SOCIEDAD
Los que no pueden acceder a una vivienda digna
Según el informe del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de 2023, hay 38.000 personas que viven en condiciones de precariedad y hacinamiento en hoteles y pensiones. La mayoría de estos establecimientos están ubicados en el barrio de Constitución.
En la Ciudad de Buenos Aires se ven individuos aislados y también grupos de familiares que duermen en plena calle mientras muchos otros caminan a su lado, indiferentes, rumbo a sus hogares. Entre esos dos extremos se encuentran quienes viven en hoteles y pensiones, cuyas fachadas están disimuladas entre los edificios antiguos de la zona sur.
La licenciada en Trabajo social y doctora en Ciencias Sociales (UBA), María de la Paz Toscani dice que el empobrecimiento de la clase media hizo que familias enteras llegaran a estos lugares, antes habitados generalmente por hombres solteros. El mercado de alquileres formales les exige demostración de ingresos que tripliquen el monto de la mensualidad, garantías propietarias, meses de depósito, pagos adelantados y abonar impuestos y servicios. Cumplir con estos requisitos es algo que hoy día no está al alcance de cualquier trabajador.
Algunos de los habitantes de las pensiones más precarias alternan entre ellas y la calle. Cuando alguna changa (trapito, arregla tutti o seguridad) les permite disponer de unos pesos pueden reunir sus pocas pertenencias y dormir bajo techo. Cuando no logran seguir pagando vuelven a la vía pública. La especialista opina que, en este contexto político local y nacional, no se avizora ninguna solución, dado las consideraciones que continúa exponiendo.
La morada familiar no se percibe como un derecho en el mismo nivel que la salud y la educación. “Está mercantilizada”, dice Toscani y amplía: “No se piensa en fomentar la vivienda pública, sino que más bien nos encontramos en un momento social en el que prima el individualismo, bajo la premisa de que cada quien tiene que resolver su situación”.
Créditos: Página 12
Ante esta situación los sectores populares se adecúan a otras formas de habitar la ciudad. Al igual que lo que sucede con la gente que duermen en los cajeros de los bancos y otros refugios improvisados, puede que algo les haya salido mal a aquellos que viven en hoteles pensión, ubicados en una zona poco amigable para el imaginario popular. Quizás ellos mismos se culpabilizen, pero puede que no sea así.
En el informe titulado “Habitar en un hotel pensión en Constitución”, Toscani expresa que los inquilinos poseen orígenes diversos: oriundos de CABA o del conurbano que llegaron a vivir allí luego de transitar una crisis económica o laboral, clase media empobrecida a partir de los hechos del 2001, gente del interior y de países limítrofes que arriba en busca de oportunidades laborales, y también una camada más reciente de ciudadanos provenientes de República Dominicana, Senegal y Haití.
También informa que, aunque históricamente fue más común la presencia de hombres solos, hace varios años que se advierte un aumento en la cantidad de mujeres y familias. A su vez, el relevamiento de hoteles familiares de la Ciudad del Ministerio Público de la Defensa que data del año 2023, si bien no aporta cifras precisas, destaca que Constitución alberga en sus hoteles a personas migrantes y travestis. Al respecto, la licenciada agrega que “prostitutas y transexuales que ejercían la prostitución durante la pandemia” no pudieron realizar su trabajo y, en muchos casos, fueron echados de sus alojamientos por no poder pagarlos.
En la calle Rincón 1380 funciona el Hotel Bariloche. Tiene 25 habitaciones en las que se alojan familias con hijos, personas solas y parejas. Rocío Giménez reside allí desde hace dos años y ocupa una pieza con baño privado junto a su hijo de ocho años. Ella tiene 28 y está separada del padre del chico, que vive en San Justo, es recolector de residuos y aporta regularmente la cuota alimentaria.
Rocío vivía antes en Moreno, Provincia de Buenos Aires. Se radicó en la Ciudad por motivos de trabajo. La casa de Moreno la compartía con hermanos, por lo cual no recibe por ella ninguna renta, pero ahorra tiempo y dinero porque dejó atrás largos viajes diarios.
La joven no quiere quedarse. Aspira a una vivienda mejor, a la que no puede acceder todavía. Realiza tareas domésticas, pero ahora está esperando que le salga un trabajo en la fábrica de alfajores Fantoche, con lo cual sus ingresos y posibilidades aumentarían. Cursó un profesorado de Educación Física.
Se expresa con soltura. Si bien no es su caso, dice que “no todos desean irse” y cuenta que “hay alojada gente mayor” que podría vivir en algún geriátrico o residencia para adultos, pero “prefiere la libertad de movimientos” que allí tiene.
Otros residen en el hotel desde hace más de ocho años. No están “de paso”, como ella. Comparte que la convivencia “se le hace difícil” porque todos vienen de diferentes lugares, en diferentes condiciones de educación y “pasa de todo”. Ella está poco, pero dice que es “un desastre”.
