Es de noche y la cancha está encendida. Las tribunas empujan, las banderas se mueven sin parar y los fuegos artificiales iluminan el Gigante de Arroyito. Se canta, se graba, se festeja. En medio de ese griterío, muñecas inflables con cuerpos feminizados vuelan desde la popular hacia el campo de juego. Caen sobre el césped con los colores rojinegros. La escena se celebra. La imagen circula y genera repercusión. ¿Dónde termina el folklore y cuándo empieza la violencia?

El hecho fue el pasado 14 de marzo de 2026, en el partido entre Rosario Central y Banfield, donde también arrojaron bebés de juguete con camisetas de Newell’s. “Que los hinchas digan que es folklore no quiere decir que esas prácticas no impliquen una naturalización de la violencia”, advierte Sofía Basso, abogada rosarina e integrante de la Asociación Civil Colectiva de Abogadas Translesbofeministas. La situación, que se da en diferentes escenarios, generó reacciones diversas y reactivó una discusión que se extiende a otras canchas y redes sociales. 

El Observatorio de Mumalá, un espacio feminista que releva y visibiliza situaciones de violencia de género en Argentina, señaló lo ocurrido en aquel partido de Rosario Central como “una forma de violencia simbólica que utiliza el cuerpo de las mujeres como objeto de burla, humillación y sometimiento”. Advirtió, además, que este tipo de expresiones no solo impacta en el ámbito deportivo, sino también refuerza brechas que atraviesan a toda la sociedad. 

En ese sentido, la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres hace referencia a la violencia simbólica en sus artículos 5 y 6 donde habla de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que reproducen y profundizan desigualdades, naturalizan la subordinación de la mujer y pueden manifestarse en distintos ámbitos, incluidas las instituciones deportivas.

Estas prácticas no son nuevas y se repiten en distintos escenarios del fútbol nacional: desde figuras que representan al adversario en situaciones de violencia simbólica hasta intervenciones que, en muchos casos, apelan a la feminización como forma de ridiculización. 

“Somos una generación bisagra que logra ver que esto está mal, pero no está solucionado”, explica Soledad Boufflet, ex presidenta de la Subcomisión de Género del Club San Lorenzo de Almagro. Un ejemplo de esto se dio durante el clásico de Avellaneda, cuando hinchas de Independiente colgaron en las inmediaciones del estadio de Racing, múltiples muñecos de juguete con camisetas celestes y blancas, ahorcados del cuello como forma de burla.     

Otro antecedente fue en la previa del clásico de la Primera Nacional entre Güemes y Mitre, en Santiago del Estero. La dinámica es la misma: un muñeco colgado con los colores del equipo contrario. El patrón se repite: cambia el escenario, pero no la lógica.

Para Boufflet, la persistencia de estas conductas no es casual. En ese entramado se explica que conviven manifestaciones extremas con otras más naturalizadas, como el humor sexista o las chicanas que terminan construyendo sentido. Basso aporta otra dimensión al análisis: “Todo lo que se repite por inercia y no se cuestiona refuerza el paradigma en el que vivimos”.

Tras lo ocurrido en Rosario, hinchas y familias comenzaron a expresar su rechazo y a disputar el sentido de lo que se considera parte de la cultura futbolera. “En tanto no nos opongamos y repudiemos estas cosas, también somos responsables”, dice Boufflet remarcando que no solo queda la responsabilidad en quienes organizan estos actos, sino que amplía su mirada a la aceptación donde la naturalización se disfraza de tolerancia. 

La ex presidenta de la Subcomisión de Género del Club San Lorenzo de Almagro advierte que “hacer silencio nunca puede ser una opción” y remarca la importancia de trabajar en la prevención dentro del marco deportivo: “Todo construye sentido”. 

Mientras los clubes se presentan como espacios de “contención social y construcción colectiva”, en sus tribunas conviven prácticas que refuerzan asimetrías que esos mismos espacios dicen combatir. La contradicción no es nueva, pero cada episodio la vuelve más visible.

Para Basso, el foco debería ser la prevención y no el castigo. “La responsabilidad en términos de la pena, de la sanción, no sirve. Lo único que sirve es la prevención”, afirma y pone atención en la falta de políticas públicas sostenidas. Así también, la integrante de la Asociación Civil Colectiva de Abogadas Translesbofeministas señala que estos hechos se inscriben en un clima social más amplio, donde los discursos de odio circulan más y se cuestionan menos. Y agrega: “Sería muy hipócrita pensar que la sociedad no tiene responsabilidad. El Estado también la tiene cuando facilita escenarios violentos en los que esas prácticas emergen con impunidad”.

