Es martes a las cuatro de la tarde y Juana Raffo, de 18 años, no está pensando en la prueba de mañana ni en el entrenamiento que tiene en el club. Tiene los ojos fijos en la pantalla de su celular, deslizando el dedo sobre una planilla de Excel que ella misma armó. Clasifica nombres, analiza quiénes cumplieron años esta semana, separa a los clientes antiguos de los nuevos y responde mensajes de WhatsApp con un tono simpático. En su habitación, el teléfono no para de vibrar. El sábado a la noche parece todavía lejano, pero para la forma de trabajar de los boliches, el turno laboral de Juana ya empezó.

“Entré por primera vez a un boliche como ‘pública’ a los 16. Tenía una conocida que veía que subía flyers a Instagram, y me daba mucha curiosidad. Yo también quería trabajar de eso. Un día voy y le pregunto, le digo que me quería sumar, y me dice: ‘Bueno, dale, arrancás pero trabajando para mí’. Y de ahí arranqué pero sin experiencia, nadie me explicaba bien lo que tenía que hacer”, cuenta Juana Raffo, quien hoy maneja las relaciones públicas de Singapur, boliche ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires. 

La escena muestra lo que viven los adolescentes que se dedican a esta profesión hoy en día, el living de sus casas o sus habitaciones se convierten en una oficina. A través de sus redes sociales personales los jóvenes deben asumir el papel de llenar los boliches cada noche; mostrando una vida social activa, generando contenido diario en sus historias y construyendo una presencia digital constante.

Las mesas VIP y los sectores de acceso ultra exclusivo son la nueva fórmula para captar la atención de los clientes, logrando que grupos de chicos gasten más de $800 mil en una noche. El espacio se distribuye en función de este negocio: entre 80 y 90 mesas de metal se alinean estratégicamente por casi todo el establecimiento. Así, la cercanía a las barras y la barrera de un simple precinto de papel construyen una ilusión de “exclusividad”. 

En este escenario, la necesidad de insertarse en el mercado laboral lleva a muchos jóvenes a buscar empleos desde temprana edad en lugares donde no se exige título secundario ni experiencia previa. Sin embargo, el ingreso suele reducirse a comisiones bajas o porcentajes variables por venta.

Esta realidad se refleja de forma contundente en las estadísticas nacionales. Según los informes de trabajo informal del INDEC, el sector de comercio y servicios (donde se ubican los boliches) lidera los índices de precariedad en menores de 29 años, alcanzando picos donde 6 de cada 10 jóvenes trabajan de manera no registrada.

Hace quince años, el trabajo de un “pública” en un boliche o fiesta temática podía resumirse en repartir flyers de papel en la salida de un colegio o anotar nombres en una lista para un determinado festejo. Hoy en día, mientras los boliches se profesionalizaron, la tarea de los RRPP se volvió cada vez más demandante e importante.

De los flyers de papel a Instagram

Las relaciones públicas funcionan como una disciplina ligada a la gestión de la comunicación y el desarrollo de estrategias para favorecer los objetivos de una institución. En el ámbito de la noche, estas tareas tienen el mismo carácter. Los RRPP son los intermediarios directos entre los boliches y la gente que asiste a ellos. Sin embargo, aún no hay un marco legal que solo los respalde a ellos.

El punto de quiebre histórico para los boliches argentinos ocurrió en 2004, tras la Tragedia de Cromañón. A partir de ese momento, los boliches iniciaron un proceso de reconfiguración estructural dado por controles municipales, inspecciones de bomberos y exigencias edilicias para la seguridad del público. Sin embargo, mientras la capacidad de los locales y los sistemas de ventilación se mejoraba, la situación de las personas que trabajaban atrayendo al público quedó completamente fuera de cualquier control.

El propio caso de Cromañón permite observar que la figura del relacionista público ya formaba parte de la dinámica de los locales nocturnos. En una entrevista para LA NACIÓN, Raúl Villarreal, colaborador de Omar Chabán y posteriormente condenado por la tragedia, llegó a definir su función como un trabajo vinculado a la convocatoria y recepción de asistentes. A su vez, las reformas que le siguieron al incendio se concentraron en las condiciones materiales de funcionamiento de los establecimientos, mientras que las tareas de promoción y captación de público continuaron desarrollándose en un marco de informalidad y escasa regulación.

A comienzos de la década de 2010, el auge de Facebook modificó la promoción de las fiestas. Los encargados de convocar público dejaron de depender exclusivamente del cara a cara en las avenidas o las escuelas y las listas de ingreso empezaron a gestionarse a través de “eventos virtuales” creados desde perfiles personales. El trabajo salía por primera vez de los locales y se mudaba a las computadoras hogareñas, extendiendo la jornada laboral.

Esta dinámica se profundizó de manera definitiva en 2016 con la aparición de las historias de Instagram. Desde entonces, ya no alcanza con vender una entrada física. Los RRPP pasaron a convertirse en una marca para los boliches. Debían mostrar una vida social activa, generar contenido diario y construir una presencia digital. La exposición de la propia imagen y de la privacidad se transformó en la principal herramienta de trabajo.

A este proceso se le sumó un cambio en la seguridad y control de admisiones tras el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020. El crimen no solo reabrió el debate sobre la violencia en las veredas, sino que alteró la forma en que las empresas nocturnas gestionan sus puertas y a su personal. La mirada pública y fiscal recayó con dureza sobre los criterios de discriminación, el consumo desmedido de alcohol y el filtro de ingreso que aplican los boliches.

El quiebre de la pandemia 

La llegada del COVID-19 en 2020 generó una ruptura importante. Con los boliches cerrados durante meses por las restricciones sanitarias, los trabajadores vinculados a la noche quedaron paralizados de un día para el otro. En el caso de los “pública”, la ausencia de contratos o vínculos formales quedó a la vista de inmediato. Muchos jóvenes perdieron sus ingresos sin la posibilidad de acceder a indemnizaciones o protecciones estatales sectoriales; ganaban entre $2000 y $8000 por mes, aunque el ingreso era muy variable, dependiendo exclusivamente de la cantidad de personas que ingresaban por sus listas de invitados y de la popularidad del boliche. A principios de 2020, la remuneración promedio neta en el país oscilaba en torno a los $56,000 pesos.

En 2022, con la reapertura total de los boliches, se rediseño el negocio para recuperar las pérdidas del confinamiento. La respuesta comercial fue la explosión de las mesas VIP y los sectores de acceso ultra exclusivo. Esto requería más que nunca de un filtro estético y de la captación de clientes de alto poder adquisitivo. El rol del RRPP se volvió una pieza clave para sostener este modelo de negocios. Sin embargo, las condiciones de contratación no acompañaron este crecimiento económico y se mantuvieron idénticas a las de las décadas pasadas.

Hoy en día los boliches cuentan con equipos de trabajo para la difusión y venta en las redes sociales. Los mismos suelen estar compuestos por 20 o 25 personas, entre ellas, 5 organizadores (quienes están a cargo de coordinar y pagar a los “pública”) y 15 RRPP. A este grupo se suman también las “presencias”, cuya cantidad varía según la noche y que funciona bajo una dinámica diferente. El esquema de oferta que presentan a su público sigue siendo el mismo desde 2022.

Cuentas claras: ¿cuánto gana un RRPP?

“En cuanto al sistema de pago, casi todos los pibes trabajan por comisión, que va desde un 10% hasta un 20% sobre lo que se vende. Después hay algunas personas que tienen un sueldo fijo, 100 o 200 lucas por semana, más la comisión sobre lo que meten. Eso depende de cada boliche y de cada ‘pública’, pero en general se maneja así”, cuenta Franco Rodriguez, dueño del boliche Singapur y ex RRPP.

“El boliche donde trabajo me paga el 10% de comisión sobre lo que venda. Así que por eso tengo que dedicar bastante tiempo a llevar gente”, explica Juana. Su comisión mensual aproximada es de $350.000.

