama la atención, tiene que ver con los testeos de sustancias: uno de los que circulan en Argentina se denominan Test de Marquis. Éstos funcionan con reactivos colorimétricos, es decir, químicos que toman determinado color al entrar en contacto con otros y, a partir de una pequeña muestra, permiten identificar si las pastillas y/o cristales tienen la sustancia deseada, -por lo general MDMA, mejor conocida como éxtasis-. Además, el Test puede orientar sobre la existencia de otras sustancias no esperadas.
Países con legislaciones que no criminalizan la herramienta, como España y Colombia, desarrollan dispositivos que también analizan su composición y pureza. “Hace poco, un pibe vino con dos pastillas de MDMA y no reaccionaban al Test. Lo que supusimos es que tenían catinona -un estimulante que produce euforia-, sustancia que le suelen ponen ahora. ¿Qué consejo le das a esa persona? Primero, no tomarlas; y, si toma, que sea con cuidados, más espaciado, ya que va a tardar más en hacer efecto si tienen poco de MDMA”, explican desde ARDA.
En el mismo sentido, agregan: “Nosotros damos la base científica de información con perspectiva de salud y la persona después hace lo que quiere con la información. Siempre agradecen mucho”.
En mayo del corriente año se aprobó una la Ley 15.439 que establece la obligatoriedad de la provisión libre y gratuita de agua en bares y boliches bonaerenses. En ese sentido, Ferreyra señala que corresponde a “la falta responsabilidad empresarial, ya que pocas veces se piensa en incluir cualquier tipo de servicio con este enfoque, desde los puestos de hidratación hasta los testeos”. “Si hubiera un involucramiento, entregarían cartelería o, mismo en las cuentas de Instagram de las fiestas, difundierían información sobre la reducción de daños, mejoraría bastante”, reflexiona.
“Las consecuencias de las legislaciones actuales en Argentina son alejarse de los problemas que tienen que ver con las sustancias, desconocerlo y generar un marco en donde las poblaciones más marginadas sufren más que otras, como la población trans”, refiere Marcos Aramburu, comunicador sobre reducción de daños en Gelatina y Vice; además de autor de Las Ceremonias, un libro de crónicas sobre personas que usan drogas.
Cómo son las políticas de reducción de daños en la Provincia de Buenos Aires
La investigación “La historia de rubí: cuando la ‘guerra a las drogas’ impacta de lleno en la población trans” del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diciembre de 2021, pone de manifiesto que, en la Provincia de Buenos Aires, el 39% de la población de mujeres trans se encontraba privada de la libertad por delitos menores de drogas, y el 73% de ellas estaba presas sin condena.
De esta manera, exponen que la criminalización de delitos menores de drogas solo funciona como una herramienta para la persecución policial de colectivos específicos como las personas trans, y que la intervención judicial refuerza la vulneración de sus derechos.
Ya son conocidos los casos de cocaína adulterada en Puerta 8, barrio de Churruca, y las muertes que generaron y siguen produciendo las pastillas adulteradas en consumidores. La misma situación se repite: la noticia llega a los medios, es tomada por la discusión pública y cierto sector de la política desde una lógica de sentido común y prevalecen las posturas morales por sobre los datos y la evidencia científica.
“Como es un sector muy estigmatizado mueren 20 personas y no le importa a nadie. Lamentablemente, el costo político es muy alto cuando hay que hablar de estos temas, sobre todo con el argumento de la apología a la droga, una figura legal de la ley actual”, dice Ferreyra.
En cuanto a las herramientas para abordar estas discusiones, Aramburu destaca dar a conocer las experiencias exitosas de modelos de reducción de daños en otros países. En este sentido, se refirió al descenso de cifras de adicciones en países como Países Bajos, Canadá o Portugal; y, además, empezar a mostrar comparativamente los daños más altos que produce el alcohol siendo legal. “Las discusiones sobre lo se considere bien o mal no le incumben al Estado ni deberían importar a la hora de legislar sobre la vida de otros”, señala el comunicador.
De acuerdo al análisis estadístico “Jóvenes, consumo de sustancias y mortalidad por accidentes de tránsito” realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en mayo de 2021, el 25,1% de los conductores de accidentes viales atendidos en las guardias reconocen haber consumido alcohol en las horas previas al siniestro. De este porcentaje, el 3% reconoce consumo de marihuana y el 2% el consumo de cocaína.
“El alcohol es la sustancia psicoactiva más presente entre las y los jóvenes y el inicio se da a edades cada vez más tempranas en la provincia de Buenos Aires”, explica el informe.
De la misma manera, la investigación “¿Qué droga es más dañiña?” en 2023 hecha por la ONG chilena Reduciendo Daño compara los porcentajes del riesgo asociado a distintas sustancias y posiciona al alcohol en primer lugar. Esta sustancia sería la más peligrosa en cuanto a riesgo de muerte, dependencia, daños generales y asociados, entre otras variables. En segundo lugar está la pasta base; en tercer lugar, la metanfetamina; y, luego, la cocaína.
Investigación de ONG chilena Reduciendo Daño
“Hay que pensarlo como un nuevo derecho a adquirir. La realidad es que falta un montón, todavía se mueve muy marginalmente el tema. La tarea es militante”, enfatiza el creador de ‘Toxibot’. Ferreyra considera que “hay que romper el tabú” para que las personas puedan “expresar abiertamente que consume de manera eventual drogas, sin que eso signifique que nadie sea drogadicto o tenga un consumo problemático”.
Para comunicarte con Toxibot podés agendar +1 (425) 600-9456 como número de contacto en WhatsApp o realizarlo a través de este link.
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