El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) estima que, desde que comenzó la gestión de La Libertad Avanza, hubo veinticinco mil trabajadores despedidos en el Estado. La tanda de junio/julio se concentró en la Secretaría de Derechos Humanos.
“El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa del 28. Ese mismo día llegaron las listas a las dependencias estatales con los trabajadores a los que se les renovaría el contrato, los que no aparecían, debían sacar sus propias conclusiones.
Es la tercera vez que llegan listas con los renovados, y ese viernes Marilyne Joncquel, trabajadora del excentro de detención El Olimpo, no se encontró. Ya corrían los rumores de que esta tanda de despidos se iba a concentrar en las designaciones de Derechos Humanos, tal como en las anteriores le había tocado al exMinisterio de Mujeres, Género y Diversidad.
Son 82 los despedidos en la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, entre los que están algunos de los 23 reincorporados de la tanda de marzo. Son trabajadores de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, de la Dirección Nacional de Formación, del Centro Cultural Haroldo Conti, del Centro de Asistencia a la Víctima Urzola, de la Dirección de Políticas Reparatorias, de la Dirección Nacional de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, del Archivo Nacional de la Memoria y la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria.
Es una tarea engorrosa intentar entender cuántos trabajadores tiene la Secretaría, Marilyne lo resume en que el “Estado es el primer precarizador”. En la dependencia priman tres tipos de contratos. Por un lado, están aquellos que son planta permanente, son quienes obtienen los beneficios propios del empleo registrado. Por otro lado, los llamados contratados de artículo nueve o resolución cuarenta y ocho, como es el caso de la mayoría de los afectados, y de Marilyne, quiénes le prestan servicio al Estado mediante una contratación, antes anual, pero ahora trimestral. Los trabajadores gozan de vacaciones y aguinaldo, pero no de indemnizaciones. También están los empleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo, que dependen de una empresa privada que existe dentro del Ministerio de Justicia: 32 de los 82 despedidos pertenecen a este arreglo.
Marilyne estaba abocada al área de comunicación y al área de articulación territorial comunitaria. Ella desarrollaba visitas guiadas en el excentro clandestino de Floresta y coordinaba prácticas universitarias con la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Hace trece años que trabaja allí, pero recién seis días después de enterarse que su contrato no iba a ser renovado, le llegó una comunicación por parte del Estado que confirmaba el fin de su relación laboral.
— Sí, había rumores y sospechas. Temíamos que podía venir un ataque fuerte porque habíamos, de alguna manera, zafado las veces anteriores — recapitula.
Desde que empezó la gestión de Javier Milei, las dependencias del Estado Nacional se volvieron parte de un PRODE en el que cada dos meses y medio los medios de comunicación oficialistas y las redes sociales comienzan a arriesgar que área o secretaría será desmantelada.
Octavio Rampoldi, delegado de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos y trabajador del Archivo Nacional de la Memoria, se queja de que “en la única reunión que hubo con la gestión” solo dijeron que iban a “evaluar los planteos” que le hacía el sindicato sobre los despidos.
— En ningún momento hubo argumentos, ni criterios. Han despedido gente con 25 años de trabajo, gente con licencia médica, gente en tratamiento oncológico, gente que hace trabajos muy específicos que si los echan nadie más los va a seguir haciendo.
Según se explaya Marilyne sobre el caso del exOlimpo, son seis los trabajadores despedidos, un tercio del total. Le preocupa especialmente el despido de los arqueólogos y de aquellos trabajadores encargados de la conservación, “que permiten que estos edificios se preserven y no se caigan a pedazos”. Por eso argumenta que estas decisiones gubernamentales “ponen en riesgo la existencia física de estos lugares”. Ella está convencida de que hay una “intención” de que los espacios de memoria cierren y pierdan la “visibilidad física y simbólica” que tienen.
— Entendemos que si los edificios se deterioran quizás se puedan instalar otras cosas…Proyectos inmobiliarios…no sabemos bien.
Echar gente de las dependencias de DDHH no comprende ninguna violación legal, pero desaparecer los sitios de memoria, sí. La Ley de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado (N°26691) garantiza su “preservación, señalización y difusión”, por lo que abandonarlos, cerrarlos o hasta esconderlos va en su contra. El deber de los sitios de memoria no se agota en su tarea educacional, en ser pedazos de historia, en difundir conocimiento de la peor etapa de nuestra historia, sino que deben ser conservados por su “aporte” a las investigaciones judiciales, para ser garantizarse como material probatorio de las declaraciones de las víctimas de los delitos de lesa humanidad.