Bruno Elías, organizador del boliche Inferno, en Belgrano, detalla: “Con respecto a las comisiones, depende del arreglo con cada persona: yo tengo públicas que trabajan para mí a los que les doy un fijo más comisión, y a otros les doy solo comisión”. “Las comisiones las manejo de forma escalonada, arrancando en un 10%. Les doy el 10% si facturan hasta un millón y medio de pesos. Si facturan arriba de un millón y medio hasta tres palos, les pago el 20%, y si superan los tres palos, les pago el 25% de comisión sobre lo que metan en la puerta, ya sea por ingresos comunes de gente que va a bailar o por mesas VIP”, agrega.

De esta manera es como la mayoría de los boliches se manejan a la hora de pagar.

El “Excel”

Para cumplir con las expectativas de los locales, los RRPP tienen que crear rutinas que consumen horas de sus vidas cotidianas, interfiriendo con sus estudios y sus tiempos de descanso. 

Muchos tuvieron que aprender y personalizar su método para mantener su efectividad a la hora de encontrar gente. Juana Raffo contó su experiencia: “El tiempo que le dedico a contestar mensajes, armar listas y subir historias, generalmente suele ser de 2 horas y media diarias. Yo lo que hago es categorizar todo. Me fijo en la gente nueva a la que nunca le escribí, a quién le escribí, quién me quedó pendiente y a quién ya le vendí”. Su estrategia consiste en contactar de manera personalizada a un promedio de 5 o 10 personas y volcar las respuestas en su computadora para evaluar qué formas de comunicarse funcionan mejor.

A pocas cuadras, también en el barrio de Palermo, Buenos Aires, Carlos Contreras, de 20 años, quien trabaja para el boliche Rich, coincide en que la carga horaria parece mucho menos de lo que realmente es, agrega: “Es estar más o menos toda la semana mandando todos los días mensajitos, hablando con gente para que vengan al baile”.

Para quienes están en la organización de equipos, la exigencia del uso del teléfono celular también es permanente durante toda la semana. Bruno Elías relata cómo empezó en la noche: “Mis comienzos fueron en Matiné cuando era chico. Después dejé de trabajar de eso por unos años y me dediqué al turismo, vendía viajes de egresados a Bariloche. Labure en un montón de boliches y como muchos amigos eran organizadores y demás, me fui metiendo en eso”. Con respecto a contestar mensajes y su forma de trabajar, cuenta: “Todo el día estoy contestando, al que me habla le respondo y lo invito a que venga. Para subir historias generalmente, ahora que estoy de organizador, tengo un equipo que trabaja para mí. Suben historias siempre 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y el sábado publican lo que son las presencias del boliche, una foto de ellas”.

Matías Perez es el gerente del boliche Six, ubicado en el barrio de Belgrano; entró a los 18 años en la profesión y recién ahora a los 24 comenzó a encargarse del manejo. “Usualmente los ‘públicas’ dedican entre 4 a 6 horas a contestar dependiendo la demanda”, aclara.

La regla sobre la que opera este sistema consiste en transformar esas horas que un chico pasa pegado al teléfono en dinero en efectivo para la caja del boliche, reduciendo la inversión en publicidad de la empresa. 

Las condiciones

El trabajo del RRPP no solo consiste en llevar mucha gente, sino en seleccionar un tipo de público específico. Aunque muchos boliches niegan realizar discriminación en sus accesos, las condiciones estéticas que imponen a sus promotores funcionan como un filtro.

“En el boliche en el que estoy solamente nos fijamos en el código de vestimenta que tenemos. Somos muy exigentes con eso”, explica Juana. Las reglas que comunica a sus clientes antes de hacer una venta son las siguientes: las mujeres tienen prohibido asistir con zapatillas, mientras que los hombres no pueden ingresar con gorra, bermuda o indumentaria deportiva.

En otros locales, la selección de clientes no se hace por listas tradicionales sino por invitaciones que cambian su rigurosidad según la venta de la fecha. Bruno Elías explica la preselección que aplican: “Nosotros nos fijamos que el cliente sea acorde al producto que tenemos en el boliche. Si el cliente, por así decirlo, es un “turro”, claramente la pensamos dos veces. Es según también cómo vemos el finde. Si estamos medio flojos de gente, metemos todo y si estamos ya con casi todo vendido, nos ponemos un poco más exhaustivos en buscar al cliente que queremos”. 

Estas reglas buscan crear la ilusión de un espacio exclusivo. Jazmín Ramírez, de 20 años, asiste habitualmente a estos boliches y describe esto desde la perspectiva del consumidor: “Nunca vi a nadie ser rechazado en la entrada por su estética, pero imagino que la normativa se rige por cumplir una ‘normalidad’ vista en la vestimenta de la gente, cómo usar ropa negra y ajustada”. 

Precios y mesas

Desde la perspectiva del público salir tiene un precio elevado. Mientras que el boliche ahorra en publicidad gracias a las redes de los RRPP, los clientes financian el lugar. La creciente importancia de los sectores VIP también profundizó una lógica división dentro de los boliches. Acceder a una mesa suele implicar consumos mínimos altos y la capacidad de reunir grupos numerosos dispuestos a afrontar ese gasto. Para muchos jóvenes, se trata de una experiencia reservada para ocasiones excepcionales (sea un cumpleaños, una fiesta especial, entre otras) más que de una posibilidad habitual. 

Para acceder a estos espacios los jóvenes se organizan en grupos de entre 8 y 10 amigos, haciendo una “vaquita” y contactando a un RRPP. La reserva exige un anticipo del 20% días antes de la fecha, mientras que el 80% restante debe saldarse antes de las 20 de la noche del mismo día del evento; un incumplimiento en el horario significa la pérdida automática de la seña y la prohibición de ingreso.

VALORES DE LAS MESAS: 

• $1.500.000 (Ultra VIP)
• $1.000.000 (Ultra VIP)
• $800.000
• $600.000
• $500.000
• $400.000
• $350.000

A cambio, reservar una mesa, ofrece una serie de “privilegios” frente al público general: entrada sin espera, tener un espacio privado (mesa exclusiva), consumición (un porcentaje o el total del valor de la seña devuelto en dinero para gastar en tragos o en la barra) y atención personalizada (servicio de mozo). 

En el caso de no reservar una mesa, existe la opción de que el usuario compre una entrada por medio de una página llamada Passline, donde se le dan diferentes opciones con diversos valores para elegir.

Requisitos para ser RRPP

Para lograr trabajar como relacionista público actualmente no es necesario contar con un título formal, sino que se necesita tener un perfil de Instagram en particular. Una cantidad de seguidores mayor a los 1000, subir historias con constancia del boliche, y tener una llegada directa a la gente. Además deben disponer de una flexibilidad horaria, ya que generalmente el trabajo se desarrolla en horarios nocturnos y de madrugada; saber armar listas, coordinar reservas de mesas VIP o cumpleaños y estar atento a los clientes durante la noche para ofrecerles una buena experiencia en el boliche. 

Sin embargo, existen diferentes empleos dentro de los locales bailables que se ocupan de publicitar los establecimientos. Están: los Organizadores, los RRPP y las “Presencias”, quienes usualmente son mujeres o personas famosas las cuáles son contratadas para subir fotos de ellas o para publicitar su imagen en las redes sociales de los boliches. 

¿Cómo contactar a un RRPP? 

Hoy por hoy es muy fácil, se busca el Instagram del boliche y en la descripción del mismo aparece un enlace directo al WhatsApp del local, administrado por uno de los muchos RRPP. Por ahí el cliente consulta los precios y coordina la reserva. El día de la fecha, se vuelven a hablar minutos antes de llegar para encontrarse en la entrada. En la puerta, el ‘pública’ le entrega los precintos para el sector VIP y, tras presentar el DNI, habilitan el ingreso. Unas horas más tarde, el organizador suele escribirle otra vez para acercarse a la mesa y ofrecerle tragos de cortesía

En los otros días, sobre todo los jueves, el RRPP se contacta con la persona para volver a invitarla al boliche. Si hay alguna fiesta temática o si se viene un fin de semana largo, también se ocupa de comunicarle las ofertas, ya que una vez que asiste, pasa a formar parte de su lista de invitados.