Más allá de los choques habituales, todos son trabajadores. Las mujeres se desempeñan como empleadas domésticas y los hombres que conoce son porteros de escuela, operarios de empresas de fumigación y taxistas. Las condiciones edilicias no son buenas, de hecho el establecimiento estuvo clausurado y muestra la faja pegada a la pared.
En el Bariloche, hay agua caliente y gas natural. La cocina es compartida, y los baños también. Los hay privados, con un precio superior. La escuela pública contiene a su hijo cuando ella sale a trabajar y, además, le brinda comedor, clases de natación y cursos varios.
Respecto de subsidios sabe que existen. De hecho, tiene la tarjeta “Ciudadanía Porteña”, que le otorga créditos para la compra de alimentos, artículos de limpieza, higiene y útiles escolares. Rocío sabe que hay inquilinos que reciben apoyo por su situación de vulnerabilidad habitacional. Ella paga un alquiler mensual de $260.000, actualizado trimestralmente. Es casi lo que cuesta un departamento de un ambiente, pero la diferencia consiste en que no paga ni servicios ni impuestos, y tampoco le piden garantía alguna. Explica que “por eso permanece en un sitio donde no se encuentra a gusto y que la tiene en permanente estado de alerta”.
Toscani dice que, a veces, aparece alguien que exige mejoras en servicios esenciales, como el agua y la electricidad, o se niega a pagar por disconformidad, y se expone por ello a ser echado de los hoteles. “Los encargados no acuden a los sistemas legales sino que le pagan a la policía, con la que sostienen este tipo de arreglos”, sostiene.
Osvaldo Carballo, encargado desde hace dos años del Hotel Familiar Roxy, ubicado en Combate de Los Pozos entre Humberto I° y Carlos Calvo, accede a brindar alguna información, pero no quiere ser grabado, para evitarse problemas. Dice que en 23 habitaciones viven unas 40 personas. Entre ellas existen tanto inquilinos estables como temporarios. De los permanentes, hay porteños que “decidieron independizarse de padres o parejas”. También viene gente del interior del país.
En cuanto a edades, son todos mayores, ya que no se permiten niños. Dentro de ese abanico se encuentran desde “matrimonios jóvenes hasta jubilados”. Una pieza para dos personas con baño privado cuesta $380.000 por mes. Si el baño es compartido, $340.000. Si se tratara de un solo ocupante el precio no varía, por eso la mayoría son parejas.
Para los pasajeros, los precios por día son de $25.000 con baño privado y de $20.000 con baño compartido. No se firman contratos, no se cobra ni luz ni gas ni impuestos. Además, comparte que “no hay costos extras, tampoco hay recibos”, se anota el número de documento del cliente, éste paga e ingresa. Se comparte la cocina, el agua caliente es central y hay gas natural.
El lugar se ve prolijo y cuidado. Los montos que se piden son parecidos a los de alquiler de un departamento, pero no se solicita garantía ni depósito ni ningún otro ítem más que el alquiler mensual. La convivencia, según Osvaldo, es “normal”. Durante el día queda poca gente porque salen a trabajar. A los aspirantes a ingresar “los semblantea”, y si los percibe conflictivos los rechaza. No entran visitantes sin permiso. Hay cámaras de seguridad que se revisan regularmente.
Las llaves para el ingreso son magnetizadas. Hay un cartel que explicita que “quien las pierde debe pagar $10.000 para su reposición”. Respecto de si quienes habitan allí están conformes o se quisieran ir a una vivienda individual, el encargado expresa que no habla demasiado con los inquilinos, no es de preguntar, pero se da cuenta de que son conscientes de que esto es lo mejor posible para ellos.
La socióloga Juliana Marcus en su Trabajo Académico denominado “Del Conventillo a los hoteles-pensión”, promovido por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires expresa que “al tener la condición legal de hoteles”, los habitantes de estos establecimientos no son considerados inquilinos sino “pasajeros o huéspedes”. Es decir, habitantes temporales que, por lo tanto, no pueden acogerse a la protección de las leyes de alquileres, y sobre ellos el hotelero puede ejercer el derecho de admisión y desalojo.
La Constitución, reformada en 1994 con la incorporación de Pactos Internacionales, cita el derecho a la vivienda, pero en los hechos esto no se cumple. No hay inmuebles estatales dispuestos para vivienda social. Y dice al respecto: “No hay privacidad para las familias que conviven en esos espacios. Ir al baño ya suele ser difícil para sólo dos o tres personas de un mismo grupo, y esto hay que multiplicarlo por la cantidad de habitantes que lo comparten”.
“Se originan conflictos, lo cual tiene mucho que ver con las características de este tipo de obligada convivencia. Para funcionar con la liberalidad con la cual lo hacen, salteando las leyes que regulan los alquileres de vivienda y los procedimientos judiciales pertinentes deberían, como hoteles, ofrecer mínimamente servicio de ropa de cama y limpieza en las habitaciones”, elabora la especialista.
La permanencia del mercado de alquiler de piezas a lo largo de más de un siglo se explica por la rentabilidad que otorga a propietarios de inmuebles obsoletos, pero bien situados. El rentar las habitaciones por separado a una demanda constante, integrada por un grupo social de bajos recursos económicos que no tiene posibilidad de acceso a una vivienda diferente es beneficioso.
