El cierre de la Agencia de Noticias Télam, la intervención de la TV pública, la eliminación de la pauta publicitaria, las críticas y censuras a periodistas, y la inaccesibilidad para encontrar información en la nueva gestión son los principales riesgos que actualmente presenta la libertad de expresión.
La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional de Argentina. Sin embargo, en el último tiempo, han habido numerosos casos de amenazas, intimidaciones y ataques contra periodistas y medios de comunicación que han puesto en tela de juicio el pleno ejercicio de esta libertad en el país.
Con el objetivo de conocer si hubo aumento en las solicitudes de acceso a la información desde el recambio gubernamental, este medio se contactó con la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) que evadió la pregunta, pero admitió haber fortalecido el sector con nuevas resoluciones, fruto del trabajo realizado durante la gestión anterior.
“La Agencia ha implementado una serie de cambios significativos en los procedimientos para solicitar y acceder a información pública a través de tres nuevas resoluciones”, aclaró la institución vía correo electrónico.
En estos cuatro meses de nueva gestión gubernamental se incorporaron las siguientes resoluciones: 76/2024 que defiende perfiles, funciones y deberes para una mejor coordinación y capacidad de respuesta ciudadana, 77/2024 que presenta herramientas claves para el cumplimiento la Transparencia Activa y Proactiva, y 80/2024 que reglamenta la gestión de reclamos.
Estos cambios no modifican el marco jurídico existente en materia de acceso a la información y políticas de transparencia. No obstante, fortalecen los mecanismos para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas.
Para la Agencia, las nuevas medidas buscan estandarizar criterios de publicación, mejorar la disponibilidad y calidad de la información, y facilitar el acceso ciudadano a información veraz, confiable, oportuna y comprensible.
“Lideramos un proceso de evaluación metodológica del índice de Transparencia, con aportes de Organizaciones de la Sociedad Civil y sujetos obligados, para desarrollar estas herramientas”, especificaron.
Si bien el marco jurídico en materia de acceso a la información y políticas de transparencia “sigue siendo el mismo”, las agresiones verbales y el discurso estigmatizante por parte del Ejecutivo contra periodistas y medios de comunicación se ha intensificado de una manera alarmante.
Así lo revela el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino). Los datos son contundentes: 4 de cada 10 agresiones registradas tuvieron su origen en el propio jefe de Estado o en sus ministros. En el último mes, del total de 17 casos, 13 provinieron de actores estatales, representando el 76,47%.
El presidente protagonizó el 53% de esos ataques, todos mediante un discurso agraviante. Asimismo, se registraron casos de censura directa en el canal Diputados TV. El Círculo de Periodistas Parlamentarios del Honorable Congreso de la Nación expresaron “su fuerte preocupación por actos que limitan la libertad de expresión en la señal”.
Desde FOPEA advierten que el periodismo profesional es indispensable para el debate público y que los funcionarios, especialmente el Presidente, no pueden enmarcar sus dichos únicamente como libertad de expresión individual cuando representan la postura del Estado frente a la ciudadanía.
Por otro lado, el lunes 22 de abril, la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de la Secretaría de la Presidencia de la Nación aprobó la Disposición 4/2024 estableciendo los “Lineamientos y generalidades para la acreditación y función periodística en la Casa de Gobierno”. El documento establece solo 25 periodistas acreditados para asistir a conferencias o cubrir eventos.
Matías Ferrari, periodista de Página 12 y El Grito del Sur, expresó su preocupación: “La acreditación la vengo solicitando desde diciembre del año pasado y me habían dicho que en marzo se ordenaban administrativamente. Hoy, fines de abril, nos enteramos que no permiten más de 25 periodistas. Por cómo vienen las cosas, sospecho que no obtendré el permiso de acceso”.
La agresividad de Milei contra los trabajadores de prensa
Desde el cambio de Gobierno, el trabajo periodístico y el acceso a la información o a entrevistas con fuentes oficiales se han visto obstaculizados por la política de silencio impuesta por la presidencia, que no permite al cuerpo estatal emitir comentarios.
Ferrari relató: “El viaje del presidente a Ushuaia para encontrarse con la Generala Richardson no estaba anunciado, se confirmó de un momento para el otro y el avión salió a las cinco de la tarde. Quienes no componen el radar oficial del Estado tienen problemas al conseguir información. Tuve que cubrir ese evento con fuentes de personas de Ushuaia. Nosotros esperamos algún tipo de información oficial que prácticamente no hubo”.
Para poder continuar con su labor informativa, Ferrari chequeó hasta fuentes del gobierno anterior relacionadas a política exterior y defensa, ejes de los anuncios que brindaría presidencia. “Salvo la conferencia de Milei a las 12 de la noche no teníamos información, no sabíamos el horario de inicio ni de cierre, ni lo que iba a decir.
Al cumplirse un mes de la nueva gestión, el periodista presentó una solicitud de Acceso a la Información al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Capital Humano sobre la medida “el que corta, no cobra”, anunciada por el presidente. El periodista quería saber los métodos para identificar a las personas que supuestamente no merecían ayuda estatal por cortar una calle. “Les pregunté a cuántas personas habían dado de baja por ese motivo y la respuesta fue negativa en ambos casos”, lamentó Ferrari, recordando los años que lleva realizando este procedimiento con resultados positivos.
Asimismo, enfrentó dificultades para obtener información pública del gobierno provincial, nacional o de la Ciudad. “Esta es la primera vez que las respuestas consisten en una cháchara de 34 páginas en las que te dicen no con mil artilugios y burocracia posible”, confesó.
“Los insultos, las descalificaciones, las ganas de que quiebren las empresas de medios, lo del Presidente es un desprecio absoluto por la libertad de prensa y el oficio del periodismo”, señaló Ferrari.
En ese eje, el 4 de marzo pasado la agencia de noticias estatal, Télam, amaneció con su redacción vallada por la policía, su sitio web y archivo caídos y sus trabajadores recibieron una comunicación oficial que los dispensaba de realizar sus actividades. Fue una crónica anunciada ya que durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la Nación, Javier Milei, había anunciado el cierre de la agencia pública que llevaba casi 8 años de trayectoria ininterrumpida.
El Secretario General de SiPreBa, Agustín Lecchi apuntó contra el actual gobierno por el cierre de la agencia: “Télam es el corazón del sistema de medios en nuestro país, por lo tanto, hoy no está en funcionamiento por una decisión totalmente arbitraria injustificada del presidente de la Nación”, en conversación con este medio.
La medida obligatoria no solamente es un problema para los trabajadores, sino que afecta directamente a la población que no puede acceder a la amplia agenda informativa que manejaba la Agencia.
“Esta situación perjudica desde los grandes medios de comunicación privados que tomaban los cables de Télam hasta los medios más chicos de distintas localidades de nuestro país”, confesó Lecchi en relación a los más de 800 suscriptores, las decenas de miles de usuarios diarios del portal y sus corresponsalías.
“Nos preocupa mucho el derecho a la información el hecho de que Télam no esté en funcionamiento”, lamentó el Secretario General de SiPreBa y explicó que actualmente entre sus compañeros armaron un portal llamado Somos Télam que sostienen, en muchas oportunidades, desde los acampes que sostienen los trabajadores hace más de cincuenta días. “Hay que garantizar su tarea profesional y el acceso a la información”, concluyó Lecchi.
*Estudiante de la carrera de Periodismo.
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