Paralelamente, los demás RRPP, se encargan de enviar invitaciones por WhatsApp o mail usando una base de datos compartida. Esto es posible porque, cada vez que un cliente compra una entrada o consulta por mensaje, sus datos quedan guardados en el sistema del boliche

La vida después de tanta noche

Juana Raffo piensa en su futuro y en sus próximas salidas laborales, sabe que hay una transición, y quiere buscar las mejores opciones según lo que fue aprendiendo como “pública”. “Estuve pensando qué hacer de mi vida cuándo deje de trabajar de esto, y cuándo termine el secundario obvio. Me interesan carreras relacionadas con organización de eventos o cosas que tengan que ver con conciertos”, dice y agrega: “También averigüe por marketing digital, ya que me resulta fácil por lo que fuí aprendiendo en estos últimos años”.

En cambio Carlos Contreras no tiene planeado por ahora estudiar o trabajar en otra cosa, ya que según él se siente cómodo en lo que hace. “Primero tendría que dar las materias que me quedan pendientes del secundario, que no sé si son 5 o 6, y de ahí ver que onda”, dice. El vive solo con su madre, vinieron a vivir al país hace 4 años desde Venezuela, comenzó a trabajar de esto ya que necesitaban otro ingreso. “Entré por primera vez al boliche como RRPP a los 18 años. Porque iba siempre, y un día, como iba tanto, me dijeron: ´Che, ¿No querés laburar acá?¨. Y nada, comencé así”, comenta el relacionista público. 

Tensión en la vereda

La tensión aparece los sábados por la noche en la vereda del boliche. Los acuerdos que se hablan por WhatsApp chocan con los controles de la entrada que dan los “patovicas”, y son los propios jóvenes quienes tienen que poner la cara ante las frustraciones de los clientes. 

Uno de los puntos más conflictivos suele ser la admisión de menores de edad, muchos chicos intentan entrar al boliche con DNI que no son suyos o son falsificados. Por ejemplo, la aplicación Mi Argentina ya no es admitida en la puerta de entrada, debido a la existencia de otra aplicación clonada que hace pasar a los jóvenes como mayores de edad. Carlos Contreras confiesa lo que tiene que hacer para lograr que puedan acceder al establecimiento: “A veces se arma quilombo porque, ponele, hay una mesa que tiene un par de menores, y no los podes hacer pasar por los de seguridad. Entonces tenes que hacerlos pasar por otro lado, por el costado de la valla o tenes que ir vos y llevarlos para adentro”.

Además de no contar con un marco legal que los respalde, los RRPP, a veces, son percibidos por los clientes como los responsables de los problemas del boliche. “La experiencia más difícil que suelo tener que manejar es cuando la gente que me conoce como pública piensa que hay confianza para que les solucione de la nada un problema. Y si no puedo solucionarselo, me toman como una persona mala onda, y me terminan tratando muy mal. Es algo que no está bueno bancarlo”, relata Juana.

El conflicto con los DNI es muy común en la madrugada. “Me pasó de tener gente menor que te insiste en ir. Vos le aclaras que son exigentes con los DNI en la puerta, pero capaz no pasan y te reclaman a vos. Yo les digo: ‘Pero yo no les prometí que iban a pasar’, y ahí se arma todo un lío”, agrega la joven de 18 años.

Detrás de la valla: la mirada del personal de seguridad

Mientras los relacionistas públicos adolescentes lidian con los reclamos en las veredas, el personal encargado de la seguridad observan el movimiento. Marcelo Estévez, de 45 años, trabaja en el control de admisión del boliche Cyrano, en la localidad de Ramos Mejía, y acumula doce años de experiencia fija en la nocturnidad de la Zona Oeste. 

Al ser consultado sobre la frecuencia con la que debe denegar el ingreso a personas que fueron invitadas previamente por los RRPP del local, Estévez responde con naturalidad: “Sí, muchas veces”. Sin embargo, el seguridad revela que los criterios estéticos y de vestimenta pasan a un segundo plano cuando entra en juego el dinero en efectivo. “Muchas veces el dueño o el RRPP valoran más el tema monetario. Viene una persona que, en este caso, no puede entrar porque el boliche prohíbe las zapatillas. Pero si viene con una buena billetera, se hace la excepción. Eso pasa siempre en la noche”, afirma Estévez.

A su vez, Rosario Centeno, una joven de 23 años, quien recurre mínimo una vez por fin de semana a establecimientos bailables, afirma la observación anterior y agrega: “Muchas veces discriminan por vestimenta o reglas que parecen improvisadas en el momento y que, dependiendo de cómo aparentes o tu nivel económico, deciden si las aplican o no”. 

Este doble estándar visible muestra que el perfil exigido es cambiable en función de las ganancias. El boliche no exige que la gente se vista bien para que el ambiente sea más tranquilo o amigable, sino para que el VIP parezca un lugar caro y exclusivo, y así poder cobrar las mesas muchísimo más caras.

Informalidad del negocio

El análisis de Estévez va de lleno en las condiciones de contratación y, según él, de desprotección. Un ejemplo claro fue la sanción de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, esta ley establece una jornada de trabajo con un máximo legal de 8 horas diarias o 48 semanales; obliga a pagar aguinaldo , vacaciones pagas , licencia por maternidad, y obligatoriedad de aportes a la seguridad social, a cargo del trabajador y del empleador. 

El Estado intentó regular el trabajo informal en muchos sectores. Sin embargo, cuando los inspectores del Ministerio de Trabajo van a un boliche, solo miran a los mozos o a los cajeros.

Cuando los mismos realizan operativos de control en los boliches durante la madrugada, sus auditorías se limitan a relevar al personal físico presente en las instalaciones: mozos, cajeros, barmans y el equipo de limpieza. La figura del relacionista público, que realiza el 90% de su actividad de forma remota a través de plataformas digitales durante los días de semana, queda completamente invisibilizada para los ojos del inspector estatal. 

“Todo en negro, todo en negro. Todo absolutamente en negro”, reflexiona Estévez al describir la situación laboral en los boliches de la zona. La falta de registro es tan común en el ambiente que los empleados casi nunca se van en buenos términos. “Si vas a buscar algo de más, todos los que se van de ahí siempre se van con juicio. En todos los boliches pasa lo mismo”, agrega el “Seguridad”, evidenciando que la vía judicial es la única alternativa que les queda a los trabajadores para reclamar el cobro de sus tareas.

Para Estévez, la rotación de los jóvenes que se encargan de las relaciones públicas no es una falla del sistema, sino una característica necesaria para mantener bajos los costos del negocio. “Los de presencia no duran mucho, se van por su cuenta, van cambiando”, explica. Este retiro prematuro (de entre 3 a 5 años) le permite al boliche renovar su equipo de trabajo, recibiendo a una nueva camada de adolescentes atraídos por la ilusión de la noche.

“La noche es un mundo totalmente aparte, es muy oscuro”, concluye Estévez. “Yo tengo 12 años de experiencia y esto es muy diferente a lo que se ve en un evento privado, como un casamiento o un quince. La noche lo que maneja es la plata, la droga y el alcohol. El empresario nocturno busca el billete, no busca otra cosa. Si viene una persona y toma 20 botellas de cerveza, ellos son felices. Si se muere, que se arregle San Pepe”, agrega.

Tras las luces

Chicos de entre 16 y 20 años dedican parte importante de su tiempo en gestionar bases de datos, responder mensajes a cientos de desconocidos y mejorar su marca personal en Instagram. El mecanismo resulta exitoso para las empresas ya que no tienen que gastar tiempo en campañas publicitarias y se encuentran actualizados con lo que buscan en un boliche los jóvenes actualmente.

Los relacionistas públicos se consolidaron como una pieza indispensable para garantizar el incremento continuo de clientes a los boliches, pero continúan ocupando un lugar confuso dentro del mercado de trabajo formal. Mientras su actividad es la que dinamiza los ingresos de las barras y los sectores exclusivos, su desarrollo continúa dándose al margen de los requisitos de protección social y seguros de salud que regulan al resto de las actividades comerciales del país. Detrás de las luces de colores, las historias editadas para Instagram y los precintos de la madrugada, hay una industria que se nutre de los jóvenes.

