SOCIEDAD
“Rehabilitación o encierro: Un Día Más, la comunidad terapéutica clandestina de Luján”
Más de veinte personas internadas. Ninguna habilitación. Ningún control estatal. Un sistema de cruces, castigos y medicación sin prescripción médica. Un Día Más funcionó tres años en Luján antes de ser clausurada. Pero su historia no es una excepción: es el retrato de una estructura de control que falla, y de las personas que quedan atrapadas en él.
Por Lucía González y Antonella Tropea
Era una mañana del verano en 2025 en La Loma, un barrio de casas bajas en Luján donde los movimientos extraordinarios del barrio no pasan desapercibidos para los vecinos. A pesar de estar a una cuadra de la Ruta Provincial 47, se podía escuchar con claridad el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Un porton negro de hierro que conecta a una quinta con la intersección de las calles Las Azucenas y Las Amapolas quedó abierto. Alguien adentro estaba esperando ese instante, esos segundos que se tardan cuando sacas la basura a la calle. Un chico desde adentro calculó la distancia y corrió. Cruzó el portón y, sin parar de correr, encaró en dirección a la ruta. Otro grupo de personas salieron detrás de él. Lo siguieron por Las Azucenas. Lo alcanzaron.
Gastón, un vecino que vivía frente a ese sitio, lo vio pasar desde su casa. Remarcó que eso sucedió una sola vez, el año pasado. Pero esa secuencia dejó una pregunta flotando en el barrio: ¿qué estaba pasando detrás de ese portón? “No sé la cantidad exacta pero los vecinos dicen que eran más de 20 internos. Se escuchaban los gritos. Gritaban por la medicación y al mediodía para comer. Yo estando en mi patio los escuchaba”, afirmó.
Según recuerda Mauricio, dueño de la quinta que alojó a Un Día Más, una comunidad terapéutica; para los vecinos, el lugar pasó desapercibido durante mucho tiempo, confundido con el ruido de la vida cotidiana. Jennifer, que vive en la esquina opuesta, recordó que antes en esa misma quinta se hacían fiestas, cumpleaños y eventos ordinarios. El cambio fue gradual, casi imperceptible. A veces, cuando salía temprano a tomar el colectivo, escuchaba las voces que venían desde adentro. Sonaban como rezos o voces masculinas que revelaban sus experiencias consumiendo alguna droga. “Nadie le daba importancia”, dijo.
Una mañana de febrero de 2026, la policía y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) irrumpieron en el silencio del barrio. Jennifer se enteró por las redes sociales. Gastón, por una vecina, días después. Un Día Más era una comunidad terapéutica clandestina: nunca había tenido habilitación sanitaria, provincial o municipal, y en su interior se estaban violando sistemáticamente derechos humanos de los internos. Hasta su clausura, operó tres años en la oscuridad.
Un Día Más, una estructura repetida
Melina Galeano es la Directora del programa de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo que audita y judicializa de manera sistemática estos dispositivos cuando detecta irregularidades graves. El primer paso para elaborar un diagnóstico, dice, es analizar qué aspectos de su estructura coinciden con las características generales de estos espacios, y cuáles son normas internas particulares de cada organización.
Galeano explica que este tipo de instituciones suelen construirse en casas tipo quinta con mucho verde, incluso en algunos casos, pileta. De ahí viene el concepto de “granja”. Sin embargo, Galeano advierte que durante las entrevistas con personas internadas que se llevaban a cabo en las auditorías, suele surgir que esos espacios verdes no pueden usarse. En general, los internos no tienen permitido estar mucho tiempo afuera y tienen horarios restrictivos. Además, la suspensión de salidas al parque suele usarse como castigo. La CPM llegó a relevar casos en los que una de las normas era tener prohibido mirar por la ventana hacia afuera.
El tratamiento que proponen para los usuarios con algún tipo de consumo problemático, dice Galeano, suele responder al programa Minnesota. Se trata de una corriente conductista importada de Estados Unidos y que castiga determinadas conductas para que quien atraviesa el tratamiento no las repita. El objetivo es lograr la abstinencia total, que no piense ni hable de consumir. En algunas comunidades monitoreadas por la CPM, está prohibido utilizar determinadas palabras consideradas “léxico de la droga”.