Las resistencias, sin embargo, siguen presentes. “Parece que volvió a estar de moda ser machista”, plantea Boufflet. Más que una tendencia, la idea también puede leerse como la vuelta a escena de prácticas que nunca desaparecieron, pero que hoy encuentran un clima que los habilita a expresarse con visibilidad, y eso pone en debate qué se tolera y qué se elige señalar. 

El fútbol, como espacio de pertenencia, no queda al margen de esas tensiones: las refleja, las amplifica y también las pone en discusión. Pero, en un ámbito donde todo se grita, se exagera y se festeja; hay expresiones que todavía pasan sin ser nombradas. No se trata solo de quién lo hace, sino de cuántos lo ven, lo celebran o lo dejan pasar. Y quizás la pregunta ya no sea solo qué es folklore, sino qué estamos dispuestos a llamar así.

*Estudiante de Periodismo deportivo a distancia.

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El Centro Comunitario de Villa Constitución huele a tierra mojada. Afuera, el temporal arrancó el techo y dejó hilos de agua que bajan por las paredes y se esparcen sobre el piso. Es viernes 6 de noviembre de 2025. Son más de las 19:30 horas. La ciudad está sin luz. Solo la luna ilumina la escena: mesas arrastradas, papeles apilados sobre mesas altas y un balde naranja que pasa de mano en mano.

En medio de la penumbra, una figura menuda se mueve con precisión. Alejandra Becerra —de 36 años, 1,70 metros de altura y pelo oscuro recogido— desplaza una mesa pesada sin perder la compostura. Viste camisola celeste, pantalón al tono y un perfume discreto que sobrevive al olor a humedad. Luce impecable, siempre. Aunque alrededor todo sea caos.

—Primero, saquen lo eléctrico —dice.

Tres mujeres la siguen y retiran lo que todavía puede salvarse. No alza la voz. No agita los brazos. Marca prioridades y el resto actúa. Las sirenas suenan lejos: la tormenta golpeó a toda la ciudad. Alejandra abre el portón trasero del Centro Comunitario. El alumbrado público vuelve. Suspira. Ya pasaron las 22. Queda trabajo. No se queja. Sigue.

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Nació el 5 de octubre de 1989 en Stella Maris, un barrio de Villa Constitución (Santa Fe) que mira al Paraná y se ubica sobre una barranca con vista al río y a los humedales. En los 90, ese barrio era de pescadores, calles de tierra y viviendas humildes. 

En esa casa de material sin revocar convivían 10 hermanos, un padre, una madre y dos abuelos que funcionaron como cimiento. Con ellos creció escuchando historias y consejos: con su abuelo Irineo, largas charlas a mate tibio; con su abuela Hipólita, peñas y complicidades.

A los 12 años —cuando todavía respondía al nombre de Alejandro— sintió que algo no encajaba. No conocía la palabra trans. Solo registraba un cuerpo que no coincidía con su identidad. En la casa no hubo gritos ni expulsiones, solo un silencio que impidió preguntas. Su primera forma de abrir camino fue decir: “Soy gay”. Una manera de existir sin quebrar el orden familiar.

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La adolescencia llegó rápido. “El cuerpo no ayudó”, dice Alejandra. A los 16, la prostitución apareció como una salida a la falta de recursos. Un trabajo que le dejó cicatrices para siempre. Pero, a los 23 dejó la noche y así empezó la vida que más tarde reconocería como propia. Un año más tarde registró el nombre que había elegido: Alejandra. 

—La empleada del Registro Civil fue la primera persona que me llamó así —dice.

Ese día sintió una emoción que todavía no puede describir. Después llegaron los otros trabajos: panaderías, rotiserías, cuadrillas de barrido. Pero la militancia había empezado antes. Desde los 15 participaba en actividades sociales, alentada por la conciencia social de su abuelo.

Una diputada que visitó la ciudad la escuchó opinar y la sumó a su equipo en el anexo del Congreso. Tiempo después presidió la Comisión Vecinal de Stella Maris y, al terminar su mandato, el presidente del Movimiento Solidario Constitución la convocó para integrarse a su equipo de trabajo.

Consultada por esos años, su abuela —una mujer de manos gastadas y voz baja— recuerda la historia con claridad. La vio caer y levantarse muchas veces. Habla de su capacidad para volver a empezar.

