Un recorrido por algunos de los derechos adquiridos por el colectivo LGBTQI+, que comienza con la primera marcha del orgullo, comandada por Carlos Jauregui. La identidad, la educación y el trabajo como ejes fundamentales de esta historia.
Un recorrido por algunos de los derechos adquiridos por el colectivo LGBTQI+, que comienza con la primera marcha del orgullo, comandada por Carlos Jauregui. La identidad, la educación y el trabajo como ejes fundamentales de esta historia.
Capítulo 1: Generación X
Una conquista más para el colectivo LGTBQI+: el documento no binarie. Te contamos las historias de quienes pudieron volver a nacer a partir de la oportunidad de ser nombradxs con su verdadera identidad auto percibida.
Capítulo 2: Educación para todes
A 9 años de la sanción de la Ley de Identidad de género presentamos su impacto en los distintos niveles escolares. Además, mostramos iniciativas locales que buscan la inserción educativa y la mejora de la calidad de vida del colectivo trans.
Capítulo 3: Travajo
La ley ” Loana Berkins- Diana Sacayán de acceso al empleo para el colectivo travesti, trans y transexual viene a reparar una larga historia exclusión y desigualdad. El cupo del 1 % en el sector público y en las empresas privadas habilita nuevas oportunidades para que la prostitución no sea la única opción.
A las ocho de la mañana, en el Taller de Ajuste de la Técnica 3 de Berazategui, el futuro del desarrollo productivo local se decide entre las herramientas que ya dieron todo lo que tenían. Mientras un grupo de estudiantes hacen fila frente al pañol para recibir limas desgastadas; la comunidad educativa intenta descifrar un número que duele más que el frío del invierno en el galpón: la eliminación del Fondo Nacional de Educación Técnica a través del proyecto de Presupuesto 2026.
Esta amenaza de vaciamiento que busca derogar el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional no es una medida legal clave en estos pasillos, sino que es el riesgo real de que el sonido de los tornos se apague definitivamente para miles de jóvenes junto con su sueños de ascendencia económica y social.
El pañolero entrega una sierra con la hoja gastada y susurra casi como un secreto de resistencia: “Es lo que nos queda, bancame hoy; a la tarde compro hojas nuevas para que uses”. El sonido de un torno viejo y mal lubricado resuena en el ambiente al mismo tiempo que, en un rincón, dos alumnos intentan resucitar un motor incompleto.
Anécdotas como estas sobran en la Educación Técnica a nivel nacional. Esta es la ironía de la Formación Técnica Profesional hoy: máquinas fuera de servicio que se convierten en material didáctico solo porque la voluntad de docentes y alumnos suple la falta de financiación estable. Pero, ¿cómo llegamos a esto?
Educación Técnica y su financiamiento desde los 60
En 1959 se creó el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), ente regulador de la modalidad, a partir de la Ley 15.240. La ley otorgó al organismo una caja propia gracias al fondo nacional, que se nutría a través de un impuesto específico aplicado a las empresas. Esta autonomía financiera fue clave: se estima que hasta 1976, en la totalidad de escuelas técnicas del país, se habrían egresado unos 14.000 alumnos con título de técnico y obrero calificado.
La financiación se quebró en la última dictadura cívico-militar al quitarse la subvención de las empresas. Y, en los 90, se vació la educación técnico específica forzando la creación de cooperativas escolares para el sostenimiento de la misma. El cambio de paradigma llegó en 2005 con la Ley 26.058 de Educación Técnica que restauró la titulación y creó el Fondo Nacional para el sostenimiento de las escuelas con esa orientación. Esa ley permitió la inversión de más de $5.800 millones entre 2006 y 2014 para el fortalecimiento de la infraestructura.
Hoy, el riesgo es volver a esa lógica. Actualmente, el ajuste redujo la inversión del 2% del PBI al 0.7% del PBI y en el Presupuesto 2026 se elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnica, derogando el artículo 52 de la Ley 26.058, y que afectaría a unos 773.291 estudiantes. En este contexto, Ariel Liberjen, director del Politécnico de Berazategui, detalló la urgencia: “Los fondos actuales son insuficientes: apenas alcanzan para cubrir aproximadamente el 20% de las necesidades reales de la institución”.
Liberjen explicó que, gracias a la cooperadora escolar, se llega con lo justo. Por otro lado, el director de la escuela que acaba de cumplir 60 años enfatizó que el riesgo es sistémico. “La prioridad más urgente es garantizar la continuidad del financiamiento. La Ley establece el derecho a recibir el 2% del PBI y su cumplimiento es esencial. Fortalecer la educación técnica es apostar al crecimiento sustentable y al trabajo argentino”, declaró.
