Ñoquis, acomodados, planeros: muchos prejuicios y mitos giran en torno al empleo público. Tras el plan de despidos masivos en la era Milei se vislumbra una cara muy distinta del empleo público. La precariedad y volatilidad ligada al cambio de gestiones dejaron en evidencia que ese ámbito, anhelado anteriormente por su seguridad y estabilidad laboral, ya no existe como tal. ¿Qué pasa cuando el Estado, que debe proteger a los empleados, los violenta?
Un logo rosado de la Casa Rosada cuelga de la pared, también rosada. Contrasta con los delantales celestes de González y Flora. Sobre el mostrador de mármol, un termo gigantesco y una bandeja de facturas. Por encima de los hombros de Flora, una chalina vieja. El personaje de Antonio Gasalla barre el piso de esta sede presidencial imaginaria y oculta la mugre detrás del escritorio.
Maquillajes grotescos, peinados pasados de moda, gritos y lenguaje vulgar: estas dos falsas empleadas públicas discuten por nimiedades hasta la irrupción de un personaje famoso. Así se inicia el paso de comedia más exitoso del prime time argentino. Así nos reímos de la visión colectiva del comportamiento de los empleados públicos, poco colaborativos y maleducados.
En julio de 2022, Diego Cabot (diario La Nación) habló con Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en base a publicaciones del Ministerio de Economía. En ese entonces, ella indicó que en el año 2000 prestaban servicios para los diferentes niveles del Estado entre empleados municipales, provinciales y nacionales a 2.193 millones de personas. En ese año, esa cifra llegó a 3,899 millones, es decir, que el empleo público creció 78% en lo que va del siglo.
El crecimiento se le adjudica mediáticamente a las dos gestiones de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner en las que se sumaron un millón de trabajadores a la planta (un aumento del 37%). Sin embargo, estos datos pueden ser engañosos: la información fidedigna (y la falta de ésta) sobre el empleo público en sus formas flexibilizadas puede ser la clave para entender este crecimiento como consecuencia de las reincorporaciones al sistema de las salidas indirectas tras la reforma estatal producida en 1989.
Milei y su motosierra en el Estado
Con la búsqueda del déficit cero como estandarte, el Presidente, Javier Milei, estableció un plan de desbaratamiento del Estado en el que los empleados públicos se convirtieron en el blanco, literal y figurativo, de su motosierra económica. Los empleados públicos se volvieron objetos de injurias y de reproducción de estereotipos por los que son percibidos como “planeros” que solo cobran un sueldo sin trabajar.
El oficialismo retomó y profundizó el discurso de un sector (alimentado mediáticamente) que entiende que “subsidia con sus impuestos” los salarios de trabajadores públicos innecesarios. La negativa a la renovación de contratos temporales, el recorte a las horas extras a través de las que se compensan los bajos salarios y hasta el cierre de instituciones fundamentales para la vida democrática argentina como la agencia de noticias Télam, fueron algunas de las estrategias a través de las cuales el gobierno libertario hizo uso de una fuerza dispar entre el Estado empleador y sus trabajadores.
Mucho se habla de exceso de trabajadores en la estructura pública pero desde la Casa Rosada no otorgan cifras confiables. El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refiere a ellos como “empleados militantes” alimentando la narrativa de que aquel que trabaja en el Estado recibe un salario únicamente como recompensa a su militancia política.
El funcionario anunció en marzo pasado (con una media sonrisa) el despido de 70.000 trabajadores, pero luego se desdijo y confirmó que eran hasta el momento 15.000 familias las que se habían quedado sin un ingreso. “El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo”, aclaró luego Adorni.
La Administración Pública Nacional, donde el Poder Ejecutivo tiene competencia en materia de despidos, contabilizaba a enero de este año un total de 333.853 trabajadores, que incluyen desde la administración centralizada (ministerios y presidencia), los organismos descentralizados (como el ANSES, PAMI, la Gendarmería y la Prefectura) y las empresas del Estado (como el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas). En total, en los 138 organismos con datos a enero pasado proporcionados por el INDEC, hay 35.124 personas trabajando con contratos temporales; en algunos casos llevan décadas cumpliendo funciones sin el pase a planta.
El principio de estabilidad, la normativa que rige para todos los trabajadores del empleo público contemplada en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional, establece la plena estabilidad de los trabajadores del Estado de la planta permanente por la que no pueden ser despedidos de sus puestos de trabajo. “Es una medida pensada en pos de garantizar a los empleados estatales una protección laboral por sobre los cambios de gestión que se producen cada cuatro años”, resume Tamara Rossi, abogada especializada en derecho laboral.
El trabajo Estatal en las últimas décadas
Carlos Saúl Menem, a partir de su política económica neoliberal y a través del Consenso de Washington, estableció en 1989 una reforma en el Estado que implicó la transformación en la relación del Estado-empleador con sus trabajadores. A través de la Ley de Emergencia Económica y el impedimento de contrataciones de personal estatal en pos de la reducción del gasto público, la prohibición de cubrir vacantes ante la renuncia o retiro de empleados de planta permanente buscaba reducir paulatinamente la planta de empleados públicos.