En una vereda de San Telmo, un banco de cemento moldeado imita un sillón capitoné y engaña a primera vista. Desde lejos parece acolchonado; de cerca, es una estructura rígida, gris y fría. A pocos metros, otro banco incorpora divisiones metálicas que impiden que una persona pueda recostarse. En distintos puntos del microcentro y del casco histórico aparecen bolardos de hormigón, canteros elevados, apoyabrazos estratégicamente ubicados y superficies diseñadas para incomodar más que para permanecer. Son objetos que se integran al paisaje urbano hasta volverse invisibles, pero que responden a una lógica cada vez más extendida en las grandes ciudades: la arquitectura hostil.

El concepto comenzó a popularizarse en la década del 2010 para describir intervenciones urbanas que buscan desalentar determinados usos del espacio público. Bancos divididos para impedir que alguien duerma sobre ellos, pinchos metálicos colocados bajo puentes o en entradas de edificios, superficies inclinadas para evitar que las personas se sienten o permanezcan demasiado tiempo en un lugar y diseños pensados para favorecer la circulación antes que la permanencia,  forman parte de esta tendencia observada en ciudades como Londres, Nueva York, París, Ciudad de México y también Buenos Aires.

Aunque sus defensores suelen justificar estas intervenciones en nombre de la seguridad, el orden o el mantenimiento urbano, organizaciones sociales, urbanistas y especialistas en derecho a la ciudad cuestionan que muchas de estas soluciones terminan afectando a un conjunto mucho más amplio de personas que aquellas a las que aparentemente buscan desalentar.

La Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que abarca los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución, concentra algunas de las expresiones más visibles de esta discusión. Allí conviven edificios históricos, circuitos turísticos, oficinas, espacios financieros, centros de trasbordo y sectores donde también se manifiestan con fuerza problemas vinculados a la vivienda, la pobreza y la desigualdad urbana.

La discusión volvió a cobrar relevancia a partir de una serie de proyectos impulsados en la Junta Comunal 1 que apuntan precisamente a esa dirección contraria: Promover espacios públicos más accesibles, inclusivos y pensados para la permanencia de las personas.

La comunera Luciana Grossi, abogada e integrante de Unión por la Patria, presentó distintas propuestas a la jefatura de la Comuna 1 destinadas a intervenir plazas y plazoletas de la comuna con criterios de accesibilidad universal, perspectiva de género y participación vecinal.

Por la Ley de Comunas (1777 del 2005) los comuneros tienen la facultad de realizar sugerencias, entre ellas las vinculadas al mobiliario de las distintas plazas. Por medio de proyectos se transfiere la inquietud al Gobierno de la Ciudad, que luego procede o no a aceptar la propuesta.

Los proyectos se enfocan principalmente en el Veredón Juan Carlos Castagnino y el Veredón María Luisa Bemberg, ambos ubicados en San Telmo. Entre las iniciativas presentadas se encuentra la incorporación de pisos hápticos para personas ciegas o con baja visión, senderos lisos que permitan la circulación de usuarios de sillas de ruedas sin eliminar completamente los sectores empedrados, bebederos accesibles, bancos con apoyos para adultos mayores y personas con discapacidad, mejoras en la iluminación, instalación de tomas eléctricas para usuarios de sillas motorizadas o personas electrodependientes y la recuperación de sectores actualmente subutilizados o con problemas de visibilidad.

El documento presentado por Grossi plantea una idea que atraviesa toda la discusión: que las plazas dejen de ser simples lugares de paso y vuelvan a convertirse en espacios para habitar en comunidad. Esa premisa parece sencilla, pero abre interrogantes profundos sobre la manera en que se diseñan los espacios públicos en la actualidad.

Claudia Neira, Legisladora de la Ciudad, manifiesta que en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no se discute tanto este tema en términos de arquitectura hostil en los debates legislativos, pero sí discuten políticas que pueden producir efectos sobre determinados grupos sociales, efectos de exclusión. También señala que, al hablar de espacio público, ella prefiere ampliar el enfoque. En ese sentido, “plantearse si un banco, por ejemplo, es hostil resulta una forma limitada de pensar la ciudad”. “En realidad, deberíamos preguntarnos qué formas de exclusión estamos generando y a quiénes estamos dejando fuera de ese espacio”.

Una ciudad que invita a irse

Para Jaime Sorín, arquitecto, especialista en hábitat y vivienda popular, ex decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y expresidente de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, el problema excede ampliamente el diseño de un banco o una plaza.

“En la Ciudad de Buenos Aires hace rato que viene con estas historias de que no es una ciudad que incluye. Básicamente, es una ciudad muy hostil y hay toda una política de exclusión para algunos sectores”, sostuvo.

Según Sorín, la arquitectura hostil no afecta únicamente a las personas en situación de calle, que suelen ser las primeras asociadas al concepto. También impacta sobre adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, niños y cualquier ciudadano que necesite permanecer en el espacio público.

Todo lo que es mobiliario urbano hace rato que viene siendo sumamente molesto. En lugar de ser un mobiliario que incluye, que te invita a estar, al contrario: te invita a estar lo menos posible o directamente a no estar”, afirmó.

La observación remite a una experiencia cotidiana que muchos usuarios de la ciudad reconocen. Bancos sin respaldo, superficies de hormigón que resultan incómodas para permanecer largos períodos sentados, estaciones de transporte donde cada vez hay menos lugares para descansar y espacios públicos que parecen diseñados para acelerar el movimiento de las personas antes que para favorecer el encuentro.

Sorín interpreta estas decisiones como parte de una visión más amplia sobre el espacio urbano. “Es una política antipersonas. En lugar de tener una ciudad de los cuidados, tienes una ciudad que te expulsa o que te agrede”, resumió.

La idea de una “ciudad de los cuidados” aparece cada vez con más frecuencia en los debates urbanísticos contemporáneos. Se trata de una perspectiva que propone diseñar ciudades tomando como punto de partida las necesidades concretas de quienes las habitan: personas mayores, niños, mujeres, personas con discapacidad. 

Para Sorín, Buenos Aires parece haber avanzado durante años en sentido contrario. “Hoy vemos que la ciudad está más pensada para los autos que para las personas”, afirmó.

La frase sintetiza una crítica recurrente entre urbanistas y organizaciones vecinales: la percepción de que gran parte de las transformaciones urbanas recientes priorizaron la circulación, el tránsito y la valorización inmobiliaria por encima de la vida cotidiana de los barrios.

Sobre este tema, Neira sostiene: “Cuando el espacio público privilegia ciertos usos, ciertos consumos, ciertos perfiles de usuarios, y desalienta a otros. En realidad, la discusión deja de ser sobre un banco o sobre un elemento de diseño. Pasa a ser una discusión en definitiva sobre la inclusión, sobre el derecho a la ciudad, sobre qué personas son realmente bienvenidas en el espacio público”.

El espacio público como lugar de encuentro

Según Sorín, la respuesta es evidente.

“Hay que empezar a pensar al espacio público no como un lugar de tránsito, sino como un lugar de sociabilidad, donde puedas conectarte con tu vecino”, explicó.

Esta reflexión adquiere un significado especial si la proyectamos hacia áreas con una historia propia como el barrio de San Telmo, un lugar donde la identidad local todavía preserva dinámicas de vecindad que parecen perderse en otras zonas de la ciudad.

Allí es donde la mirada de Paloma Garay Santaló, licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, docente de Geografía de la Circulación e integrante del colectivo vecinal Casco Histórico Protege, aporta otro ángulo al debate.

Garay Santaló describe a San Telmo como un barrio donde todavía persisten vínculos comunitarios construidos a lo largo de décadas.

“Es un barrio del que cuesta irse. La gente se queda, no se muda. Tiene bastantes códigos amorosos y de cuidados. Es un barrio donde la gente se cuida”, explicó.