Alumnos de química de la Técnica 3 de Berazategui en la muestra anual educativa.
Contexto actual argentino: la resistencia docente
A pesar de la incertidumbre que se expresa en las reuniones de dirección, en los pasillos de las escuelas técnicas la vida fluye al ritmo del esfuerzo. Los estudiantes de quinto año no hablan de partidas presupuestarias, sino de la necesidad de conseguir un rodamiento o un juego de llaves en desuso para terminar el nuevo auto eléctrico. La precariedad obliga a la inventiva diaria: es habitual que un docente pida a un alumno esperar para usar el multímetro porque “solo queda uno y lo están usando en otro curso”.
La vocación docente es la que sostiene la promesa de la escuela. El profesor Edgardo Britos es testigo de cómo los docentes compran materiales y herramientas de su propio bolsillo para que los proyectos no se detengan. “Es lindo que los alumnos aprendan con simuladores. Pero lo más importante es la práctica, el poder hacer, que se lleven eso como herramienta para el futuro”, expresó. Estos gestos de dedicación extra, tiempo sin remuneración y mantenimiento de instalaciones permiten que quede la satisfacción por el aprendizaje logrado.
Alumnos de Maestro Mayor de Obra de la técnica 3 de Berazategui.
El verdadero peligro de desfinanciar la Educación Técnica
La verdadera amenaza del recorte de fondos radica en la pérdida de oportunidades y el riesgo productivo nacional. El título técnico es un poderoso motor de movilidad: el INET registra que el 70% de los egresados continúa estudios superiores, y más de un tercio (37,1%) de los jóvenes de hogares informales logra ingresar al mercado laboral formal.
Egresados como Gastón Álvarez, recibido de Técnico Electromecánico en 2013, confirman la ruptura de la inercia: “La escuela me dio prácticamente las herramientas necesarias para defenderme económicamente en mi vida”. Al mismo tiempo, Lucas Deponte, también egresado, recuerda con mucha gratitud esos años de estudio y asegura que “le cambió la forma de ver la vida”, “creció en familia” y le dio “valores”.
Por tanto, el desfinanciamiento afecta directamente el desarrollo productivo. Al precarizar la enseñanza se reduce la mano de obra calificada que las fábricas necesitan generando así un círculo vicioso que amenaza con la precarización educativa, laboral y económica de las futuras generaciones.
“Se pone en riesgo el futuro de los chicos y de la patria”, advierte Britos al mismo tiempo que agrega, con orgullo, que ve en sus jóvenes alumnos un “gran motor de fuerza capaz de sacar el país adelante”. Es por ello que la resistencia de las escuelas es una lucha por el modelo productivo.
Automóvil eléctrico diseñado y fabricado por alumnos de la Técnica 3 de Berazategui.
A las diez de la noche, el jefe de Taller recorre el galpón aplicando aceite a las fresadoras y tornos. Luego entra al pañol a revisar el inventario consciente de que, a primera hora, deberá ver si lo que le queda de su sueldo alcanza para comprar las herramientas o materiales que faltan. Sabe que, aunque el presupuesto esté reducido, la vocación de enseñar y el deseo de aprender se renuevan cada mañana. La escuela técnica con sus herramientas oxidadas y sin financiamiento sigue luchando por ser el lugar seguro donde se forja el futuro productivo de la nación.
*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.
Eran las cuatro de la tarde y el centro porteño ya estaba tomado por una marea de banderas universitarias, pecheras sindicales, carteles improvisados y grupos de estudiantes, docentes e investigadores que se dirigían hasta la Plaza de Mayo. La cuarta Marcha Federal Universitaria, terminó convirtiéndose en una de las movilizaciones más importantes contra el gobierno de Javier Milei en lo que va de su gestión.
El ahogo presupuestario y el desfinanciamiento volvieron a poner en agenda el reclamo que se repite en aulas, laboratorios y hospitales universitarios de todo el país: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada hace siete meses por el Congreso pero sin aplicación efectiva por parte del Ejecutivo, que persiste en sus ataques a la ciencia y la educación superior.
Convocada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles, se estima que la movilización reunió a más de un millón de personas en todo el país: desde la comunidad educativa de cada universidad e investigadores del CONICET, a maestras de escuela, trabajadoras de la salud, integrantes del colectivo de la discapacidad, familias, personalidades del arte, la cultura y los derechos humanos, que desde temprano fueron colmando las inmediaciones de la Plaza de Mayo.