Para la Comisión, las normas y los castigos delimitan el grado de gravedad de cada caso. Por ejemplo, en Un Día Más muchos relatos coincidieron en que se administraban psicofármacos con distintos objetivos, pero en general, si la persona no quería internarse, se usaba medicación con efecto sedativo. Un testimonio anónimo revela: “Me dieron algo, no sé qué era ni cuánto, porque me lo dieron diluido en lo que ahí llaman ‘jugo loco’, y estuve durmiendo dos días, no me podía levantar ni ir al baño, no podía contener esfínteres”.
La Comisión detectó situaciones de ingresos forzados, secuestros. Los representantes de la comunidad se acercan a la casa de la persona que va a ser internada, generalmente a pedido de la familia, bajo lo que se vende como un “servicio de traslado”. Si se niega, muchas veces la reducen violentamente o le aplican medicación inyectable administrada por un operador sin ninguna formación para manipular o inyectar medicación. Suben al futuro residente a un auto particular, sin que intervenga el sistema de salud, sin ambulancia y sin ninguna orden judicial que evalúe la situación.
La CPM también encontró menores de edad alojadas junto con adultos, algo que la ley prohíbe explícitamente. Las instituciones que alojan menores tienen que contar con sectores y actividades diferenciados, sin compartir espacios ni habitaciones con adultos. Asimismo, el organismo detectó que no había atención médica clínica ni servicio de emergencia disponible. Por último, encontraron personas derivadas de otras provincias, lo que contradice la Ley de Salud Mental: el abordaje debe darse en el entorno comunitario del individuo, para que pueda recuperar sus redes afectivas a medida que se estabiliza.
Controlar y castigar
En Un Día Más manejaban un sistema de “cruces”. Por cada incumplimiento de una norma, se le asignaba una “cruz” a la persona, y al acumular determinada cantidad recibía un castigo. Para ordenar el día, se imponen horarios rígidos para levantarse, comer, limpiar o realizar tareas de mantenimiento porque se asume que los usuarios de sustancias no tienen orden en su vida. No despertarse a horario, demorarse en bañarse más del tiempo permitido, entrar a la casa sin remera, interrumpir una charla o “hacer payasadas” eran motivos para reabrir una “cruz”.
A medida que se acumulaban cruces, los castigos posibles iban desde ocuparse de tareas de mantenimiento durante varios días, como lavar los platos o limpiar un estanque, hasta la suspensión de llamadas y visitas familiares. Esto último puede sonar menor, pero el impacto puede ser enorme. “Para alguien que está esperando ese contacto, perder la llamada o la visita familiar es la peor consecuencia posible”, explica Galeano. En algunos relatos, además, los internos eran reducidos físicamente en el piso, golpeados e inmovilizados.
También usaban una técnica que llaman “confronte”, cuyo significado suele variar según la institución. En este caso, los participantes formaban un círculo, alguien tenía que exponer una situación personal, y cada compañero debía hacerle una devolución que podía incluir insultos o agresiones verbales. Una de las personas entrevistadas durante la auditoría, revela que cuando empezaron a insultarla, quiso retirarse del grupo y no la dejaron, la redujeron y la obligaron a quedarse escuchando.
La mayoría del tiempo, estos lugares son sostenidos por “operadores“. Hasta hace algunos años, en su mayoría, eran personas que habían pasado por el mismo tratamiento, habían logrado el alta y se quedaban cumpliendo ese rol de controlar que se respetaran las normas y de aplicar las sanciones. Incluso algunos están certificados por cursos.
La Comisión reconoce que la palabra de los profesionales de la salud generalmente es desestimada por los operadores, directores y dueños de las instituciones, quienes imponen esta lógica como parte del funcionamiento del centro. “Se sostiene que las únicas personas capacitadas para acompañar una terapia por consumo problemático son quienes ya pasaron por esa misma situación y por ese mismo tipo de abordaje. Por eso proliferan cada vez más comunidades terapéuticas abiertas por personas que pasaron por otra, y que terminan siendo discípulos de los directores de esas comunidades y abren las suyas“, plantea Galeano.