Durante la pandemia, sostiene, esas redes vecinales se hicieron particularmente visibles. Vecinos que realizaban compras para personas mayores, comerciantes que colaboraban con quienes no podían salir de sus casas y vínculos cotidianos que funcionaban como formas informales de cuidado mutuo mostraron una dimensión comunitaria que muchas veces permanece invisible.

Sin embargo, también advierte que los espacios físicos donde esos vínculos pueden desarrollarse son cada vez más escasos.

Un barrio con pocos espacios para quedarse

Cuando se habla de espacio público, la imagen que suele aparecer es la de plazas, parques o paseos verdes. Sin embargo, para Paloma Garay Santaló, el problema de San Telmo comienza justamente por una carencia: la falta de espacios públicos de cercanía.

“San Telmo, en particular, tiene el Parque Lezama, que es compartido con Barracas y La Boca. Para muchas puntas del barrio queda muy lejos”, explicó. A esa limitación se suma la dificultad para acceder caminando a otros espacios verdes de la ciudad. La Costanera Sur y los parques de Puerto Madero aparecen relativamente cerca en el mapa, pero las barreras urbanas generadas por las autopistas, el Paseo del Bajo y los grandes ejes viales convierten esos recorridos en trayectos mucho menos amigables para el peatón.

La geógrafa sostiene que muchas veces se habla de espacios verdes disponibles sin analizar cómo se accede realmente a ellos.

“Es muy difícil cruzar todo el eje del Paseo del Bajo y el Bajo propiamente dicho. Es una zona muy complicada para la movilidad peatonal cotidiana”, señaló.

La situación se vuelve más evidente cuando se observan los espacios que los vecinos utilizan efectivamente todos los días. Garay Santaló menciona la plaza ubicada junto a la estación Independencia como un ejemplo de las limitaciones existentes.

“Es un espacio verde subsidiario de un eje vial muy potente. Está al lado de la bajada de las autopistas y de una avenida con mucho tránsito. Está lleno de chicos, pero no deja de ser un espacio atravesado por el ruido y la circulación vehicular”, describió.

La Plaza Dorrego, en la calle Defensa y Humberto 1.°, por su parte, cumple una función diferente. Aunque es uno de los espacios públicos más reconocidos del barrio, su dinámica cotidiana está marcada por el turismo, las ferias y la actividad comercial.

“Tampoco es una plaza barrial. Tiene otra función. Durante la pandemia eso se notó muchísimo”, recordó.

La observación introduce una cuestión central para esta investigación. No todos los espacios públicos cumplen el mismo rol. Algunos funcionan como atractivos turísticos, otros como corredores de circulación y otros como lugares de encuentro para quienes viven en el barrio. Cuando estos últimos escasean, las posibilidades de sociabilidad cotidiana comienzan a reducirse.

Por ese motivo, desde Casco Histórico Protege impulsan hace tiempo la creación de una nueva plaza en un terreno actualmente vacío ubicado en Independencia y Bolívar.

“Creemos que San Telmo necesita una plaza. Venimos pidiendo que el terreno donde estaba la casa de Benoît se transforme en un espacio verde público. Es una zona muy densa y con prácticamente nula oferta de espacios verdes de cercanía”, explicó.

Las veredas que obligan a encontrarse

Si las plazas escasean, gran parte de la vida cotidiana de San Telmo transcurre en otro escenario mucho más modesto: sus veredas.

A diferencia de otros barrios porteños caracterizados por avenidas amplias y circulación acelerada, las calles de San Telmo conservan una escala heredada de la ciudad colonial. Veredas angostas, fachadas continuas y una proximidad constante entre peatones generan dinámicas que todavía sorprenden a quienes llegan desde otras zonas de la ciudad.

Garay Santaló recuerda una observación realizada por un vecino que terminó convirtiéndose para ella en una forma de explicar la identidad barrial.

“Las veredas angostas nos obligan a chocarnos. Uno viene de un lado y otro viene del otro. Como nos cruzamos, nos vemos. Como nos vemos, nos registramos. “Como nos registramos, nos saludamos”, relató.

La frase puede parecer simple, pero encierra una idea profundamente urbana. El diseño de una ciudad no solo organiza desplazamientos; también condiciona formas de relación social.

En San Telmo, explica la geógrafa, los encuentros cotidianos generan una red de vínculos que muchas veces pasa inadvertida para quienes observan el barrio desde afuera.

“Hay códigos que se construyen a partir de esa forma de habitar las calles. Sabes cuándo cruzar de vereda, cuándo evitar los sectores más turísticos, quién vive en cada cuadra. Todo eso genera comunidad”, señaló.

La reflexión dialoga de manera directa con la preocupación planteada por Jaime Sorín sobre la pérdida progresiva de espacios de encuentro.

Mientras la arquitectura hostil parece orientada a reducir la permanencia en el espacio público, las características históricas de San Telmo todavía favorecen encuentros espontáneos que fortalecen la vida comunitaria.

Turismo, identidad y transformación urbana

La relación entre turismo e identidad barrial aparece como otro de los grandes debates que atraviesan actualmente al casco histórico porteño.

San Telmo es uno de los principales destinos turísticos de Buenos Aires. Sus calles adoquinadas, la feria de antigüedades, la Plaza Dorrego, los bares históricos y la presencia permanente de referencias al tango forman parte del imaginario que miles de visitantes buscan experimentar cada año.

Garay Santaló reconoce el valor de ese interés: “Que haya tantos turistas también es motivo de orgullo. Significa que somos representativos de la historia de Buenos Aires. La gente viene a buscar algo que identifica a la ciudad”, afirmó.

Sin embargo, advierte que existe una diferencia importante entre quienes buscan conocer la identidad del barrio y quienes consumen una versión simplificada o estandarizada de ella.

Según su mirada, parte de la oferta comercial comenzó a orientarse más hacia la construcción de una experiencia turística genérica que hacia la preservación de las características propias del lugar.

“Hay una especie de marketinización del barrio. A veces parece que se construye una versión de San Telmo pensada para vender una imagen antes que para mostrar lo que realmente es”, sostuvo.

La crítica también alcanza a algunas transformaciones comerciales recientes.

Uno de los ejemplos que menciona es el Mercado de San Telmo. Históricamente vinculado al abastecimiento cotidiano de los vecinos, en los últimos años experimentó una fuerte reconversión gastronómica orientada al turismo.

“No digo que esté mal que existan propuestas gastronómicas, pero muchas veces se pierde la relación con quienes viven acá. Se transforma en un espacio pensado para consumir más que para encontrarse”, señaló.

Detrás de la observación reaparece una pregunta que atraviesa toda esta investigación: ¿qué ocurre cuando los espacios urbanos comienzan a privilegiar el consumo por encima de la permanencia?

Los lugares donde todavía se construye comunidad

Para comprender la importancia de esta discusión, Garay Santaló propone mirar otro tipo de espacios que rara vez aparecen en los debates urbanísticos: los bares de barrio.

En una esquina de San Telmo funciona uno de los pocos establecimientos donde todavía se reúnen diariamente grupos de vecinos mayores.

“Hay un grupo de hombres grandes que se junta todos los días. Algunos siguen trabajando, otros ya están jubilados. Se encuentran para tomar algo, mirar fútbol, conversar o simplemente saber cómo está cada uno”, contó.

Lo que para muchos podría parecer una rutina sin importancia adquiere otro significado cuando se observa la desaparición progresiva de espacios similares.

“Antes había varios lugares. Había gente que paraba en un bar, otros en otro, otros en el club. Muchos fueron cerrando. Hoy prácticamente queda uno solo”, explicó.

Esos encuentros cumplen funciones que van mucho más allá del entretenimiento. Allí circula información sobre problemas de salud, necesidades económicas, trabajos, dificultades familiares y situaciones de vulnerabilidad.

En otras palabras, la sociabilidad cotidiana también forma parte de la infraestructura de una ciudad.

Y cuando los espacios donde esa sociabilidad ocurre desaparecen, algo más que un comercio deja de existir.