Créditos: El Grito del Sur
La encargada del Hotel Familiar del Sur, ubicado en una planta alta de Humberto 1° y Solís no acepta entrevistas. Sale de allí Abigail Demirci, una joven que dobla la esquina y camina por Solís en dirección a Carlos Calvo. En plena calle accede a responder algunas preguntas. Cuenta que vive en el Del Sur con sus padres desde siempre. Tenía tres años cuando llegó y ahora supera los 20.
Vinieron desde la provincia del Chaco y se instalaron en Buenos Aires, en busca de mejores horizontes. Su papá se desempeñaba antes en tareas de seguridad, y ahora lo hace en un taller. Su madre y ella trabajan en gastronomía. Justamente, iba camino al lugar de su empleo.
Abigail no tiene subsidios. Ni siquiera sabe de su existencia. En el hotel, la mayoría de sus habitantes residen de manera permanente. Muy pocos son los que están de paso. Suelen ser gendarmes o estudiantes. Sobre si los inquilinos se encuentran a gusto expresa que “la mayoría sí”, porque no tienen que pagar ni luz ni gas ni impuestos, ni cumplir con los requisitos que piden las inmobiliarias para ingresar a una vivienda individual.
Sin embargo, no deja de reconocer que ese alivio económico tiene un costo: su familia, por ejemplo, no dispone de un baño exclusivo sino que lo debe compartir con otras. Tanto es así que ahora, muchos años después, están pensando en mudarse para tener más privacidad. El precio de la locación no sería mucho mayor al que abonan, pero sostener el pago de la mensualidad y ahorrar el dinero necesario para el ingreso a una locación convencional se torna complicado.
Sobre la convivencia dice que sus padres y ella “están poco”, prácticamente sólo van a dormir aún así “hay problemas, porque el compartir baños y cocina genera rispideces”. Se producen discusiones por algunas conductas, o la falta de ellas, en temas inherentes al mantenimiento del orden y la limpieza. “Las protestas a los gritos se han naturalizado. No hay conciencia de vecindad. Rara vez intervienen los encargados, pese a que sería parte de sus funciones”, comparte.
El hotel cuenta con dos pisos y un total de aproximadamente 50 habitaciones, donde conviven alrededor de 150 personas. La mayoría de ellas son nativas de la ciudad. También hay provincianos y algunos extranjeros, especialmente venezolanos. A la gente mayor no le queda más alternativa que subir largas escaleras, porque ascensor no hay.
Respecto de espacios de relajación, esparcimiento o comunicación, sólo existe un patio-pasillo al cual dan las habitaciones. Pero nadie se instala ni transita por él, salvo para ir a tender o buscar ropa en la terraza. Hay agua caliente y gas natural. Las partes comunes son higienizadas por las o los encargados de turno, aunque no con demasiada regularidad. Se come en los cuartos y la cocina se utiliza sólo para cocinar, describe.
La licenciada Toscani es autora de varios trabajos sobre el funcionamiento de los hoteles-pensión ubicados en la Comuna 1 de CABA. Desarrolla su labor en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), dependiente del CONICET, ubicado en el Barrio de Once. Antes que en los hoteles se había interesado en los conventillos, una forma de convivencia habitacional que resuena como “típicamente porteña” y que, comparada con la de los hoteles y pensiones, presenta mayor estabilidad, debido a la menor rotación de habitantes.
Cuando comenzó a ingresar a los hoteles advirtió que muchos funcionaban de manera súper ilegal, “manejados por mafias que se apoderaban de los inmuebles”. A veces, el vínculo es tan poco claro respecto de quién es el locador que el alquiler no se le abona al verdadero dueño sino a quien detenta el poder de aceptar o echar a los inquilinos. “La violencia latente a veces cobra víctimas”, dice la experta y agrega: “Conocí a una mujer que vivía con su hijo en un hotel de la zona, en el que se vendía droga. El muchacho intervino para que el narco fuera echado y en represalía lo asesinaron en plena calle”.
No obstante, dice que a veces se producen “acciones solidarias”. Recuerda el intento de desalojo de una familia compuesta por una mamá con dos hijas, que vivían en un sótano. Cuando la madre salió rumbo a una farmacia para comprar medicación destinada a una de las criaturas que estaba enferma, la dueña del hotel sacó a la calle a las niñas de 7 y 4 años. Se le debían alquileres. Pero los vecinos no permitieron ese desalojo. Llamaron a la Defensoría e intervino el Ministerio Público Tutelar porque había menores y la familia volvió a ingresar.
El subsuelo que alquilaban ni siquiera era apto para que funcionara allí una vivienda. En el transcurso de su actividad descubrió que había piezas que eran de 2 x 2 metros. Se acuerda, muy patente, de una nena que le dijo: “Vení, pasá, ésta es mi casa”. Y era un reducto muy estrecho, sin ventanas, con dos camas. No había espacio para más. Así y todo parecía feliz de estar recibiendo a alguien.
*Estudiantes de la carrera de Periodismo.
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