Los dueños o directores delegan el poder en estos operadores que, a su vez, lo delegan en las propias personas internadas. Los internos que llevaban más tiempo dentro del organismo controlan a los recién llegados, vigilan que no se hable de consumir ni de sustancias. Además, si se enteran que un compañero quiere abandonar la casa, tienen que avisarle a un operador. Tanto querer irse, como no reportar las intenciones de otro compañero, suele ser castigado. Esta estructura jerárquica que se mantiene gracias a un sistema de vigilancia interno, permite que estos lugares se sostengan prácticamente sin ningún marco que los regule.
“Después de tantos años armando este diagnóstico, vemos que casi todas las comunidades terapéuticas del conurbano están conectadas entre sí. Vamos a una institución y nos nombran otra, vamos a esa y nos mencionan a un operador que ya habíamos visto en otra comunidad de otro punto del conurbano. Se va armando una red a partir de haber pasado por esa experiencia y del impulso de abrir una comunidad terapéutica propia”, señala la Directora del programa de Salud Mental de CPM.
“Me rompieron toda la casa. Se llevaron todo y desaparecieron“, dijo Mauricio. El propietario había alquilado una casa tipo quinta con seis habitaciones y dos baños, para lo que le habían dicho que iba a ser un “centro de rehabilitación”.
A pesar de no haber firmado ningún documento, Martín Velázquez y su socia, cuyo nombre Mauricio no recuerda, fueron los inquilinos durante tres años. Cuando se fueron, se llevaron sin dejar rastro todas las camas, colchones, sillones y mesas. Además, rompieron una bacha de mármol y el portón automático, quemaron la bomba centrífuga y robaron la bomba de la pileta.
El abismo entre la proyección de la Ley de Salud Mental y el presupuesto real
La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N.º 26.657 fue sancionada en 2010 y tiene como objetivo cambiar el paradigma respecto del modelo manicomial, basado en el encierro, la cronificación y la vulneración de derechos de las personas con padecimiento mental.
La ley promovió un abordaje interdisciplinario e integral del padecimiento subjetivo, entendiendo que el sufrimiento psíquico, como lo puede ser un consumo problemático, no puede reducirse únicamente a un problema biológico o individual, sino que se encuentra atravesado por dimensiones sociales, económicas y subjetivas.
Uno de sus cambios más importantes estuvo en los criterios de internación involuntaria. La ley sustituyó la lógica de “peligrosidad” por la de “riesgo cierto e inminente”, intentando limitar internaciones arbitrarias y el uso del encierro como forma de control social.
La ley vigente también establece la obligación de destinar progresivamente un 10% del presupuesto de salud al área. Sin embargo, el informe “Adolescencias y salud mental: brechas y tensiones en las políticas públicas”, publicado por Fundar en 2025, demostró que para el año 2023 la inversión real en salud mental de la Administración Pública Nacional representó apenas el 4,1% del gasto total en salud.
Por otro lado, un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, una ONG que se dedica a investigar y analizar políticas públicas y elaborar análisis dirigidos a funcionarios y organismos estatales, indica que la descentralización provincial y la atomización del sistema de seguridad social generan una brecha de equidad entre jurisdicciones y aseguramiento social. Es decir, provincias y fondos sociales con mayor capacidad financiera tienen más posibilidades de brindar atención, diferenciando la oportunidad y la calidad de las prestaciones con respecto a aquellos fondos de provincias y seguros más pobres.
Julieta Calmels, sub-secretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires, sostiene que el aumento de cantidad de padecimientos en la población general hace que haya un “problema epidemiológico de envergadura” lo que implica un aumento exponencial de todos los recursos de salud mental. “Ahí aparece un conflicto actual en el marco del desfinanciamiento de los servicios de salud y de la sobrecarga del subsector público que tiene que ver con lo presupuestario. Se limita la coparticipación en nuestra provincia y se retiran fondos de financiamiento específico de la salud en muchísimas otras áreas, incluida salud mental”.
La perspectiva clínica y una deuda pendiente
Alicia Donghi lleva décadas sentada frente a personas que llegaron a su consultorio por el mismo camino: alguien cercano, desesperado, decidió por ellas. Es licenciada y doctora en Psicología, especializada en adicciones y problemáticas del consumo, y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). Cuando se le pregunta qué consecuencia puede tener internar a alguien sin su consentimiento, no duda. “Ya arranca mal”, dice, “porque ya se está restringiendo un derecho del sujeto: la libertad“.