Patrimonio, accesibilidad y el derecho a usar la ciudad

Una de las tensiones más frecuentes en barrios históricos como San Telmo aparece cuando se discute la convivencia entre la preservación patrimonial y las necesidades actuales de accesibilidad.

Los adoquines son uno de los símbolos más reconocibles del barrio. Forman parte de la identidad visual del casco histórico y constituyen un elemento valorado tanto por vecinos como por visitantes. Sin embargo, también representan una dificultad concreta para personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, adultos mayores o personas que utilizan bastones.

Los proyectos impulsados desde la Comuna 1 intentan responder a esa tensión mediante una solución intermedia: conservar los sectores empedrados de valor patrimonial e incorporar senderos accesibles que permitan la circulación segura de quienes hoy encuentran obstáculos para desplazarse.

Para Jaime Sorín, el conflicto no es técnico, sino político. “Se puede mantener la mayor cantidad posible de patrimonio sin obstruir la posibilidad de desplazamiento de algunos sectores. Ya es un problema de diseño; eso se puede resolver. Lo que no hay es intención de resolverlo”, afirmó.

La observación coincide con parte de las preocupaciones planteadas por Paloma Garay Santaló. La geógrafa reconoce el valor patrimonial de los adoquines, pero advierte que todavía existen numerosas dificultades para garantizar una movilidad verdaderamente inclusiva.

“Siguen faltando rampas, señalización y mejoras en el estado de las veredas y de las calles para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida, adultos mayores y también de niños”, explicó.

Además, señaló algunos problemas surgidos a partir de las intervenciones urbanas realizadas en los últimos años en determinadas calles del casco histórico.

“Hay sectores donde la implementación de las obras quedó mal resuelta. En algunos tramos la calle terminó quedando más alta que la vereda y eso genera dificultades para cruzar”, sostuvo.

Lo que aparece en estas observaciones es una cuestión recurrente en el debate urbano contemporáneo: la diferencia entre diseñar para una ciudad idealizada y diseñar para los cuerpos concretos que la recorren todos los días.

Los puntos ciegos de la Ciudad

Otro de los problemas detectados en los relevamientos realizados por la Comuna 1 tiene que ver con la existencia de sectores poco visibles dentro de algunas plazas y plazoletas.

En distintos espacios públicos aparecen rincones que permanecen ocultos detrás de la vegetación o alejados de los recorridos principales. Según los diagnósticos comunales, estos sectores generan sensación de inseguridad y, en algunos casos, terminan siendo utilizados como baños improvisados.

La situación afecta especialmente a mujeres, personas mayores y familias con niños.

Sorín considera que la existencia de estos espacios responde muchas veces a errores de diseño. “Para un lugar público, lo primero que tiene que haber es una iluminación que permita circular y quedarse con tranquilidad. Que no haya lugares ciegos, que no haya lugares donde pueda esconderse gente”, explicó.

El arquitecto sostiene que una plaza bien diseñada debe favorecer la visibilidad y el control social espontáneo que generan las personas cuando utilizan el espacio.

“La seguridad no se construye solamente con cámaras o patrulleros. También se construye diseñando lugares que puedan ser usados por la comunidad”, señaló.

La observación coincide con enfoques contemporáneos del urbanismo que entienden la presencia constante de vecinos como una de las principales herramientas para mejorar la seguridad urbana.

En este sentido, una plaza vacía puede resultar mucho más insegura que una plaza llena de personas realizando actividades diversas.

Envejecer en la ciudad

Dentro de las propuestas impulsadas desde la Comuna 1 aparece además una preocupación específica por las personas mayores, ya que la comuna es la segunda más longeva de la ciudad de Buenos Aires a partir del estudio del investigador del Conicet Fernando Manzano.

Uno de los proyectos contempla la creación de un circuito para mayores de 60 años en Parque Lezama, inspirado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre envejecimiento activo. La iniciativa incluye señalización para caminatas, aparatos destinados al desarrollo de la motricidad y espacios pensados para fomentar la actividad física en adultos mayores.

La propuesta abre otro debate: si las ciudades deben crear espacios exclusivos para determinados grupos o si, por el contrario, deberían diseñarse de manera que resulten accesibles para todos desde el inicio.

Para Sorín, la segunda opción es la más deseable. “El desafío es pensar ciudades inclusivas para todos. Que cualquier persona pueda utilizarlas independientemente de su edad o condición física”, sostuvo.

La reflexión vuelve a colocar el foco sobre la arquitectura hostil. Un banco incómodo puede resultar una molestia menor para un adulto joven que permanece sentado algunos minutos. Para una persona mayor con problemas de movilidad, en cambio, puede significar directamente la imposibilidad de utilizar ese espacio.

La ciudad vista desde sus vecinos

Durante las recorridas realizadas para esta investigación, los vecinos consultados no conocían inicialmente el término “arquitectura hostil”. Sin embargo, una vez explicado el concepto, identificaron con rapidez ejemplos presentes en distintos puntos de la ciudad.

Juan Carlos, quien reside y trabaja como encargado en San Telmo, manifestó su malestar de manera contundente. “Es un desastre. Preferible que no instalen nada. No se comprende el objetivo. “Resulta contradictorio unir la arquitectura, que debería ser algo placentero, con el término hostil, que implica incomodidad”, señaló.

Su respuesta fue espontánea y crítica. “Para lograr eso, directamente coloquen un cercado o alambre de púas”, sentenció.

Felipe, otro vecino de la zona, puso el foco en el impacto visual y funcional de estos elementos urbanos. “Me resulta sumamente antiestético. “Si el propósito es evitar que estemos a gusto, me parece un error total”, analizó.

Asimismo, realizó un paralelismo que evoca el pasado del entorno urbano: “Lo valioso de los barrios antiguos era justamente eso: contaban con un diseño ameno que invitaba a la mirada”. A pesar de expresarse con palabras simples y alejadas del rigor académico, ambos testimonios ilustran un sentimiento colectivo: la noción de que el mobiliario público actual parece proyectado para expulsar a los ciudadanos de sus propios espacios.

¿Una ciudad para circular o una ciudad para vivir?

A lo largo de esta investigación aparecieron diferentes miradas sobre el mismo problema.

Los proyectos impulsados desde la Comuna 1, las observaciones de Paloma Garay Santaló sobre la vida comunitaria de San Telmo, las críticas de Jaime Sorín al mobiliario urbano contemporáneo, la visión legislativa y los testimonios recogidos entre vecinos parecen converger en una pregunta común.

¿Para qué sirve el espacio público?

Durante décadas, gran parte de las transformaciones urbanas estuvieron orientadas a mejorar la circulación de vehículos, acelerar desplazamientos y optimizar flujos de tránsito. Sin embargo, cada vez más especialistas advierten que una ciudad no puede evaluarse únicamente por la velocidad con la que las personas la atraviesan; también importa la posibilidad de permanecer en una plaza, en una vereda, en un banco, conversando con un vecino, permanecer formando parte de una comunidad.

“Hay que volver a pensar la ciudad desde otro punto de vista”, sostuvo Sorín durante la entrevista. La frase funciona también como una síntesis del debate.

Detrás de cada banco dividido por barras metálicas, de cada espacio diseñado para acelerar el paso o de cada rincón urbano pensado para desalentar la permanencia, aparece una discusión mucho más profunda que una cuestión estética.

Y en una época marcada por la soledad urbana, el aislamiento y el debilitamiento de los vínculos comunitarios, la pregunta por quién tiene derecho a quedarse en el espacio público parece adquirir más relevancia que nunca.

Era una mañana del verano en 2025 en La Loma, un barrio de casas bajas en Luján donde los movimientos extraordinarios del barrio no pasan desapercibidos para los vecinos. A pesar de estar a una cuadra de la Ruta Provincial 47, se podía escuchar con claridad el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Un porton negro de hierro que conecta a una quinta con la intersección de las calles Las Azucenas y Las Amapolas quedó abierto. Alguien adentro estaba esperando ese instante, esos segundos que se tardan cuando sacas la basura a la calle. Un chico desde adentro calculó la distancia y corrió. Cruzó el portón y, sin parar de correr, encaró en dirección a la ruta. Otro grupo de personas salieron detrás de él. Lo siguieron por Las Azucenas. Lo alcanzaron.