El Gobierno sostiene que la ley de financiamiento compromete el equilibrio fiscal y llevó el conflicto hasta la Corte Suprema. Pero la realidad lo desmiente. “Estamos ante una situación límite: desde el 2023 que no hay actualización presupuestaria, los salarios cayeron estrepitosamente, las becas estudiantiles disminuyeron y los gastos en infraestructura, en ciencia y en tecnología son iguales a cero, no existen”, aseguró desde la cabecera de la marcha a ETERDigital el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres.
En la ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Rivadavia hasta la Plaza de Mayo, esa realidad se hizo eco en cánticos de defensa a la educación pública y otros directamente dirigidos al gobierno nacional, que por todos los medios intentó instalar que la marcha estaba construida sobre la base de “mentiras”.
Las cifras, en cambio, explican gran parte del malestar que se expresó este 12 de mayo: según datos del CIN, las transferencias presupuestarias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023. Los salarios docentes y no docentes perdieron más del 40% de poder adquisitivo y, en muchos casos, quedaron por debajo de la línea de pobreza. En la facultad de Ciencias Exactas de la UBA renunciaron 438 docentes e investigadores desde diciembre de 2023. Según distintos relevamientos sindicales, siete de cada diez docentes universitarios cobran salarios netos cercanos a los 250 mil pesos.
Ese deterioro empezó a sentirse de manera concreta en las cursadas cotidianas. Docentes que toman trabajos extra como choferes de aplicaciones o repartidores; investigadores que migran al sector privado o dejan el país; estudiantes que abandonan materias para poder sostener jornadas laborales cada vez más extensas o por no poder siquiera pagar el transporte público.
“Vivo a casi dos horas de la facultad: tomo cuatro colectivos a la ida y un tren y dos colectivos a la vuelta. Estudio en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora porque me queda más cerca que la UBA”, cuenta a ETERDigital Rocío, estudiante de la carrera de Abogacía en esa casa de estudios del sur del conurbano. “La universidad pública es nuestro futuro. Soy hija de una persona con discapacidad, mi abuelo es jubilado. Vivimos con lo que gana mi tío, que es panadero. Estamos acá para que el gobierno sepa que vamos a seguir peleando por nuestro derecho, porque otros también lo hicieron antes por nosotros”, afirma mientras sostiene con sus manos un cartel que dice “La educación del pueblo no se vende, se defiende”.
En los días previos a la marcha, el conflicto educativo escaló judicialmente. La Cámara de Apelaciones concedió un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo y suspendió la aplicación efectiva de la ley hasta que se expida la Corte Suprema. La decisión cayó como un nuevo golpe y terminó alimentando aún más la convocatoria, con apoyos que llegaron desde diversos sectores.
Hacia el final de la tarde, la Plaza de Mayo quedó completamente colmada. Desde el escenario principal se leyó un documento consensuado entre las organizaciones sindicales, estudiantiles y autoridades universitarias convocantes. El texto reafirmó que existe un “deterioro alarmante del poder adquisitivo y un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo”.
“Esta situación ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años”, detallaron. A la par, remarcaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales no superó el 64% del que tenía en enero de 2023. Se esfumaron, según sus estimaciones, alrededor de nueve meses de transferencias presupuestarias.
“El oficialismo intenta negar el ajuste desconociendo la inflación, pero el congelamiento de los salarios y el presupuesto educativo es una forma directa de recorte. Eso es lo que venimos a denunciar junto a miles de estudiantes, docentes y no docentes”, dijo en diálogo con ETERDigital Christian Castillo, docente de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata. El también diputado del Frente de Izquierda, agregó: “No estamos discutiendo privilegios. Estamos discutiendo si el sistema universitario público puede seguir funcionando así, y la respuesta es no”.
“En las últimas semanas hubo paros, clases públicas, vigilias y jornadas de visibilización. En muchas facultades, las asambleas volvieron a llenarse. El enorme apoyo conquistado por esta nueva marcha educativa nos llena de fuerzas, pero no es suficiente. Necesitamos asambleas interclaustros para debatir, paros y todas las medidas que sean necesarias para arrancar nuestro derecho. No tenemos nada que negociar con un gobierno que los pisotea todo el tiempo”, agregó Lucía Ortega, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Además de la movilización porteña, que concentró a las universidades del AMBA, la protesta se replicó en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca, entre otras provincias. En todos lados, volvió a confirmar el enorme apoyo social que tiene la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Pero también dejó otra imagen, más incómoda: la de un sistema universitario que, aún movilizando multitudes, sigue atrapado en una crisis que todavía no encuentra salida.