Para Donghi, el problema no es sólo ético, sino clínico: una persona que llega retenida, que no eligió estar ahí, que fue reducida en su propia casa y subida a un auto particular sin que ningún organismo estatal lo supiera, no puede construir el vínculo de confianza que cualquier proceso psicológico necesita para funcionar. “Si queremos manejarnos con la verdad para que un tratamiento sea productivo”, agrega, “tiene que poder confiar, no estar restringida. La propia abstinencia restringe”.
Calmels no se detiene a analizar en una institución clausurada en particular, sino en el sistema que la hizo posible. Para ella, un dispositivo que merezca llamarse espacio de cuidado tiene que tener en el centro a la persona: atender sus necesidades específicas, garantizar su autonomía, respetar su dignidad. “La internación involuntaria implica una restricción de la libertad”, dice, “y por eso requiere un control judicial en su aplicabilidad”. Nada de eso existía en Un Día Más. Ningún juez sabía que esas personas estaban ahí. Ningún organismo estatal había habilitado ese lugar. Y sin embargo, funcionó durante meses.
Donghi vuelve sobre algo que Calmels también señala desde otro ángulo: el paradigma abstencionista, esa corriente que considera como único objetivo válido de un tratamiento es que la persona deje de consumir para siempre, es en sí mismo parte del fenómeno. “No me gusta la palabra enfermedad”, dice Donghi. Para ella, el consumo problemático es un hábito, y como todo hábito, requiere un diagnóstico personalizado, un trabajo sobre el entorno, tiempo. No hay un plazo fijo, no hay una fórmula universal. Hay casos en los que la abstinencia total es el camino, y hay casos en los que el objetivo es un consumo más responsable. Lo que no puede ser, en ningún caso, es que la única opción disponible sea el encierro. “Hay que evitar quitarle la libertad”, dice, “porque quitarle la libertad también le quita la posibilidad de tener libertad sobre su propio proceso“.
Calmels coincide, pero agrega una dimensión que la referente de ARDA, también conoce bien: el conflicto no empieza ni termina en un centro clandestino. Empieza mucho antes, cuando una familia recorre consultorios, llama a obras sociales, golpea puertas y no encuentra respuesta. “Son necesarios dispositivos de internación voluntaria”, sostiene la subsecretaria, “que permitan un proceso más prolongado en el tiempo, a cargo de equipos de salud, con reglas propias de dispositivos“. Lo que ella describe es lo opuesto a “Un Día Más”: un lugar donde la persona entra porque quiere, donde hay profesionales que saben lo que hacen, donde las normas existen para cuidar y no para castigar. Ese lugar, en la mayoría de los casos, no existe o no es accesible. Y en ese vacío crecen, como hongos después de la lluvia, las comunidades terapéuticas clandestinas.
Donghi cree que la opinión pública tiene una idea prejuiciosa del adicto: “piensan que son chorros, delincuentes”. Esa idea, dice, es falsa y además es peligrosa, porque justifica que esas personas sean tratadas como si sus derechos valieran menos. Como si el encierro fuera una consecuencia lógica de lo que son, y no una violación de lo que merecen. Calmels lo dice de otra manera, pero apunta al mismo lugar: “Para incluir lo diverso se requiere que la sociedad desarrolle un trabajo de transformación cultural”. Transformación que todavía no llegó. Que llega tarde, siempre, como la clausura.
Porque eso es lo que quedó de “Un Día Más”: un portón cerrado, una quinta vacía en una calle de Luján, y más de veinte personas derivadas a otros lugares que, en muchos casos, no eran muy distintos. Melina y su equipo lo saben. Fueron a monitorear una de esas instituciones adonde habían ido a parar algunos de los que estuvieron en Un Día Más, y encontraron las mismas lógicas, los mismos castigos, el mismo sistema de control interno disfrazado de comunidad.
La Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) en conjunto con la ARDA elaboraron el “Primer listado de usuarios fallecidos en instituciones de salud mental de la provincia de Buenos Aires” e indica que el conteo de muertes dudosas en comunidades terapéuticas pasó de 20 casos relevados en su informe de 2024 a 28 a junio de 2026, en una planilla de registro que la organización actualiza de forma continua.
Se cierra uno y se abre otro. Con otro nombre, a unas pocas cuadras, en otra quinta. La dignidad de las personas que atraviesan un consumo problemático no es una conquista del sistema. Es, todavía, una deuda.