Por su parte, la Administración Pública Nacional (APN) atravesó transformaciones que generaron gran heterogeneidad en las condiciones de contratación de los trabajadores públicos que se mantienen hasta hoy. A medida que la economía comenzó a crecer y el Estado comenzó a necesitar sumar empleados para su funcionamiento, durante los 90 se inició una re-contratación bajo nuevas formas precarizadas como la provisión de servicios y la asistencia técnica.
La habilitación a entes y organismos de la Administración Nacional para la contratación de prestaciones de servicios en el sector privado por tiempo determinado otorgó al empleador reducciones en las contribuciones patronales que fueron el punto de partida para la habilitación de la flexibilización laboral por parte del Estado.
La determinación de permitir el uso de este tipo de contratos temporales, en el marco de programas de emergencia ocupacional, desarrollaron una lógica de vinculación en la que al no estaba reconocida la relación de dependencia, porque antes los trabajadores no tenían acceso a derechos como la cobertura previsional, el sistema de salud de las obras sociales, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnizaciones, entre otras.
“Hay una crítica a los últimos 30 años de gobiernos porque se ha profundizado y aumentado la cantidad de trabajadores del Estado que se encuentran contratados de forma irregular. Esto se ha hecho para contrarrestar el principio de estabilidad”, señala Rossi que forma parte del equipo de legales de la Defensoría de los Laburantes que ofrece asesoría y acompañamiento legal a trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. A través de estas modalidades se pueden realizar modificaciones sustanciales sobre el plantel de trabajadores públicos.
Según la letrada, en nuestro país se fueron desarrollando técnicas legislativas “poco claras en desmedro de los empleados” que tienen que ser recontratados anualmente. “Esto hace que existan miles de trabajadores que trabajan hace años en el Estado pero que no tienen garantías laborales”, amplía.
La presión de los trabajadores organizados logró entonces, durante el gobierno de Menem, otra forma de contratación flexible: la “planta transitoria”. Según el informe sobre Empleo público en Argentina de la Universidad de Santiago del Estero (2020) a partir de los cambios normativos conviven en la APN tres formas principales de contratación con nivel creciente de precariedad:
- El contrato de planta permanente.
- El de tiempo determinado o planta transitoria.
- Los mal llamados “contratados”, que agrupan a todos aquellos que facturan sus servicios como trabajadores independientes, ya sea en forma directa a algún organismo público, o mediante algún organismo internacional o alguna Universidad Nacional. Estos últimos se encuentran en una situación de mayor precariedad ya que sus servicios ni siquiera son contratados por el organismo para el que los prestan y no suelen figurar en las estadísticas de empleo que publican los organismos, quedando invisibilizados en su carácter de empleados públicos informales.
Ser empleado público hoy
Alejandra González trabaja en el Estado hace más de 15 años. Primero, lo hizo en el Ministerio de Planificación y luego en el Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) en el área de comunicación digital. “Las condiciones de contratación son de precariedad, siempre lo fueron. La mayoría de los trabajadores estamos bajo modalidades de contratación y tenemos que renovar contrato. Antes las renovaciones eran cada año y ahora las renovaciones son cada tres meses”, relata.
En este sentido, Rossi explica el motivo por el que se mantiene hace años estas modalidades de contratación: “Una intención de quienes han estado ocupando espacios de poder es controlar y manejar quién es empleado estatal y lo han realizado a través de las contrataciones temporales, que siguen la lógica del sector privado que se inclina a una mayor precarización”.
Irina Dambrauskas estuvo contratada durante dos años bajo la modalidad 11/09 en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esta modalidad le concedía una contratación anual, por lo que cada año su fuente de ingresos era puesta en duda. “ Yo era una prestadora de servicios del Estado, no era legalmente una trabajadora estatal pese a serlo. No tenía ningún tipo de derecho laboral, no tenía vacaciones y la obra social era la del monotributo”, relata la fotoperiodista.
Este tipo de contratación que comenta Dambrauskas no permite la afiliación a algún sindicato pero permite una afiliación “virtual”, a través de las cuales los sindicatos del Estado acompañan los reclamos por los ceses de contratos de los empleados del convenio 11/09. Dambrauskas recalca que “te dan a elegir” entre contratarte como monotributo por un salario o en blanco por 30% menos del sueldo. “Es una forma de extorsión de tus derechos en base a los ingresos y tu necesidad”, lamenta.
El empleo público en Argentina se enfrenta en la actualidad a una serie de prejuicios arraigados y construidos durante décadas, que desdibujan la realidad y permiten la degradación de la multiplicidad del trabajo realizado en el Estado.
Símbolo en el pasado de seguridad laboral y estabilidad, la situación del empleo público se transformó drásticamente. Los derechos adquiridos se vuelven imágenes borrosas de un pasado lejano.
En medio de una campaña mediática autorizada por la opinión pública, los despidos masivos y discursos que los estigmatizan, los empleados públicos se ven sometidos a una precariedad que contrasta con el verdadero rol del Estado, garante de los derechos laborales de los ciudadanos.
*Estudiante de la carrera de Periodismo.
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