SOCIEDAD
Masiva marcha universitaria federal: se potencia el reclamo al Gobierno por el financiamiento educativo
A más de 200 días del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la comunidad educativa volvió a ganar las calles exigiendo su implementación. En la Ciudad de Buenos Aires, miles de personas se manifestaron frente a la Casa Rosada desbordando las inmediaciones de Plaza de Mayo.
Por Sol Bajar y Alejandro Schebor
Eran las cuatro de la tarde y el centro porteño ya estaba tomado por una marea de banderas universitarias, pecheras sindicales, carteles improvisados y grupos de estudiantes, docentes e investigadores que se dirigían hasta la Plaza de Mayo. La cuarta Marcha Federal Universitaria, terminó convirtiéndose en una de las movilizaciones más importantes contra el gobierno de Javier Milei en lo que va de su gestión.
El ahogo presupuestario y el desfinanciamiento volvieron a poner en agenda el reclamo que se repite en aulas, laboratorios y hospitales universitarios de todo el país: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada hace siete meses por el Congreso pero sin aplicación efectiva por parte del Ejecutivo, que persiste en sus ataques a la ciencia y la educación superior.
Convocada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles, se estima que la movilización reunió a más de un millón de personas en todo el país: desde la comunidad educativa de cada universidad e investigadores del CONICET, a maestras de escuela, trabajadoras de la salud, integrantes del colectivo de la discapacidad, familias, personalidades del arte, la cultura y los derechos humanos, que desde temprano fueron colmando las inmediaciones de la Plaza de Mayo.
El Gobierno sostiene que la ley de financiamiento compromete el equilibrio fiscal y llevó el conflicto hasta la Corte Suprema. Pero la realidad lo desmiente. “Estamos ante una situación límite: desde el 2023 que no hay actualización presupuestaria, los salarios cayeron estrepitosamente, las becas estudiantiles disminuyeron y los gastos en infraestructura, en ciencia y en tecnología son iguales a cero, no existen”, aseguró desde la cabecera de la marcha a ETERDigital el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres.
En la ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Rivadavia hasta la Plaza de Mayo, esa realidad se hizo eco en cánticos de defensa a la educación pública y otros directamente dirigidos al gobierno nacional, que por todos los medios intentó instalar que la marcha estaba construida sobre la base de “mentiras”.
Las cifras, en cambio, explican gran parte del malestar que se expresó este 12 de mayo: según datos del CIN, las transferencias presupuestarias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023. Los salarios docentes y no docentes perdieron más del 40% de poder adquisitivo y, en muchos casos, quedaron por debajo de la línea de pobreza. En la facultad de Ciencias Exactas de la UBA renunciaron 438 docentes e investigadores desde diciembre de 2023. Según distintos relevamientos sindicales, siete de cada diez docentes universitarios cobran salarios netos cercanos a los 250 mil pesos.
Ese deterioro empezó a sentirse de manera concreta en las cursadas cotidianas. Docentes que toman trabajos extra como choferes de aplicaciones o repartidores; investigadores que migran al sector privado o dejan el país; estudiantes que abandonan materias para poder sostener jornadas laborales cada vez más extensas o por no poder siquiera pagar el transporte público.
“Vivo a casi dos horas de la facultad: tomo cuatro colectivos a la ida y un tren y dos colectivos a la vuelta. Estudio en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora porque me queda más cerca que la UBA”, cuenta a ETERDigital Rocío, estudiante de la carrera de Abogacía en esa casa de estudios del sur del conurbano. “La universidad pública es nuestro futuro. Soy hija de una persona con discapacidad, mi abuelo es jubilado. Vivimos con lo que gana mi tío, que es panadero. Estamos acá para que el gobierno sepa que vamos a seguir peleando por nuestro derecho, porque otros también lo hicieron antes por nosotros”, afirma mientras sostiene con sus manos un cartel que dice “La educación del pueblo no se vende, se defiende”.
En los días previos a la marcha, el conflicto educativo escaló judicialmente. La Cámara de Apelaciones concedió un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo y suspendió la aplicación efectiva de la ley hasta que se expida la Corte Suprema. La decisión cayó como un nuevo golpe y terminó alimentando aún más la convocatoria, con apoyos que llegaron desde diversos sectores.
Hacia el final de la tarde, la Plaza de Mayo quedó completamente colmada. Desde el escenario principal se leyó un documento consensuado entre las organizaciones sindicales, estudiantiles y autoridades universitarias convocantes. El texto reafirmó que existe un “deterioro alarmante del poder adquisitivo y un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo”.
“Esta situación ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años”, detallaron. A la par, remarcaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales no superó el 64% del que tenía en enero de 2023. Se esfumaron, según sus estimaciones, alrededor de nueve meses de transferencias presupuestarias.
“El oficialismo intenta negar el ajuste desconociendo la inflación, pero el congelamiento de los salarios y el presupuesto educativo es una forma directa de recorte. Eso es lo que venimos a denunciar junto a miles de estudiantes, docentes y no docentes”, dijo en diálogo con ETERDigital Christian Castillo, docente de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata. El también diputado del Frente de Izquierda, agregó: “No estamos discutiendo privilegios. Estamos discutiendo si el sistema universitario público puede seguir funcionando así, y la respuesta es no”.
“En las últimas semanas hubo paros, clases públicas, vigilias y jornadas de visibilización. En muchas facultades, las asambleas volvieron a llenarse. El enorme apoyo conquistado por esta nueva marcha educativa nos llena de fuerzas, pero no es suficiente. Necesitamos asambleas interclaustros para debatir, paros y todas las medidas que sean necesarias para arrancar nuestro derecho. No tenemos nada que negociar con un gobierno que los pisotea todo el tiempo”, agregó Lucía Ortega, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Además de la movilización porteña, que concentró a las universidades del AMBA, la protesta se replicó en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca, entre otras provincias. En todos lados, volvió a confirmar el enorme apoyo social que tiene la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Pero también dejó otra imagen, más incómoda: la de un sistema universitario que, aún movilizando multitudes, sigue atrapado en una crisis que todavía no encuentra salida.
Quizás ahí esté la escena más potente de la jornada. No solamente en la masividad. Tampoco en los discursos. Sino en esa insistencia colectiva: la de seguir defendiendo la idea de que estudiar, investigar, enseñar y producir conocimiento no puede ser un privilegio y que por eso, hay que defenderla con toda esa fuerza, organizada.
