A casi 20 años de la tragedia no natural más importante del siglo en nuestro país, el negocio de las discotecas habilitadas se ve mermado por las fuertes regulaciones, la clandestinidad y la situación económica.
La masacre de República de Cromañón dejó una marca indeleble en toda la sociedad argentina, por la muerte evitable de 194 personas y más de 1400 heridas. Empresarios de la noche explicaron a ETER Digital cómo el incendio de hace 20 años pasó a ser el puntapié inicial para volver más estrictos los controles, modificar el negocio y cambiar la cultura de las salas. Sin embargo, la cámara de boliches bonaerenses aseguró que “por cada discoteca habilitada, abren entre ocho y nueve no reguladas”.
Según Victoria Ferreira, productora y programadora artística, la primera gran diferencia que se notó en la cultura de los recitales de rock a partir de ese fatídico 30 de diciembre de 2004 es cómo la pirotecnia perdió su rol protagónico en los shows. “Casi de un día para el otro se desterró y que muchos de los más grandes artistas del país se hayan involucrado expresándose en contra de las bengalas fue muy importante”.
En relación a esto, Carlos Lopez, presidente de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Bares de la provincia de Buenos Aires (CEDIBBA), quien lleva 35 años en el rubro, sostiene que lo que pasó aquella noche fue la crónica de una muerte anunciada. “No fue la primera vez que pasó, más de diez años antes en Vicente López habían fallecido 16 chicos porque se incendió un techo de paja en la discoteca Kheyvis”, recordó.
El efecto dominó de esa noche de vísperas de año nuevo trajo consigo un proceso de reestructuración de los eventos masivos a lo largo y ancho del país, en el cual cada jurisdicción estableció nuevos parámetros de seguridad, prevención y capacidad. La puesta en marcha del Registro Público de Lugares Bailables, creado por decreto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), determinó las nuevas condiciones para el funcionamiento de estos establecimientos.
Entre ellas se destacan la obligatoriedad de que todos los revestimientos, entre ellos:
*Las aislaciones acústicas, sean de materiales no combustibles.
*La capacidad del lugar se establecía a razón de dos personas por metro cuadrado.
*Se debía contratar un servicio médico permanente.
*Se debía presentar un plan de evacuación suscripto por un profesional matriculado en la materia, con presencia en el lugar del personal responsable de llevarlo a cabo y un suplente.
Pero hay distintos criterios. Por ejemplo, en la provincia está establecido que la capacidad del local se mide a razón de una persona por metro cuadrado. López, apoderado legal del boliche Chankanab en el partido de San Martín, pretende que en el territorio bonaerense se incorpore el mismo método que en CABA: dos personas por cada metro cuadrado.
En primera instancia y ante la inmediatez de la norma, que fue el primer Decreto de 2005, a sólo horas de haber ocurrido Cromañón, eran muy pocos los recintos que lograban estar dentro de esos estándares. Esto provocó clausuras masivas y afectó los circuitos de música underground. Lopez sostiene que “el efecto rebote de esa noche fue una intervención excesiva para controlar por parte del Estado”.
Pero lo de Cromañón fue el resultado no solo del descuido estatal sino que también una cadena de negligencias por parte de Omar Chabán, desde duplicar la ocupación hasta poner en el techo algo que cuando se incendia es venenoso y hacer funcionar como local para recitales a un lugar que no lo era.
El presidente de CEDIBBA advierte que hoy los requisitos para poder habilitar una discoteca son muchísimos: “Necesitás un plano de obra aprobado por la municipalidad y contar con un estudio de ventilación, de luces, un plano electromecánico avalado por el colegio de técnicos, y tantos otros papeles de forma”. Además, cuando pasás las 600 u 800 personas te exigen que pongas bomberos, añadió.
Por su parte Pablo Dávila, licenciado en gestión de medios y entretenimiento y productor de Fiebre Disco Entertainment, advirtió que “las exigencias tan estrictas provocan que, para la persona que lo hace a consciencia y cumpliendo con todos los requerimientos, sea más difícil (conseguir la habilitación). Porque a la gente le molesta que la cacheen, que un seguridad le controle en la puerta si se va con dos teléfonos o que lo apunten con un láser”.
Lopez afirma que, como consecuencia de esos controles estrictos, durante los últimos diez años hubo un estallido de lo clandestino en el rubro: “Allí todo vale, cuando llega el verano, nosotros tenemos la estadística de que por cada discoteca habilitada, abren entre ocho y nueve no reguladas que pueden meter hasta 600 personas”.
El mismo empresario hace hincapié en que la actividad dejó de ser rentable: “Entre contratar seguridad de control de admisión y permanencia (CAP), los cuales necesitan un curso, gastos de luces, proveedores y pagar tasas que tienen las discotecas y ningún otro rubro, quedamos en números rojos”. Además, agrega que los dueños de boliches tienen “que pagar una tasa de seguridad e higiene con un seguro por actividad riesgosa”, cuyo “valor es sideral”. “Y no creo que por el solo hecho de desarrollar nuestra actividad de noche lo nuestro sea más peligroso que tener una curtiembre, donde podés intoxicar al personal”, comparó.
López también remarca que la pésima situación económica del país influye en la baja del trabajo. Afirma que es imposible llenar un baile cuando hay gente que come solamente una vez por día y que no tiene para salir. Y confiesa que algunas noches en su discoteca tiene “más matafuegos que personas”.
Por último, pide que haya reglas claras para el sector: “Hay que eliminar la clandestinidad para no desvirtuar el rubro, modular las tasas impositivas que recaen en el sector, que haya gente idónea realizando un espectáculo donde la gente vaya segura luego de tantas tragedias”, concluyó.
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