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La ausencia de políticas públicas limita el crecimiento de la agroecología

Acceso limitado a tierras, semillas y medios de producción. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada la situación empeoró con el desmantelamiento de áreas y medidas importantes para impulsar al sector.  

Créditos: Nicolás Pousthomis
Créditos: Nicolás Pousthomis

Muchas personas vuelven de la verdulería decepcionadas por comprar tomates con sabor a nada o frutas y verduras fuera de estación envasadas en plástico; cuando producir alimentos sanos respetando la biodiversidad de cultivos y a precios justos no solo es posible sino que es una realidad en expansión en el país. La Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) mostró que la superficie destinada a producción orgánica pasó de 5.000 a más de cuatro millones de hectáreas en los últimos 25 años. Y, según el Censo Nacional Agropecuario 2018, existen 2.300 emprendimientos agroecológicos y 408 biodinámicos

Si bien esto representa el 1% de la producción agropecuaria nacional, la agroecología está creciendo en todo el continente durante las últimas dos décadas, tanto en el ámbito productivo como académico. Con sus diferencias, estas cifras reflejan un cambio de paradigma en la construcción de alternativas para reconvertir el sistema agroalimentario en Argentina. Pese a este avance, la falta de políticas públicas limita el desarrollo.

Gráfico estudio Fauba

El Primer Congreso de Agroecología de los Pueblos realizado en la Universidad Nacional de Luján en junio de 2025 reabrió el debate sobre las dificultades que atraviesa el sector y la competencia desigual con el modelo convencional. El Gobierno de Javier Milei desmanteló la Dirección Nacional de Agroecología; otorgó beneficios impositivos al modelo agroexportador; redujo los aranceles a la importación de agroquímicos como el glifosato y atrazina; y desreguló el uso de drones para fumigaciones, lo que aumenta el riesgo para la salud de las personas y la posibilidad de contaminar producciones alternativas cercanas a través de la tierra y las fuentes de agua.  

***

Empieza el clima primaveral y en el ambiente se respira la mezcla de albahaca, menta y otras hierbas. De fondo las gallinas corren libres por extensos campos verdes. Pablo Sendra integra la Cooperativa de Producción Agroecológica de Marcos Paz (COPA) y es parte de la Corriente Social y Política Marabunta. En colaboración con Mercedes Bielawski se dedican a la horticultura, recolección de hierbas aromáticas y medicinales, crían gallinas fuera de jaulas y, en el último tiempo, incorporaron una incubadora para que nazca su primera camada de pollos. Elaboran, además, conservas; tinturas madres; comercializan huevos y miel; y hasta fabrican sus propios bioinsumos.

Sostener esta forma de producir, comercializar y autoabastecerse requiere un enorme esfuerzo colectivo. “Todos tenemos otros trabajos y, en los últimos meses, por situaciones particulares y la situación económicamente asfixiante varios tuvieron que dejar de trabajar en la cooperativa para dedicarse exclusivamente a otros trabajos en relación de dependencia”, cuenta Pablo. 

Izquierda: producción agroecológica / Derecha: producción convencional.

La desigualdad con el sector agroexportador es clara: acceso limitado a tierra, semillas y maquinaria, sumado a un Estado que concentra beneficios en grandes tenedores de hectáreas. La gestión actual vino a profundizar esas desigualdades: el informe sobre el desmantelamiento de políticas agroalimentarias en los primeros meses del Gobierno de Milei, elaborado por el CELS y la Fundación Rosa Luxemburgo, detalla las medidas tomadas en ese sentido:

  • Eliminación de la Dirección Nacional de Agroecología.
  • Eliminación de la Coordinación de Agricultura Familiar del SENASA.
  • Despidos masivos en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. 
  • Prohibición de investigaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre temas como cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, biodiversidad, huella de carbono; y el programa Prohuerta.

Este panorama agrava los problemas de un sector compuesto por pequeños productores y la agricultura familiar, campesina e indígena. Son los más afectados dentro del mundo agro por el encarecimiento del costo de vida y de los insumos. Por ejemplo, las maquinarias registran un aumento del 41%, los fletes que se utilizan para transportar la mercadería un 40%, a esto se agrega el incremento en la electricidad. 

La otra cara de la misma moneda es la imposibilidad de trasladar estas subas al precio final debido a una caída del consumo y la economía del país que entró en una etapa recesiva. Damián Vega, agrónomo agroecólogo y profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA, alerta que la eliminación de múltiples políticas públicas vinculadas a la agricultura familiar y la agroecología representan una traba concreta. 

“Bajo este gobierno hubo más de 900 despidos de técnicos y técnicas de todo el país que apoyaban a este sector clave. En el INTA se buscan cerrar las áreas vinculadas, se dio de baja el monotributo social agropecuario”, lamenta y sigue: “Esto lleva a que se dificulte acompañar procesos de transición agroecológica y socio organizativos en los territorios rurales que puedan representar un freno a este modelo del agronegocio”. 

No obstante, Damián señala una similitud entre las distintas administraciones del Estado nacional: “Durante los últimos gobiernos tuvimos una continuidad sobre el modelo productivo que predomina a nivel nacional. Se sostiene el extractivismo que se basa principalmente en producir para exportar sin atender los problemas sociales y ambientales, lo que golpea la perspectiva de soberanía alimentaria”. 

Por otra parte, el Informe Anual de la Soberanía Alimentaria en Argentina de la Red CALISA estima que cerca de 33 millones de hectáreas son tratadas con algún tipo de fertilizante, lo que representa casi la totalidad de los cultivos en el país si bien advierten que es una proyección ante la falta de datos oficiales. De la misma manera, en 2023 el INTA informó que se utilizaron 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros productos fitosanitarios. 

En Buenos Aires se detectaron plaguicidas en niveles superiores a los permitidos por la Unión Europea; mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, eliminó aranceles para importar glifosato y atrazina.

Pablo cuenta la realidad de Marcos Paz sobre el tema: “Presentamos denuncias por fumigaciones en zonas prohibidas por ordenanza municipal. Además, junto al equipo de salud colectiva y ambiente de la Universidad Nacional de General Sarmiento realizamos estudios para analizar el agua y el suelo donde encontramos trazas contaminantes de agrotóxicos incluso en establecimientos agroecológicos históricos del distrito y en escuelas rurales”. 

En la ciudad de Lobos, a partir de años de reclamos, la Justicia emitió un fallo que obliga al municipio a garantizar agua potable libre de agrotóxicos. En 2023, un estudio de Pesticidas Introducidos Silenciosamente (P.I.S.) reveló que uno de cada seis habitantes tenía glifosato en la orina. En esta misma localidad se denunció la primera fumigación ilegal con drones, luego de la desregulación de su uso anunciada por el ministro Federico Sturzenneger, a través del decreto 663/2024.

“La agroecología no es solamente un concepto para pensar un tipo de producción sino que es parte necesaria de la transformación estructural de las condiciones de vida en el campo, recuperando los modelos agroalimentarios ancestrales”, reflexiona Pablo. En ese sentido, Damián opina que para acompañar esos procesos organizativos “hacen falta políticas públicas que apunten a la autonomía de los territorios rurales”. Esto, según expresa, debe ir acompañado con la asignación de presupuesto, ya que crear organismos sin fondos no permite impulsar medidas que acompañen las transformaciones necesarias para nuestro sistema agroalimentario.

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. En Argentina, cada vez más familias se organizan para producir bajo estos parámetros. No es un problema de voluntad individual, es la necesidad de una política de estado para evolucionar del monocultivo a la biodiversidad y producir en armonía con la naturaleza y el buen vivir. 


*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.

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