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Quienes la conocen mencionan un detalle que se repite en cada espacio donde entra: Alejandra camina con pasos cortos, medidos, casi sin ruido. No arrastra los pies ni acelera. Ese modo de desplazarse —silencioso, firme, exacto— es su marca.

Desde los 28 años sostiene una rutina estricta: a las 7 ya está en la puerta del “Movimiento Solidario”, abre candados, pone el agua para el mate y espera al equipo. “No habla al pedo. Hace”, dice Erika, su colaboradora de mayor confianza. “Un referente barrial de zona norte”, agrega otro que prefiere no dar su nombre. Y otro opina: “Todo pasa por ella. Es personalista”.

Alejandra escucha, evalúa, sigue. Sabe qué tipo de capital construye: el social. En el Municipio la llaman porque cumple. A los vecinos les destraba trámites casi todos los días. Cuando algo falta, la frase se repite en los barrios: “Preguntale a Ale”. Y el asunto, casi siempre, se resuelve.

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La tormenta terminó. El portón del edificio está entreabierto. Alejandra sale y mira la calle. Recuerda por un instante. Hoy vuelve a ese mismo lugar con algo que entonces no tenía: la certeza de que la identidad se afirma, la dignidad se pelea y la comunidad puede salvar tanto como una familia.

*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.

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El “mes rosa” comenzó teñido de rojo. Once femicidios en menos de dos semanas. Cada 28 horas, la inacción del sistema judicial se cobró –al menos– una vida. Y, de acuerdo con el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), fueron 196 mujeres las que corrieron este destino atroz en lo que va del año -escalando a 231 en noviembre-.

La secuencia fatal inició con casos hipotéticos: dos compañías petroleras publicaron en la red social TikTok videos de “la de marketing” metida en una bolsa de consorcio. Pese a las disculpas públicas, esa broma de mal gusto fue la antesala de un escenario que se presentó días después. 

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi aparecieron sin vida en Florencio Varela. Bajo el pretexto de una “fiesta VIP con una paga de 300 dólares”, una banda narco las secuestró y filmó su muerte. En redes sociales, la mayoría de los comentarios rondaban sobre lo mismo: fue una vendetta, no un femicidio. 

Los focos giraron entonces hacia el motivo de la “narcovenganza” y la captura de los implicados. Pero nadie dudó de los casos posteriores. Luego, en octubre resonaron las muertes de Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca; Daiana Mendieta en Entre Ríos; y Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba. Las primeras pericias determinaron que hubo premeditación, es decir, ensañamiento.

En el caso de Giardina, las denuncias, perimetrales, el botón antipánico, no fueron suficientes. Su expareja Pablo Laurta cruzó el Río Uruguay en kayak, se tomó un remis –con el detalle de que mató y descuartizó al chofer en el trayecto–, y acabó con su ex y su madre con dos disparos, para luego huir con su hijo. El año anterior, una pericia judicial había determinado que Laurta “no era peligroso”. 

Sin embargo, el femicida publicaba en la red social X mensajes como “No hay futuro en una sociedad donde las mujeres tienen un estatus mayor al de los hombres”, al mismo tiempo que lideraba Varones Unidos, un grupo de derecha que buscaba “incorporar una perspectiva masculina a las discusiones de género”.

Estado cómplice de la violencia contra las mujeres

En este presente, las políticas estatales para proteger a las víctimas de violencia –como el Programa Acompañar, la Línea 144, la Ley Brisa, Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones Sociales de Género– ya no se encuentran disponibles o van hacia ese rumbo. El Presupuesto 2026 prevé una reducción del 89% de los fondos destinados a las mismas.

“Formalmente se eliminaron del organigrama nacional todas las políticas públicas que teníamos para abordar la violencia machista. Es evidente que hay un aliento a no concurrir al Estado”, criticó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de MuMaLá en diálogo con Página 12. 

Mientras tanto, la violencia avanza sin freno. MuMaLá estimó que hubo 758 intentos de femicidio en el transcurso del 2025. De las mujeres asesinadas, solo un 14% se atrevió a denunciar a su agresor. 

Los discursos de extrema derecha profundizan esta situación. Aseguran que la violencia de género es “algo del feminismo”, un “invento para aventajarse de los hombres” en el marco legal. El Gobierno nacional incluso anunció que eliminará la figura de femicidio del Código Penal, dado que “ninguna vida vale más que otra”. Pero, ¿acaso la premeditación, la extrema violencia y la misoginia tampoco tienen peso alguno?

*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.

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