SOCIEDAD
Accesibilidad en deuda: el transporte público en el AMBA
Para las personas con discapacidad, viajar es una experiencia incierta. Cada recorrido supone obstáculos y condiciones deficientes.
Viajar para las personas con discapacidad no solo implica trasladarse, sino también enfrentarse a un sistema que muchas veces no contempla sus necesidades. Cada recorrido supone anticipar obstáculos y depender de condiciones que no siempre funcionan: una rampa que falla, un ascensor fuera de servicio o un colectivo que no se detiene. Así, lo que debería ser parte de la rutina, se convierte en una experiencia incierta.
La parada está vacía. Emanuel levanta la mano cuando ve venir el colectivo, pero el chofer ni siquiera lo mira: pasa de largo. No es la primera vez. Suspira, mira la calle otra vez y vuelve a acomodarse en la silla. A sus 33 años, vive en Morón, provincia de Buenos Aires, y es usuario de silla de ruedas, una condición que, en ese contexto, define qué líneas puede tomar y cuáles no. Sabe que ahora empieza de nuevo la espera porque no cualquier colectivo le sirve. “El único que puedo tomar es el 97, y encima, la frecuencia es muy mala”, comenta resignado.
Cuando finalmente aparece otro, la escena cambia pero no tanto. El colectivo frena, alguien se acerca a ayudar y el chofer intenta bajar la rampa. “Tienen distintas formas de apertura las rampas: algunas son como una bandeja que sale de abajo del piso, y otras tienen una bisagra que se abre desde adentro, como una puerta, pero hacia afuera, hacia el cordón”, explica Emanuel.
Entre maniobras, manos ajenas y espacio que se hace a medias, logra subir. El viaje recién empieza. Aunque se maneja de forma independiente, en la práctica se ve limitado por un sistema que no está pensado para las personas con discapacidad. Depende de pocas líneas accesibles, muchas veces debe esperar largos períodos y, en ocasiones, ni siquiera logra subir.
Las fallas en las rampas, la falta de adaptación en muchas líneas y la necesidad de pedir ayuda para subir al colectivo evidencian una autonomía condicionada. Así, lo que debería ser un traslado cotidiano se transforma en una experiencia incierta y desgastante. “Todo depende de la frecuencia y de que no se me haya ido justo el colectivo en la cara. Pero bueno, de acá a Capital, tengo capaz entre hora y media o dos”, señala Emanuel.
Detrás de esa experiencia cotidiana hay un marco legal que, en teoría, garantiza condiciones muy distintas. En Argentina, las personas con discapacidad tienen derecho a viajar gratis en transporte público (colectivos, trenes y subtes) presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que incluso puede contemplar a un acompañante. Además, leyes como la 22.431 y la 25.644 establecen que las unidades deben ser accesibles, con rampas, espacios para sillas de ruedas y señalización adecuada.
El CUD es un documento oficial que acredita una discapacidad y permite acceder a derechos como cobertura del 100% en tratamientos, transporte, medicamentos, apoyos escolares y pensiones. Sin embargo, entre lo que dictan las normas y lo que sucede en la calle, la distancia es evidente: en la práctica, sobre todo en la Provincia, la accesibilidad sigue siendo una deuda pendiente y hasta la gestión del propio certificado puede volverse un obstáculo. Para obtenerlo, hay que atravesar una evaluación médica y social que varía según cada jurisdicción.
En la Ciudad de Buenos Aires podés sacar el turno por el sitio web del Gobierno o dirigirte a la Junta Evaluadora del GCBA – Centro Integral de Evaluación y Orientación de la Discapacidad, ubicada en Piedras 1281, de lunes a viernes de 8 a 18. Esto conlleva, sacar turnos con diferentes médicos para rellenar planillas y realizarse diversos estudios, para luego llevarlos a la junta evaluadora. Suele ser un trámite engorroso ya que, en la mayoría de los casos, la discapacidad es permanente y si o si tiene que concurrir la persona solicitante del certificado al turno de la junta evaluadora.
Lo que vive Emanuel no es una excepción. Desde la Fundación Rumbos, María Rodríguez Romero, del área de Políticas Públicas, explica que estas situaciones forman parte de un problema extendido y sistemático. A diario reciben denuncias de personas con discapacidad de todo el país y realizan relevamientos sobre transporte y espacio público que luego transforman en informes, presentaciones y reclamos ante organismos estatales.
“Nos llegan denuncias, hacemos relevamientos y difundimos datos sobre subtes, trenes, colectivos y el espacio público. Después trabajamos con la Legislatura, incidiendo en políticas públicas”, comenta. Rodríguez Romero señala que el foco está puesto en los usuarios concretos: en cómo circulan, o no, las personas por la ciudad.
Las barreras empiezan incluso antes de subir a un transporte. “El espacio público en sí ya es muy complicado: veredas rotas, pozos, cruces peatonales con obstáculos, veredas invadidas, entonces eso ya es un problema”, explica. En ese contexto, el transporte público no solo resulta insuficiente, sino también imprevisible. Al respecto, la integrante de Fundación Rumbos remarca: “No es confiable. Las rampas de los colectivos a veces funcionan y a veces no. Depende también de la voluntad del chofer”.