Gastón, un vecino que vivía frente a ese sitio, lo vio pasar desde su casa. Remarcó que eso sucedió una sola vez, el año pasado. Pero esa secuencia dejó una pregunta flotando en el barrio: ¿qué estaba pasando detrás de ese portón? “No sé la cantidad exacta pero los vecinos dicen que eran más de 20 internos. Se escuchaban los gritos. Gritaban por la medicación y al mediodía para comer. Yo estando en mi patio los escuchaba”, afirmó.

Según recuerda Mauricio, dueño de la quinta que alojó a Un Día Más, una comunidad terapéutica; para los vecinos, el lugar pasó desapercibido durante mucho tiempo, confundido con el ruido de la vida cotidiana. Jennifer, que vive en la esquina opuesta, recordó que antes en esa misma quinta se hacían fiestas, cumpleaños y eventos ordinarios. El cambio fue gradual, casi imperceptible. A veces, cuando salía temprano a tomar el colectivo, escuchaba las voces que venían desde adentro. Sonaban como rezos o voces masculinas que revelaban sus experiencias consumiendo alguna droga. “Nadie le daba importancia”, dijo.

Una mañana de febrero de 2026, la policía y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) irrumpieron en el silencio del barrio. Jennifer se enteró por las redes sociales. Gastón, por una vecina, días después. Un Día Más era una comunidad terapéutica clandestina: nunca había tenido habilitación sanitaria, provincial o municipal, y en su interior se estaban violando sistemáticamente derechos humanos de los internos. Hasta su clausura, operó tres años en la oscuridad.

Un Día Más, una estructura repetida

Melina Galeano es la Directora del programa de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo que audita y judicializa de manera sistemática estos dispositivos cuando detecta irregularidades graves. El primer paso para elaborar un diagnóstico, dice, es analizar qué aspectos de su estructura coinciden con las características generales de estos espacios, y cuáles son normas internas particulares de cada organización.

Galeano explica que este tipo de instituciones suelen construirse en casas tipo quinta con mucho verde, incluso en algunos casos, pileta. De ahí viene el concepto de “granja”. Sin embargo, Galeano advierte que durante las entrevistas con personas internadas que se llevaban a cabo en las auditorías, suele surgir que esos espacios verdes no pueden usarse. En general, los internos no tienen permitido estar mucho tiempo afuera y tienen horarios restrictivos. Además, la suspensión de salidas al parque suele usarse como castigo. La CPM llegó a relevar casos en los que una de las normas era tener prohibido mirar por la ventana hacia afuera.

El tratamiento que proponen para los usuarios con algún tipo de consumo problemático, dice Galeano, suele responder al programa Minnesota. Se trata de una corriente conductista importada de Estados Unidos y que castiga determinadas conductas para que quien atraviesa el tratamiento no las repita. El objetivo es lograr la abstinencia total, que no piense ni hable de consumir. En algunas comunidades monitoreadas por la CPM, está prohibido utilizar determinadas palabras consideradas “léxico de la droga”.

Para la Comisión, las normas y los castigos delimitan el grado de gravedad de cada caso. Por ejemplo, en Un Día Más muchos relatos coincidieron en que se administraban psicofármacos con distintos objetivos, pero en general, si la persona no quería internarse, se usaba medicación con efecto sedativo. Un testimonio anónimo revela: “Me dieron algo, no sé qué era ni cuánto, porque me lo dieron diluido en lo que ahí llaman ‘jugo loco’, y estuve durmiendo dos días, no me podía levantar ni ir al baño, no podía contener esfínteres”.

La Comisión detectó situaciones de ingresos forzados, secuestros. Los representantes de la comunidad se acercan a la casa de la persona que va a ser internada, generalmente a pedido de la familia, bajo lo que se vende como un “servicio de traslado”. Si se niega, muchas veces la reducen violentamente o le aplican medicación inyectable administrada por un operador sin ninguna formación para manipular o inyectar medicación. Suben al futuro residente a un auto particular, sin que intervenga el sistema de salud, sin ambulancia y sin ninguna orden judicial que evalúe la situación.

La CPM también encontró menores de edad alojadas junto con adultos, algo que la ley prohíbe explícitamente. Las instituciones que alojan menores tienen que contar con sectores y actividades diferenciados, sin compartir espacios ni habitaciones con adultos. Asimismo, el organismo detectó que no había atención médica clínica ni servicio de emergencia disponible. Por último, encontraron personas derivadas de otras provincias, lo que contradice la Ley de Salud Mental: el abordaje debe darse en el entorno comunitario del individuo, para que pueda recuperar sus redes afectivas a medida que se estabiliza.

Controlar y castigar

En Un Día Más manejaban un sistema de “cruces”. Por cada incumplimiento de una norma, se le asignaba una “cruz” a la persona, y al acumular determinada cantidad recibía un castigo. Para ordenar el día, se imponen horarios rígidos para levantarse, comer, limpiar o realizar tareas de mantenimiento porque se asume que los usuarios de sustancias no tienen orden en su vida. No despertarse a horario, demorarse en bañarse más del tiempo permitido, entrar a la casa sin remera, interrumpir una charla o “hacer payasadas” eran motivos para reabrir una “cruz”. 

A medida que se acumulaban cruces, los castigos posibles iban desde ocuparse de tareas de mantenimiento durante varios días, como lavar los platos o limpiar un estanque, hasta la suspensión de llamadas y visitas familiares. Esto último puede sonar menor, pero el impacto puede ser enorme. “Para alguien que está esperando ese contacto, perder la llamada o la visita familiar es la peor consecuencia posible”, explica Galeano. En algunos relatos, además, los internos eran reducidos físicamente en el piso, golpeados e inmovilizados.

También usaban una técnica que llaman “confronte”, cuyo significado suele variar según la institución. En este caso, los participantes formaban un círculo, alguien tenía que exponer una situación personal, y cada compañero debía hacerle una devolución que podía incluir insultos o agresiones verbales. Una de las personas entrevistadas durante la auditoría, revela que cuando empezaron a insultarla, quiso retirarse del grupo y no la dejaron, la redujeron y la obligaron a quedarse escuchando.

La mayoría del tiempo, estos lugares son sostenidos por “operadores“. Hasta hace algunos años, en su mayoría, eran personas que habían pasado por el mismo tratamiento, habían logrado el alta y se quedaban cumpliendo ese rol de controlar que se respetaran las normas y de aplicar las sanciones. Incluso algunos están certificados por cursos.

La Comisión reconoce que la palabra de los profesionales de la salud generalmente es desestimada por los operadores, directores y dueños de las instituciones, quienes imponen esta lógica como parte del funcionamiento del centro. “Se sostiene que las únicas personas capacitadas para acompañar una terapia por consumo problemático son quienes ya pasaron por esa misma situación y por ese mismo tipo de abordaje. Por eso proliferan cada vez más comunidades terapéuticas abiertas por personas que pasaron por otra, y que terminan siendo discípulos de los directores de esas comunidades y abren las suyas“, plantea Galeano.

Los dueños o directores delegan el poder en estos operadores que, a su vez, lo delegan en las propias personas internadas. Los internos que llevaban más tiempo dentro del organismo controlan a los recién llegados, vigilan que no se hable de consumir ni de sustancias. Además, si se enteran que un compañero quiere abandonar la casa, tienen que avisarle a un operador. Tanto querer irse, como no reportar las intenciones de otro compañero, suele ser castigado. Esta estructura jerárquica que se mantiene gracias a un sistema de vigilancia interno, permite que estos lugares se sostengan prácticamente sin ningún marco que los regule.