—Entendemos que esta es una nueva avanzada del intento de borramiento al que se resistió durante los 90 —refuerza la trabajadora.
Además, insiste en que los despidos del Estado “vienen a atacar dos lugares claves”: género y Derechos Humanos.
— Están profundizando lo que ellos plantean como la batalla cultural, del exMinisterio de las Mujer, Género y Diversidad eliminaron al 80% de su planta, ya no alcanza ni para atender la línea 144.
Julia Amore es coordinadora del Programa de Diversidad Sexual y Género, al menos lo era cuando el Ministerio de Justicia llevaba el “y Derechos Humanos de la Nación” a su derecha. No solo estaba a cargo de la “diversidad sexual” cuando llegó Milei a la presidencia, razón suficiente para convertirse en el blanco perfecto del odio libertario, sino que Julia es una mujer trans, quien llegó a su trabajo mediante el cupo laboral travesti trans, que, a pesar de que el Gobierno lo disfraza de derogado, sigue vigente.
En marzo le dijeron a Julia que tanto su contrato, como el de otros 160 compañeros, no iban a renovarse, se iban a dejar vencer. ATE inició un plan de lucha para su reincorporación, junto con la de otros colegas que querían conservar su trabajo. Ante la negativa del Gobierno, ATE negoció priorizar a aquellos que contaban con cupo por discapacidad y con cupo laboral travesti trans.
—Es muy difícil conseguir trabajo siendo trans, tenemos instalado en el inconsciente colectivo de que una travesti es o prostituta o peluquera.
Julia expone una situación “gravísima” en la comunidad travesti trans que logró ingresar al Estado. Ella cuenta que hay más de cien personas que ingresaron y que en algunos casos fueron despedidas y que no se está respetando la Ley. Recuerda que el Estado “tiene que cumplir” con un mínimo y cree que es una buena oportunidad para recordarle a los privados que la contratación de personal travesti trans trae “incentivos en cuestiones impositivas”.
El delegado de ATE niega que estos despidos tengan que ver con algún achique del Estado: “No se trata de una cuestión de ahorro impositivo o de ahorrar plata”, aclara. Toma el ejemplo de la CONADI y denuncia su vaciamiento intencional y el desarmado de la unidad de investigación, “la que busca a los nietxs que tienen su identidad no restituida”. Es por eso que el jueves cuatro de julio la Plaza de Mayo fue el punto de encuentro entre los trabajadores de la Secretaría, el sindicato, Madres, Abuelas, y organizaciones de Derechos Humanos.
—Sumale que definieron en el Ministerio de Defensa que los únicos que podrán tener acceso a los legajos y a los archivos de la dictadura serán miembros de las Fuerzas Armadas.
Con el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, luego de 14 años de la resolución ministerial 308/2010, se restringió el acceso a los legajos de las Fuerzas. Es por eso, que, por ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales realizó un informe para alertar sobre la urgencia en que se tomen “medidas de preservación de la documentación para sostener el trabajo de memoria, verdad y justicia”.
“Sabemos de pelear, de luchar, de insistir”
Los trabajadores de la Secretaría intentan hacerse más presentes en los recintos. Ya estuvieron en la Legislatura Porteña, junto a organismos de Derechos Humanos planteando la importancia de que se reincorporen a los despedidos, no solo por ellos, sino porque “pone en riesgo” el cumplimiento de las leyes de políticas de memoria.
Por otro lado, para presionar a Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos, están llamando la atención de juristas y organismos internacionales. Según cuenta Octavio, tuvieron “poco contacto” con Baños porque “él interrumpió el diálogo”.
Fueron al Congreso Nacional, se reunieron asambleas unificadas y pusieron carteles en los espacios de memoria que denuncian los despidos y su desfinanciamiento.
—No pueden cerrar los sitios, pero sí vaciarlos: de contenido, de trabajadores y de recursos, para que quede un lugar sin nada. Le quieren quitar derecho a la sociedad. — Ante el mal escenario, Octavio se hace cargo de lugar como delegado y redobla la apuesta: “Sabemos de pelear, de luchar y de insistir”.
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