Esa falta de previsibilidad se repite en toda la red. Solo un tercio de los subtes tienen ascensores en ambos lados, y muchas veces están fuera de servicio por falta de mantenimiento. En cuanto a los trenes, algunos tienen andenes accesibles, y en otros casos directamente no hay alternativas. “No hay taxis adaptados. Si una persona necesita viajar en silla de ruedas, es muy difícil”, ratifica Rodríguez Romero.
Las consecuencias exceden el momento del viaje. “Todo esto complica muchísimo la autonomía. Para ir a trabajar o estudiar, muchas personas terminan dependiendo de un familiar o gastando más plata en otras opciones”, explica. Además, Rodríguez Romero agrega que la participación social también se ve limitada por estas barreras cotidianas. El punto central es que la accesibilidad no puede pensarse como un complemento, sino como una condición básica.
Esa falta de accesibilidad se traduce en recorridos concretos, con tiempos, decisiones y estrategias propias. Nicolás tiene 29 años, vive en Merlo, estudia programación y trabaja como ingeniero de datos. Tiene una discapacidad motriz: mielomeningocele e hidrocefalia y, como Emanuel, organiza su rutina en función de un sistema que no siempre responde.
En su caso, el viaje empieza incluso antes de llegar a una parada. “Donde vivo recién ahora están haciendo cordones, antes era todo tierra. No había vereda”, comparte. Aunque puede manejarse con bastones, el entorno ya condiciona el traslado desde el primer tramo.
Para llegar a la universidad tiene que combinar varios transportes y tomar decisiones en el camino: “Voy hasta Morón y ahí sí espero un colectivo que tenga piso bajo”. La accesibilidad, en su caso, no es una garantía, sino algo que tiene que ir evaluando en cada tramo del recorrido.
Las dificultades aparecen en detalles que se repiten todos los días. “Los cordones están demasiado rotos. A veces tengo que pedir que muevan el colectivo para poder subir”, asegura. Nicolás acumula experiencias que todavía lo marcan negativamente. Desde un chofer que se negó a llevarlo de chico, le dijo a su papá que “gente con bastón no llevaba”; hasta situaciones de riesgo, como cuando lo arrastró un colectivo al arrancar antes de que pudiera subir.
Como en el caso de Emanuel, la autonomía aparece condicionada. “Recién a los 19 años pude manejarme de forma independiente”, dice. Y aún hoy, la experiencia está atravesada por la incertidumbre: la frecuencia irregular en provincia, la falta de accesibilidad en muchas unidades y la necesidad constante de anticipar obstáculos.
Pero hay quienes, frente a ese mismo escenario, toman otra decisión: dejar de usarlo. Alahi Bianchini tiene 36 años, es profesora y becaria postdoctoral en filosofía, y durante años se movió en transporte público hasta que encontró un límite. Tiene una discapacidad motriz, una paraplejia flácida, y se desplaza con bastones canadienses. Caminar le implica un esfuerzo constante: “Puedo hacer cinco cuadras, pero me canso mucho y me agito rápido”. En ese contexto, cada viaje suponía un desgaste acumulativo.
“Usé mucho tiempo el transporte público, pero hoy casi no lo uso”, cuenta. La decisión no fue inmediata, sino el resultado de una experiencia repetida. “Esperar el colectivo ya era un problema. Yo puedo estar parada un tiempo, pero a la media hora me canso mucho y necesito apoyarme en algún lado”, señala Bianchini.
A esa espera se le sumaban recorridos poco eficientes y exigentes. “Muchas veces me dejaba lejos y tenía que caminar bastante. Llegar a un lugar ya era muy difícil”, explica. Incluso una vez arriba del colectivo, las dificultades continuaban: la incertidumbre de conseguir asiento, los frenazos bruscos, la necesidad de anticipar cada movimiento del cuerpo para no caerse.
El punto de quiebre llegó cuando apareció otra alternativa. “Apenas pude comprar un auto, empecé a aprender a manejar”, recuerda Bianchini. No fue un proceso sencillo: necesitó de un vehículo adaptado, tomó clases con doble comando y atravesó miedos e inseguridades. Pero el cambio fue decisivo: “Lo que gané en autonomía compensa todo lo demás”.
Manejar no solo transformó sus traslados cotidianos, sino también sus posibilidades laborales y su independencia. Sin embargo, sostener los gastos del auto también se hace difícil. “Tengo un Volkswagen Gol 2017 y ya no puedo llenar el tanque como antes. Voy llenando de a poco, de a $30.000 o $50.000”, comenta preocupada y agrega: “Cada vez estoy pensando más cuanto recorro”.
Al final del recorrido, las experiencias se acumulan en algo más que anécdotas aisladas: construyen una forma de habitar, o no, la Ciudad. Las tres experiencias son distintas, pero confluyen en una misma idea: la de un sistema que no está pensado para quienes más lo necesitan.
Cuando se les pide que lo definan en una palabra o frase, las respuestas condensan esa experiencia. Para Nicolás es claro: “Viajamos como ganado”. Alahi va más allá y lo define como “imposibilitante”. Emanuel, en cambio, lo describe en términos más amplios: “Antiguo. Retrógrado. Fuera de época. Estamos en pleno 2026 y en otros lugares hay otra preparación, otra adaptación. Acá falta muchísimo todavía”.
Entonces, lo que aparece no es solo una dificultad para moverse: es una Ciudad que, en la práctica, no está pensada para todos. Cuando el transporte falla, deja de ser un derecho garantizado y pasa a depender de quién puede adaptarse y quién no.
*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.
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