“Después de tantos años armando este diagnóstico, vemos que casi todas las comunidades terapéuticas del conurbano están conectadas entre sí. Vamos a una institución y nos nombran otra, vamos a esa y nos mencionan a un operador que ya habíamos visto en otra comunidad de otro punto del conurbano. Se va armando una red a partir de haber pasado por esa experiencia y del impulso de abrir una comunidad terapéutica propia”, señala la Directora del programa de Salud Mental de CPM.

“Me rompieron toda la casa. Se llevaron todo y desaparecieron“, dijo Mauricio. El propietario había alquilado una casa tipo quinta con seis habitaciones y dos baños, para lo que le habían dicho que iba a ser un “centro de rehabilitación”.

A pesar de no haber firmado ningún documento, Martín Velázquez y su socia, cuyo nombre Mauricio no recuerda, fueron los inquilinos durante tres años. Cuando se fueron, se llevaron sin dejar rastro todas las camas, colchones, sillones y mesas. Además, rompieron una bacha de mármol y el portón automático, quemaron la bomba centrífuga y robaron la bomba de la pileta.

El abismo entre la proyección de la Ley de Salud Mental y el presupuesto real

La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N.º 26.657 fue sancionada en 2010 y tiene como objetivo cambiar el paradigma respecto del modelo manicomial, basado en el encierro, la cronificación y la vulneración de derechos de las personas con padecimiento mental.

La ley promovió un abordaje interdisciplinario e integral del padecimiento subjetivo, entendiendo que el sufrimiento psíquico, como lo puede ser un consumo problemático, no puede reducirse únicamente a un problema biológico o individual, sino que se encuentra atravesado por dimensiones sociales, económicas y subjetivas.

Uno de sus cambios más importantes estuvo en los criterios de internación involuntaria. La ley sustituyó la lógica de “peligrosidad” por la de “riesgo cierto e inminente”, intentando limitar internaciones arbitrarias y el uso del encierro como forma de control social.

La ley vigente también establece la obligación de destinar progresivamente un 10% del presupuesto de salud al área. Sin embargo, el informe “Adolescencias y salud mental: brechas y tensiones en las políticas públicas”, publicado por Fundar en 2025, demostró que para el año 2023 la inversión real en salud mental de la Administración Pública Nacional representó apenas el 4,1% del gasto total en salud.

Por otro lado, un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, una ONG que se dedica a investigar y analizar políticas públicas y elaborar análisis dirigidos a funcionarios y organismos estatales, indica que la descentralización provincial y la atomización del sistema de seguridad social generan una brecha de equidad entre jurisdicciones y aseguramiento social. Es decir, provincias y fondos sociales con mayor capacidad financiera tienen más posibilidades de brindar atención, diferenciando la oportunidad y la calidad de las prestaciones con respecto a aquellos fondos de provincias y seguros más pobres.

Julieta Calmels, sub-secretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires, sostiene que el aumento de cantidad de padecimientos en la población general hace que haya un “problema epidemiológico de envergadura” lo que implica un aumento exponencial de todos los recursos de salud mental. “Ahí aparece un conflicto actual en el marco del desfinanciamiento de los servicios de salud y de la sobrecarga del subsector público que tiene que ver con lo presupuestario. Se limita la coparticipación en nuestra provincia y se retiran fondos de financiamiento específico de la salud en muchísimas otras áreas, incluida salud mental”.

La perspectiva clínica y una deuda pendiente

Alicia Donghi lleva décadas sentada frente a personas que llegaron a su consultorio por el mismo camino: alguien cercano, desesperado, decidió por ellas. Es licenciada y doctora en Psicología, especializada en adicciones y problemáticas del consumo, y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). Cuando se le pregunta qué consecuencia puede tener internar a alguien sin su consentimiento, no duda. “Ya arranca mal”, dice, “porque ya se está restringiendo un derecho del sujeto: la libertad“.

Para Donghi, el problema no es sólo ético, sino clínico: una persona que llega retenida, que no eligió estar ahí, que fue reducida en su propia casa y subida a un auto particular sin que ningún organismo estatal lo supiera, no puede construir el vínculo de confianza que cualquier proceso psicológico necesita para funcionar. “Si queremos manejarnos con la verdad para que un tratamiento sea productivo”, agrega, “tiene que poder confiar, no estar restringida. La propia abstinencia restringe”.

Calmels no se detiene a analizar en una institución clausurada en particular, sino en el sistema que la hizo posible. Para ella, un dispositivo que merezca llamarse espacio de cuidado tiene que tener en el centro a la persona: atender sus necesidades específicas, garantizar su autonomía, respetar su dignidad. “La internación involuntaria implica una restricción de la libertad”, dice, “y por eso requiere un control judicial en su aplicabilidad”. Nada de eso existía en Un Día Más. Ningún juez sabía que esas personas estaban ahí. Ningún organismo estatal había habilitado ese lugar. Y sin embargo, funcionó durante meses.

Donghi vuelve sobre algo que Calmels también señala desde otro ángulo: el paradigma abstencionista, esa corriente que considera como único objetivo válido de un tratamiento es que la persona deje de consumir para siempre, es en sí mismo parte del fenómeno. “No me gusta la palabra enfermedad”, dice Donghi. Para ella, el consumo problemático es un hábito, y como todo hábito, requiere un diagnóstico personalizado, un trabajo sobre el entorno, tiempo. No hay un plazo fijo, no hay una fórmula universal. Hay casos en los que la abstinencia total es el camino, y hay casos en los que el objetivo es un consumo más responsable. Lo que no puede ser, en ningún caso, es que la única opción disponible sea el encierro. “Hay que evitar quitarle la libertad”, dice, “porque quitarle la libertad también le quita la posibilidad de tener libertad sobre su propio proceso“.

Calmels coincide, pero agrega una dimensión que la referente de ARDA, también conoce bien: el conflicto no empieza ni termina en un centro clandestino. Empieza mucho antes, cuando una familia recorre consultorios, llama a obras sociales, golpea puertas y no encuentra respuesta. “Son necesarios dispositivos de internación voluntaria”, sostiene la subsecretaria, “que permitan un proceso más prolongado en el tiempo, a cargo de equipos de salud, con reglas propias de dispositivos“. Lo que ella describe es lo opuesto a “Un Día Más”: un lugar donde la persona entra porque quiere, donde hay profesionales que saben lo que hacen, donde las normas existen para cuidar y no para castigar. Ese lugar, en la mayoría de los casos, no existe o no es accesible. Y en ese vacío crecen, como hongos después de la lluvia, las comunidades terapéuticas clandestinas.

Donghi cree que la opinión pública tiene una idea prejuiciosa del adicto: “piensan que son chorros, delincuentes”. Esa idea, dice, es falsa y además es peligrosa, porque justifica que esas personas sean tratadas como si sus derechos valieran menos. Como si el encierro fuera una consecuencia lógica de lo que son, y no una violación de lo que merecen. Calmels lo dice de otra manera, pero apunta al mismo lugar: “Para incluir lo diverso se requiere que la sociedad desarrolle un trabajo de transformación cultural”. Transformación que todavía no llegó. Que llega tarde, siempre, como la clausura.

Porque eso es lo que quedó de “Un Día Más”: un portón cerrado, una quinta vacía en una calle de Luján, y más de veinte personas derivadas a otros lugares que, en muchos casos, no eran muy distintos. Melina y su equipo lo saben. Fueron a monitorear una de esas instituciones adonde habían ido a parar algunos de los que estuvieron en Un Día Más, y encontraron las mismas lógicas, los mismos castigos, el mismo sistema de control interno disfrazado de comunidad.

La Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) en conjunto con la ARDA elaboraron el “Primer listado de usuarios fallecidos en instituciones de salud mental de la provincia de Buenos Aires” e indica que el conteo de muertes dudosas en comunidades terapéuticas pasó de 20 casos relevados en su informe de 2024 a 28 a junio de 2026, en una planilla de registro que la organización actualiza de forma continua.

Se cierra uno y se abre otro. Con otro nombre, a unas pocas cuadras, en otra quinta. La dignidad de las personas que atraviesan un consumo problemático no es una conquista del sistema. Es, todavía, una deuda.