Quizás ahí esté la escena más potente de la jornada. No solamente en la masividad. Tampoco en los discursos. Sino en esa insistencia colectiva: la de seguir defendiendo la idea de que estudiar, investigar, enseñar y producir conocimiento no puede ser un privilegio y que por eso, hay que defenderla con toda esa fuerza, organizada.
La reja está cerrada y detrás de los barrotes cuelgan fotos amarillentas, recuerdos que parecen hablar más fuerte que cualquier cartel de “cerrado”. Imágenes de una familia sonriente, de veranos en La Costa, de cumpleaños y meriendas compartidas. Una hoja impresa dirigida a “Vecinos Amigos” despide al barrio con gratitud: gracias por las charlas, por la confianza, por los años de compañía. Ese kiosco, que durante décadas fue punto de encuentro en Villa Pueyrredón, ya no está.
Durante años fue imposible caminar por esa esquina sin detenerse. Los chicos pedían golosinas o figuritas, los adolescentes buscaban una gaseosa antes de la plaza, las madres pasaban a último momento por un paquete de yerba, los jubilados encontraban conversación en medio de la rutina. El kiosco “Lo de Mirtha” no solo vendía caramelos: ofrecía un ritual, un espacio donde la vida barrial encontraba su ritmo.
“Yo crecí entrando a este kiosco. Era imposible ir al colegio sin pasar por acá, aunque fuera a saludar”, recuerdaSusana, vecina de la cuadra de Villa Pueyrredón. En su memoria se superponen las imágenes de la dueña detrás del mostrador, los niños con monedas apretadas en la mano, la costumbre de fiar hasta fin de mes. “No era un comercio cualquiera. Acá se sabía tu nombre, se preguntaba por tu familia. Era como entrar a la casa de alguien”, agrega.
Foto del cierre del emblemático kiosco ¨Lo de Mirtha¨ en Villa Pueyrredón, CABA.
El cierre no sorprendió del todo. Desde hace meses las ventas caían y los aumentos golpeaban fuerte. Según datos obtenidos del ARCA y difundidos por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA)cerraron más de 16.000 kioscos en todo el país en el último año. La inflación, el aumento de los alquileres y la competencia de grandes cadenas fueron un cóctel letal para estos pequeños refugios de barrio.
“Cada semana era remar en dulce de leche”, cuenta Nicolás, hijo de los dueños, quien ayudó en el local desde adolescente y sigue: “Los aumentos eran constantes: de proveedores, de servicios, de todo. La gente venía, pero ya no compraba como antes. Pasó de llevar varias cosas a pedir lo justo y necesario. Así no se podía sostener”.
El vicepresidente de la UKRA, Ernesto Acuña, en conservación con BAE Negocios compartió su preocupación ya que considera que son “un rubro en peligro de extinción”. De acuerdo a lo expresado en febrero de este año, en noviembre de 2024 habían 96.000 kioscos y hoy sólo quedan 59.850 en pie. Es decir, cerraron 36.150 kioscos y se perdieron más de 72.000 puestos de trabajo en los últimos dos años.
La cifra es alarmante: aseguran que cierran entre 50 y 70 kioscos al día en Argentina. “No se vende nada, tengo 27 años de kiosquero en Villa Urquiza y desde el 2001 que no veo nada igual; pese a que el último año de Mauricio Macri también fue muy difícil”, compartió Acuña.
Créditos: Medios Rioja
La escena final fue casi silenciosa. Los últimos días, quienes pasaban se detenían frente a la vidriera de “Lo de Mirtha” y descubrían las fotos pegadas como una galería improvisada: postales familiares que hablaban de la vida detrás del mostrador. Una forma de agradecer y de dejar huella. Porque más allá del negocio, lo que se cerraba era una historia compartida.
Ahora, donde antes había luz encendida hasta tarde, queda el eco de las risas y las conversaciones cortadas por el tintinear de la caja registradora. La calle parece más vacía, aunque el tránsito siga igual. Los vecinos aún se detienen frente a la reja, algunos hacen fotos con el celular, otros suspiran y siguen caminando.
Cuando un kiosco baja la persiana, no desaparecen solo los caramelos y las revistas del domingo. Se apaga una parte del barrio: ese rincón donde las rutinas se volvían encuentro, donde lo cotidiano se transformaba en memoria. Y aunque las fotos queden detrás del vidrio, entre barrotes, lo que se extraña está en la vereda: en la costumbre, en el saludo, en la certeza de que siempre había alguien esperando detrás del mostrador.
*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.
